A inicios del mes de septiembre del presente año, 150 comunidades y organizaciones sociales a lo largo del territorio, fueron notificadas de que sus solicitudes de concesión radiofónica de mínima cobertura, presentadas entre 2005 y 2009, quedaban sin efecto, por arbitrio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), organismo sobre el cual recae en Chile la administración del espectro radioeléctrico.
En los últimos días, el gobierno de Sebastián Piñera, cuya desaprobación es histórica, ha enviado al Parlamento una ley con la cual pretende poner freno a la legítima movilización social, que tiene a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto, demandando el fin de un sistema que solo favorece a quienes, con el auspicio del Estado, amasan sus riquezas lucrando con lo que debiera constituir el derecho de los pueblos y de l@s ciudadan@s, la salud, el agua, la educación, etc.
En el primer caso, la Subtel, no solo da muestras de la ineficiencia para resolver concursos abiertos por el mismo ente que los clausura, sino que vuelve a relevar las enormes inequidades, que como en otras esferas de la sociedad chilena, se produce en la distribución del espectro radioeléctrico en el país, agravado por la retardada aplicación de la ley de radiodifusión comunitaria que mantiene la discriminación y la penalización del ejercicio del derecho a la comunicación y a la libre expresión.
En el punto segundo, el proyecto de ley incorpora un acápite que otorga a las Fuerzas de Orden y Seguridad la facultad de “solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal”, lo cual constituye una seria intromisión en el ejercicio comunicacional, forzando por un lado el “soplonaje” de los medios de prensa y por otro una incitación a la autocensura de los comunicadores, quienes se podrían ver inhibidos de ejercer registro de las acciones reivindicativas de los pueblos para su posterior difusión y potenciación, ya sea por no verse forzado a entregar imágenes, ya por el riesgo de ser motejado de infiltrado por quienes participan de la protesta social, con el consiguiente peligro para su integridad.
En ambos casos, como Red de Medios de los Pueblos, no podemos sino persistir en el ejercicio de la desobediencia civil y la acción permanente para develar los afanes antidemocráticos del poder.
Contra la represión, la exclusión y la censura, promovemos la libertad de antena y la emergencia de más y mejores plataformas y medios para los pueblos.
Condenamos la persistencia del Articulo 36 B que penaliza la emisión sin licencia y toda maniobra que ponga en riesgo el ejercicio de las y los comunicadores en la cobertura de las movilizaciones sociales. Finalmente, insistimos en el desafío ético de poner en circulación los relatos populares omitidos o tergiversados desde los medios del poder.