Pacogate: Critican «secretismo» del Ministerio del Interior

Integrantes de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el fraude en Carabineros reaccionaron con molestia a la decisión del ministro del Interior, Mario Fernández, de ampararse en normas relativas a la ley de inteligencia y al Código de Justicia Militar para ocultar antecedentes solicitados por la instancia.

El hecho se conoció este lunes, previo a la exposición de los generales René Ureta (Director de Finanzas) y Roberto Cabrera (Director de Compras Públicas), ambos invitados a la sesión.

De acuerdo a un oficio enviado por el secretario de Estado, revelar al Congreso la identidad de los oficiales y civiles que han trabajado en el Escalafón de Intendencia de Carabineros desde el año 2004, los nombres y cargos de los funcionarios involucrados en la causa del Ministerio Público y la propia estructura de la Dirección de Finanzas, pondría en riesgo la seguridad nacional.

El gobierno también reservó información respecto a si Carabineros oficializó ante el Ejecutivo las propuestas en materias de inteligencia que el general director, Bruno Villalobos, habría efectuado en su condición de jefe de DIPOLCAR, tal como señaló anteriormente al explicar por qué no fue capaz de detectar el millonario desfalco a través de las herramientas que le entrega la actual normativa.

Ante esto, el presidente de la comisión, Jaime Pilowsky, señaló que «resulta inexplicable que el ministro, frente a dos preguntas por lo menos que hicimos en el oficio, haya declarado secreto lo que es la estructura orgánica no solamente de Finanzas sino que también de Carabineros».

El parlamentario dijo que particularmente respecto a esos puntos, como detalles de las funciones de los departamentos y direcciones de la institución, «uno puede saber cuál es el incumplimiento que realizaron las distintas personas que ejercieron el cargo» y «determinar las responsabilidades específicas» que existen sobre el fraude.

Por su parte, criticando el «secretismo» de Interior, el diputado Sergio Espejo calificó la respuesta como un «salvavidas de plomo para las autoridades superiores de Carabineros, porque cuando en el marco de una investigación usted comienza a hacer parecer información inocente, cuestiones que son conocidas o que debieran ser conocidas por todos, como materias secretas, acrecienta la duda sobre la responsabilidad de los mandos«.

«Una parte muy importante (de lo solicitado) es información pública. Es tan pública que el director de Finanzas de Carabineros, parte de ella, la presentó hoy día en un Power Point. Es una cosa absolutamente incomprensible que se le de el carácter de secreto a información que en general usted puede encontrar en las memorias institucionales. Francamente es una aberración», puntualizó.

«ANCLADA EN EL SIGLO 19»

Durante la sesión del lunes, el general René Ureta -quien reemplazó a Flavio Echeverría, otrora mandamás de Finanzas y presunto cabecilla de la organización criminal- dio a conocer las medidas de control implementadas a raíz de la malversación que ya alcanza los $25.700 millones.

El oficial reveló que 17 funcionarios del área, entre oficiales y civiles, han sido desvinculados de la institución desde febrero de este año, y que su gestión ha reforzado las medidas de seguridad que existían en el edificio Norambuena a objeto de impedir el desplazamiento de personas ajenas al mismo.

Pendiente se encuentra aún la incorporación de un sistema de software ERP y la adjudicación de un órgano auditor externo para supervisar las operaciones financieras de la policía, indicó Ureta.

A su lado, el general Roberto Cabrera contestó a las preguntas de algunos diputados respecto a su trato con empresas cuestionadas. En la lista se encuentra Capellán, de Raúl Fuentes Quintanilla, principal proveedor del Departamento de Transportes de Carabineros que se encuentra formalizado en el denominado «Milicogate».

Cabrera explicó que la firma no tiene inhabilidades para operar en el portal de Compras Públicas y que actualmente posee un contrato vigente con la institución para reparar carros lanza aguas, el cual termina en diciembre de 2017.

Junto con ello, el uniformado admitió la existencia de «dos o tres casos» en que funcionarios beneficiaron a parientes suyos en compras realizadas por el cuerpo verde oliva, situación que habría motivado su expulsión de las filas.

Para el diputado Leonardo Soto, «esta cultura del descontrol, de la falta de fiscalización interna, donde ocurren cosas insólitas que sorprenden a la ciudadanía, deja entrever una crisis terminal del sistema».

«Yo creo que ahí (en compras públicas de Carabineros) hay mucho que hacer. Por eso les sugerimos que fueran a la Fiscalía Nacional Económica, para que hicieran bases de licitación distintas, aunque también dicen que no pueden hacerlo por mandato de la ley. La verdad es que eso solo deja entrever que tenemos una institución anclada no en el siglo 20, sino en el siglo 19«, concluyó.