Violencia injustificada, política gubernamental

Los hechos de represión y violencia cometidos en la jornada del 6 de octubre indignaron a dirigentes sociales que rechazan rotundamente el proyecto de ley que legitimará dichos actos.

No sólo en las calles, se efectuaron actos de agresión social. En el Congreso, el diputado Enrique Estay (UDI) habría provocado el aborto de la funcionaria Mildred Mella, quien junto a parlamentarios de la Concertación, izaba por el edificio una bandera en apoyo a las movilizaciones estudiantiles.

La exigencia de mejorar estructuralmente la educación ha sacado a la calle a toda la ciudadanía y a diferentes organizaciones sociales, quienes recibieron la represión de la fuerza policial. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo que la actitud de la derecha política permite lo “violento y aprensivo en todo el país, desde la Cámara Diputados hasta las calles”.

A la dirigenta le preocupa que comience a aplicarse el terrorismo de Estado “sin pudor” en el país, ya que la autoridad “justifica el maltrato a los manifestantes por parte de Carabineros”.

La jornada del 6 de octubre terminó con 132 detenidos, que en su mayoría salen durante la tarde porque ninguna prueba los retiene y deja como delincuentes. Para el diputado Gustavo Hasbún (UDI) eso sería una ineficacia de los tribunales. «Creemos que a los violentistas hay que aplicarles el máximo rigor de la ley. Planteamos nuestra actitud acerca de lo que ha significado y significa que los jueces de garantía no estén haciendo su pega, que muchas veces estén actuando con cierto grado de desidia», dijo el diputado a Cooperativa. Bárbara Figueroa, representante Colegio de Profesores, que vivió en carne propia la “brutal represión” denunció que con el resto de los dirigentes estaban en la vereda con un lienzo manifestándose sin pisar la calle y fueron mojados con el guanaco. Quienes recibieron los chorros quedaron con lesiones y uno de los sindicalistas quedó con dos costillas fracturadas.

Figueroa alegó que esta situación se da porque la administración estatal pone a las instituciones empresariales por sobre la población. “Hoy, el Gobierno con la represión y las nuevas leyes defiende al mundo del empresariado, un mundo comprometido con el modelo neoliberal, y no con la mayoría”, comentó la dirigenta.

Ayer, 7 de octubre, parlamentarios del PPD, Rodrigo González, Cristina Girardi, entre otros, se reunieron con el general director de Carabineros, Gustavo González, a quien le plantearon la preocupación por la “fuerza excesiva” que los efectivos de la institución ejercen durante las manifestaciones sociales, y le solicitaron crear un protocolo “para que exista en éstos una forma de actuar”.

Para la ex vocera de Gobierno y actual miembro de la Comisión de Educación del Senado, Ena von Baer (UDI), lo sucedido tiene que ver directamente con los dirigentes que tildó de obstinados.

De hecho, hizo un llamado a que abandonen esa “obstinación e impidan que sigamos teniendo marchas por el centro de Santiago. Abandonen esa obstinación y permitan que los estudiantes vuelvan a clases, para poder darle un respiro a las familias de clase media y a las familias vulnerables», declaró a Cooperativa.

Para el presidente de los alumnos de la Usach (Universidad de Santiago de Chile), Camilo Ballesteros, lo ocurrido ayer “superó toda lógica, mientras el diputado Estay generó violencia física a Mildred Mella, el presidente –Sebastián Piñera– ejerce violencia enviando proyectos de ley que limitan las posibilidades de opinar en contra de las políticas de Estado”.

“El ministerio no puede pretender defender el orden público con el actuar de Carabineros en las manifestaciones pasadas”, agregó Ballesteros.

Camila Vallejo, presidenta de la Fech (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile), cree que no deben quedar impunes quienes realmente son responsables, es decir  quienes dieron las órdenes a los policías.

“El objetivo de carabineros fue reprimir a todo aquel que se reuniera en un espacio público, lo que transgrede un derecho constitucional. Lo vimos no sólo en imágenes sino que directamente en las calles donde se dio carta blanca para actuar con absoluta represión. Hasta ahora las autoridades de Gobierno, la Intendencia, el ministro del Interior o el jefe de Carabineros no han puesto ningún tipo de limitantes para ello. Más allá de la autorización no hay justificación ante los hechos que no son aislados. Hay que hacerse responsable por lo que pasó”.

En contra parte la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, describió la jornada del jueves como la de “delincuentes” encapuchados sembrando “temor” en la población. “Nuevamente liderazgos irresponsables haciendo llamados para estar por sobre la ley. Nosotros creemos que en Chile debe imperar el orden público, y en la Región Metropolitana yo siempre voy a hacer cumplir la ley por sobre aquellas personas irresponsables que pretenden estar por sobre ella”, agregó.

Carol Cariola, secretaría general de las Juventudes Comunistas cree que no se justifica el “lumpenaje”, los saqueos y destrozos en los colegio y calles, pero al hacer un balance nacional los casos son particulares. “El intento de criminalizar y penalizar el movimiento al mismo nivel de los saqueadores es una provocación”.

LEY MALDITA

Si el escenario ya está al rojo vivo hoy, muchos se preguntan qué pasará en Chile si se aprueba la Ley de Saqueo propuesta por el mandatario.

Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), quien ya pasó por una etapa en la que Chile vivió en Estado de sitio y donde los derechos humanos eran constantemente vulnerados por el Gobierno, esta ley es un “manto de impunidad vergonzosa hacia las fuerzas policiales represivas, porque estarán avaladas por la autoridad”.

Ballesteros cree que no se puede implementar este proyecto cuando la mayoría de los colegios y universidades de Chile están en toma, “el país no necesita más violencia, el Ministerio pretende defender el orden público con más terror que en las últimas manifestaciones”.

El timonel de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, dijo que el proyecto vendría a rescatar al movimiento ciudadano de los “inútiles subversivos”.

Por Estefani Carrasco Rivera

Fotos: Fotomorfosis,  Claudio Cáceres

El Ciudadano