Conflictiva Tozudez

La responsabilidad de mantener el orden público es del gobierno y el actual lo logra cada vez menos. No porque reprime poco sino por todo lo contrario. La persistencia de las manifestaciones se debe exclusivamente a la conflictiva tozudez ideológica del gobierno. Simplemente no escucha las justas y razonables demandas de la comunidad educacional y la ciudadanía e insiste en el camino fracasado de la privatización de la educación. El presupuesto de educación enviado al parlamento así lo demuestra. Como han denunciado los estudiantes al retirarse de la mesa de diálogo, insiste exactamente en la fórmula del Gran Acuerdo Nacional de Educación o GANE, autoproclamado a duo hace varios meses por el Presidente y su ex ministro Lavín y rechazado de inmediato por todo el resto del país.

Cientos de miles de estudiantes vienen manifestando con tod claridad en las calles lo que quieren. Alegremente, con bromas y bailes que encantan al mundo y desesperan a los frenéticos pues, como dice Michael Moore, «un movimiento tan grande es capaz de bancarse una buena cantidad de idiotas.» Por 37ava vez consecutiva a lo largo de los últimos cinco meses le han dicho al gobierno que quieren frenar la privatización y avanzar en la reconstrucción del sistema de educación pública. Sus planteamientos son apoyados por más del 80 por ciento de la ciudadanía, que lo manifiesta una y otra vez en las encuestas de opinión y también de forma más directa tocando cacerolas. Ojalá que no tenga que pasar a mayores.

La sordera del gobierno ha llevado las cosas a un atolladero. Parece increíble, puesto que no resulta complicado atender en lo fundamental las demandas estudiantiles, al menos en lo referente al presupuesto. Basta con trasladar los ingentes recursos destinados al repudiado Crédito con Aval del Estado (CAE) para atender las demandas de financiamiento basal de las universidades públicas, becas y Crédito Solidario.

Sin embargo, el parlamento no puede hacer nada al respecto. No puede cambiar una coma del presupuesto. Por cierto le está vedado agregar nada que signifique gasto adicional. Pero tampoco rebajar unas partidas para financiar otras. Solo le queda rechazar o rebajar a un peso el presupuesto de educación superior, tal como hizo antes con el Transantiago. A ver si el gobierno entra en razón. Al parecer para allá van los tiros.

El presupuesto 2012 incrementa la partida destinada a educación en un 7,2 por ciento real, según el Informe de Finanzas Públicas del Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2012 de la Dirección de Presupuestos, DIPRES. Ello es muy inferior al aumento del presupuesto de educación en los años recientes, como ha mostrado un artículo del economista Orlando Caputo en www.g80.cl. Es asimismo menos que lo prometido por el propio Ministro de Hacienda, que hace pocas semanas declaró que este gobierno va a incrementar el presupuesto de educación en 9 por ciento anual en promedio hasta el 2014.

Ello se enmarca en un presupuesto contractivo, puesto que reduce el incremento del gasto público a sólo 5 por ciento, que es menos de la mitad del aumento en 2011 y 2010 y menos de la tercera parte del fuerte incremento del 2009. Seguramente será un presupuesto de corta vida, igual que el aprobado en diciembre del 2008 que fue suplementado en más de 4.000 millones en febrero del 2009. Nuevamente, la economía mundial se está desacelerando bruscamente y la chilena también. Casi con certeza será necesario aumentar fuertemente el gasto fiscal para evitar una depresión. Pero esa será la discusión de principios del 2012.

Por ahora, resulta indispensable modificar el presupuesto de educación superior. Allí radica la clave para descomprimir el conflicto estudiantil. Tal como fue enviado, insiste en financiar la educación superior mediante abusivos cobros a los estudiantes, financiados en parte mediante «ayudas,» la mayor parte de las cuales toman la forma de Crédito con Aval del Estado (CAE), que los hace aún más intolerables.

Los únicos que ganan con este mecanismo son los bancos intermediarios, que cobran escandalosas comisiones y las instituciones de educación privadas, que se quedan con el 77 por ciento de estos recursos. Solo tres de ellas, los grupos Santo Tomás, Laureate e INACAP, todas con fines de lucro, se quedan con la mitad de los recursos del CAE. En cambio, las universidades del Consejo de Rectores, CRUCH, que concentran la mayor parte de los académicos a jornada completa y aquellos con grado de doctor y casi toda las publicaciones científicas, solo perciben un 13 por ciento de los recursos del CAE y ven congelado su aporte fiscal.

Sin embargo, el presupuesto de educación superior se incrementa en cerca de un 10 por ciento, lo que no es poco. Ello se puede apreciar en el Cuadro 3 adjunto, preparado por CENDA en base a información de la Universidad de Valparaíso, DIPRES y el Banco Central.

Por lo tanto, una modificación de las partidas del presupuesto de educación superior puede mejorarlo sustancialmente, aun sin incrementar su monto total. La principal partida del presupuesto destinado a educación superior es, de lejos, aquella destinada al CAE. Como se aprecia en el Cuadro 2 adjunto, esta partida representa nada menos que el 30 por ciento del presupuesto total del 2012 destinado a educación superior; una cifra del orden de los quinientos millones de dólares.

El CAE debe lisa y llanamente terminarse. Al mismo tiempo y en paralelo, el gobierno debería proceder a condonar los CAE que ha venido comprando el Estado a lo largo de los últimos años y que equivalen a más del 40 por ciento del total colocados. Ello no representa desembolso adicional, sino simplemente sincerar una situación: esos papeles no valen nada porque la tasa de morosidad llega a 54 por ciento en el caso de INACAP, por ejemplo.

Los fondos asignados al CAE pueden redestinarse hacia aporte fiscal directo a las universidades públicas, becas y crédito solidario. Ello permitiría a estas instituciones rebajar significativamente los cobros por aranceles y matrículas y al mismo tiempo garantizar que los estudiantes de menores ingresos tengan como financiarlos. Adicionalmente, se pueden redestinar a estas mismas partidas el denominado Fondode Educación Superior, que no tiene asignación clara. Conjuntamente con aquella destinada al CAE, estas partidas suman más de un tercio del presupuesto de educación superior.

Lo más importante es aumentar los aporte basales a las universidades públicas, como ha venido exigiendo desde hace tiempo el Rector de la Universidad de Chile, apoyado por un informe de la propia OCDE. Como ha dicho el Rector de la Universidad Católica en un artículo publicado en El Mercurio del 24 de septiembre del 2011, la clave para resolver el problema es incrementar estos aportes y al mismo tiempo reducir sustancialmente los cobros a los estudiantes, que ni siquiera en los insostenibles niveles actuales alcanzan para financiar un tercio de los ingresos de las universidades de verdad. Es decir, aquellas que realizan investigación, docencia y extensión y cuentan con académicos de excelencia a jornada completa.

Al revés, el presupuesto 2012 congela el grueso de estos aportes, que adopta la forma de Aporte Fiscal Directo (AFD). Como se aprecia en los Cuadros adjuntos, el AFI se congela el el mismo monto del 2011, que a su vez es similar al de los años precedentes. Junto al Aporte Fiscal Indirecto (AFI), el AFD ha pasado de un 75 por ciento del presupuesto de educación superior en 1990 a solo 21 por ciento el 2012, como se muestra en el Cuadro 2. Expresado como proporción del Producto Interno Bruto, el AFD y AFI se han reducido de 0,31 por ciento a 0,15 por ciento el 2011; es decir, se ha reducido a la mitad, como se muestra en el Cuadro 4.

El AFD beneficia principalmente a las universidades estatales y en general a las del CRUCH. Por este motivo, el aporte exclusivo a estas universidades se ha reducido de un 82 por ciento del presupuesto de educación superior en 1990, a menos de un 48 por ciento del presupuesto 2011. Al revés, el aporte abierto tanto a las universidades del CRUCH como a todas las instituciones privadas ha pasado de un 18 por ciento del presupuesto de educación superior en 1990, a poco menos de un 48 por ciento del presupuesto 2012, como se aprecia en el Cuadro 2.

En resumen, no se trata principalmente de un asunto de platas sino en que se gastan. Una reorientación de algunas de las partidas del presupuesto, principalmente aquella destinada al CAE, hacia aportes basales a las universidades públicas, becas y Crédito Solidario, permitiría mostrar al movimiento estudiantil, a los rectores y académicos y al país entero, que el gobierno es capaz de escuchar.

¡Sería un cambio bienvenido!

Por Manuel Riesco