Cobardía, impunidad y traición

Desde al año 2006, el Ministerio Público inició una investigación por la colocación de bombas explosivas de ruido en distintos lugares del país, y que fue dirigida por el Fiscal Xavier Armendáriz. Su objetivo era identificar a los responsables y a la posible red de vinculaciones que pudiera existir entre ellos y otras organizaciones.

Después de cuatro años y medio de investigación y producto de la detonación de uno de estos artefactos en la inmediaciones de la casa del Presidente de la República, el Ministro del Interior, en abierta intromisión en un ámbito que no le corresponde, pidió al Ministerio Público “apurar” la investigación para obtener resultados concretos y controlar el “incipiente terrorismo”. Para ello, citó a los fiscales a su despacho y sólo dos días después se cambió al Fiscal Armendáriz por el Fiscal Alejandro Peña.

Éste, en el plazo de dos meses y con las mismas pruebas recabadas hasta entonces, anunció la formalización de catorce personas acusadas de asociación ilícita terrorista, solicitando su prisión preventiva. El tribunal de garantía otorgó un plazo de investigación de seis meses y concedió la prisión preventiva de los imputados, quienes fueron recluidos en la Unidad Especial de Alta Seguridad, dentro de la Cárcel de Alta Seguridad, sección concebida como lugar de castigo para reos de alta peligrosidad.

El 14 de agosto de 2010, bajo la orden del Fiscal Peña, se realizaron diversos allanamientos y detenciones en Santiago y Valparaíso, desplegándose para ello el Gope, Labocar, Bipe, y la 30ª Comisaría de Carabineros, más el apoyo de helicópteros. Se violentaron viviendas, sin consideración por niños y mujeres embarazadas, además de destrozos e incautación de pertenencias familiares tales como computadores, cámaras fotográficas, bicicletas, ropa, juguetes.

Se transgredió la presunción de inocencia y se condenó desde la prensa: Fueron hostigadas las familias y también fueron estigmatizadas personas de buena voluntad que se opusieron a la aplicación de la Ley Antiterrorista, como el padre Alfonso Baeza, a quien el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, acusó de “defender permanentemente a terroristas”. Mientras, los acusados permanecieron ocho meses recluidos en una celda aislada, con una hora al día para salir al patio y, para ser escuchados, realizaron una huelga de hambre.

La Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile), tras el llamado a la solidaridad efectuado por familiares de los acusados, accedió de inmediato a gestionar la conformación de un grupo de observadores que pudo ingresar al recinto carcelario el día 2 de abril del año en curso, entrevistándose con los detenidos y con los funcionarios a cargo del lugar, abriéndose así una ventana a la verdad y a la justicia.

El Fiscal Peña renunció a su cargo y se convirtió en funcionario del Ministerio del Interior. Recientemente, se deshizo la vergonzosa trama del Gobierno y la mayoría de los acusados han quedado libres del cargo de asociación ilícita terrorista de la que fueron víctimas. ¿Quién pagará los costos económicos, sicológicos y morales de los imputados y de sus familias?

Ha sido ésta una nueva acción cobarde y traicionera de quienes tienen el poder y de aquellos que, pudiendo contribuir a la justicia, no lo hicieron. En consecuencia, son también merecedoras de un llamado de atención aquellas entidades de derechos humanos que se negaron a defender a quienes se les aplicó la Ley Antiterrorista y que, por tanto, no podían acceder a un juicio justo que todas las organizaciones de derechos humanos tienen la obligación moral de exigir.

Por Hervi Lara Bravo

Comisión Ética contra la Tortura (CECT-Chile)