Los ministerios de Trabajo, Economía y Defensa elaboraron un listado con 102 empresas estratégicas, cuyos trabajadores no tendrán derecho a huelga por dos años, hasta julio de 2019.
El reporte se ha hecho público este martes e incluye a compañías de distintos sectores: sanitario, distribución eléctrica, terminales de regasificación, transporte de gas natural, puertos (Arica, Iquique, Antofagasta), empresas de diálisis y el Banco Central.
De acuerdo al artículo 362 del Código del Trabajo, que trata sobre la determinación de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga, «no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional».
La calificación de una empresa estratégica se realiza cada dos años, dentro del mes de julio, previa solicitud que pude ser presentada hasta el 31 de mayo. Sin embargo, la resolución también puede ser reclamada ante la Corte de Apelaciones, asunto que deberán discutir los sindicatos afectos a la normativa.
El Ciudadano conversó con los presidentes de los sindicatos Nº1 de Aguas Andinas y del Banco Central, ambos pertenecientes a empresas incluidas en el listado difundido por el Gobierno, que en conjunto representan a cerca de mil trabajadores.
Aguas agitadas
«Estamos súper molestos», afirma René Escobar, presidente del Sindicato Nº1 de Aguas Andinas, al ser consultado respecto de la resolución elaborada por las carteras de Economía, Defensa y Trabajo.
«Le mandamos una carta a los tres ministerios, además le presentamos un informe de servicios mínimos al presidente del directorio –Guillermo Pickering– sobre esto mismo, para decirle que nosotros podíamos tener derecho a huelga, garantizando los servicios mínimos. Aparentemente, eso no fue escuchado», agrega el dirigente.
Según explica el presidente de la agrupación que representa a cerca de 400 trabajadores, «la empresa podría estar sin el servicio básico, que es el agua, y el tratamiento de aguas servidas, pero nosotros presentamos los servicios mínimos garantizando la producción y distribución de agua y el tratamiento de aguas servidas para que podamos tener derecho a huelga. Era un equipo de unas 150 personas».
René Escobar considera que la restricción al derecho a huelga, producto de la nómina de compañías estratégicas, reducirá el poder de negociación de los sindicatos. «Ellos (directivos de la empresa) nos pueden decir que no hasta el final y llegamos a un arbitraje y ahí no lograremos nada. La huelga es un derecho de los trabajadores y un instrumento de presión», comenta.
Además, sostiene que producto del listado se puede generar una mayor judicialización de las relaciones laborales. Si bien cree «difícil revertir la situación», no descarta levantar una acción en tribunales junto a los otros sindicatos de Aguas Andinas, considerando que la próxima negociación colectiva está fijada para junio de 2018.
«Yo creo que vamos acudir a la justicia. Estamos preparando un informe en derecho para hacer la presentación», precisó a El Ciudadano.
Sin sorpresas en el Central
Desde el Sindicato de Trabajadores del Banco Central (BC) también miran con atención el listado, aun cuando sus negociaciones tienden a evitar un desenlace que implique el desarrollo de una huelga.
«No me sorprende. Significa trabajar de la misma manera como veníamos haciéndolo hace años atrás, ya que el Banco históricamente ha sido empresa estratégica. Igual teníamos cierto dejo de esperanza en que fuera distinto», afirma Patricio Venegas, presidente del sindicato único que reúne a 543 trabajadores del ente emisor, lo que equivale al 92% del total de funcionarios.
«Viendo el tema económico y que el Banco regula la economía del país, se justifica (la resolución). Pero que tenga que estar trabajando el 100% de los trabajadores, no sé si es tan así. Nosotros lo planteamos dentro de la carta en la que solicitábamos que no fuera empresa estratégica», sostiene el dirigente.
¿Acudirán a la justicia para impugnar la resolución? «Hasta el momento estamos revisando cuál es el siguiente paso a seguir», responde Venegas, sin embargo, insiste en la práctica usual dentro del Banco Central.
«Como históricamente el BC ha sido empresa estratégica, las directivas lo teníamos claro y siempre tuvimos que plantear la negociación desde ese punto de vista. Si no acudimos a la justicia, vamos a seguir trabajando de la misma manera», señala.
En este sentido, entrega detalles acerca del modo como conducen los procesos de negociación colectiva. «Generalmente, en las negociaciones se ve por un tema económico, dentro de los balances que se nos entregan. En ese caso, el Banco siempre entrega los balances y lo que se solicite para poder armar el plan de negociación. Hay que tener claro cómo plantear y presentar cada punto, teniendo presente cómo puede ser la respuesta del Banco», expone el presidente del sindicato, cuya próxima negociación tendrá lugar en 2018.
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