Autoridad Corrupta en Chile

El hedor una vez más se deja sentir en la administración estatal. Platas que sin concursos circulan directamente a los bolsillos de los selectos, y un par de operadores bien pagados, para continuar con la estafa al pueblo.

La palabra corrupción ruge con fuerza en Chile. Los actos de clientismo se siguen cometiendo, unos tras otro como un vendaval. Unos días es la concertación; otros, la noticia de una nueva cuenta bancaria de Pinochet; las platas de programas deportivos, destinadas a campañas políticas; las arregladas de bigotes entre empresarios y gobierno; diferentes indicios de negros movimientos de dineros y “regalitos” en beneficio de un grupo de “mafia”, que se esconden impunemente tras puestos de autoridad.
Al destaparse el escándalo ChileDeportes, a muchos les temblaron las canillas. Supuestos dineros habrían estado destinados a financiar campañas políticas; nada extraño, ya que se sabe que de una muestra obtenida el 2005 por Contraloría, 77 de 90 proyectos tenían irregularidades. Se sabe que incluso hubo casos en que en el manejo de fondos aparecieron personas fallecidas que participaban en seminarios y hasta abuelitas en cursos de capacitación de lucha libre. La autoridad y su manto de corrupción ha vuelto a salir a la palestra.
Grupos del PPD también se han visto en tela de juicio, oportunidad para que otros sectores políticos entren en el descrédito de prácticas que ellos alguna vez realizaron; fuego cruzado entre bandos de ladrones, máscaras de la clase que siempre se ha protegido las espaldas y donde son muy pocos los valientes que se atreven a denunciar.
«Tenemos el virus de la corrupción, pero no hemos desarrollado la enfermedad. Y en este caso hay cura» dijo el PPD Jorge Shaulson en el 2002, poniendo el parche antes de la herida que se abre post Lagos.

HASTA EL CUELLO
“Voy a tirarme a la piscina: Chile no es un país corrupto» dijo Longueria en un medio centralista. El dirigente UDI se debe estar sobando el tremendo guatazo, mientras la oposición trata de aprovechar sin mucho éxito, los visibles tropezones concertacionistas, equipo que no ha abandonado el doble discurso y tiene atónita a la ciudadanía.
Es así que en La Moneda se ve con preocupación cómo sus partidos protagonizan vendettas en las que se fustigan principalmente los de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por la Democracia (PPD); cuchillazos que podrían acarrear efectos sobre el futuro de la coalición, tras la publicación de un e-mail -aparentemente filtrado por funcionarios de la DC a la prensa- donde se menciona la entrega directa de asignaciones de recursos a 10 diputados del PPD y entre ellos -al que más se le ha dado- Guido Girardi, quien tal vez ve con tristeza caer toda la buena imagen que construyó. Un mal cálculo le podría estar pasando la cuenta, tras presentar facturas de una empresa fantasma a la cual también habría recurrido Lily Pérez y Sebastián Piñera.
“Todos están embarrados, estos tipos son realmente unos asquerosos oportunistas, que gustan de cuidarse las espaldas. Pero esto no puede seguir así, ni aunque se bañasen con cloro se lograrían sacar el manto de inmundicia que cargan. Pienso que será en las urnas donde la ciudadanía les pasemos definitivamente la cuenta”, declaró Jorge Lara, secretario regional del Partido Comunista; quien confía en la fuerza de un pacto de nuevos actores mucho más amplio.
Sin embargo y según la investigación realizada por el equipo de El Ciudadano, pudimos encontrarnos con indicadores del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), que dicen que el índice de reelección de las autoridades en Chile supera el 70%, lo que nos deja con cierto grado de incertidumbre respecto a quienes siguen otorgando el beneplácito de ser gobernados por inamovibles.

INDICADORES CUESTIONABLES
Chile aparece en la posición número 20 de un estudio de Transparencia Internacional frente al tema de la corrupción. Empatados con EEUU –sin mucha alegría-, la medición realizada el 2006 y referida a honestidad en el aparato público, da cuenta de una situación que pareciese ficticia.
Es sabido que, al estar inserto en la economía global, Chile trabaja para indicadores internacionales, generando una mentira hacia el exterior, en la que se ocultan grandes verdades; como la que dijo un visionario Schaulsohn: «No se puede ser senador en la mañana y empresario en la tarde (…) Si la política y los negocios son la misma cosa, estamos en peligro; y en Chile no se dividen adecuadamente. Cuando un empresario quiere ser parlamentario le debe entregar su negocio a un tercero», advirtió.
Y es que Davor Harasic, hombre que resuena como posible Contralor y actual director del capítulo chileno de Transparencia Internacional, debe estar al tanto de este tipo de situaciones, como los continuos casos de funcionarios de gobierno que tras abandonar el mundo público, en un mes, pasan a trabajar al sector privado, sin restricción de tiempo. Situaciones cuestionables, con un código “ético” que impera para el mundo de los lobbystas, y que no tiene corazón con los recursos naturales y dineros de toda la población.
En esta materia el diputado federalista, Alfonso de Urresti, fue enfático “a comienzos de nuestro perodo la bancada socialista presentó un proyecto de ley que inhabilita a funcionarios públicos por un periodo de dos años, a desempeñarse en empresas privadas relacionadas con el cargo que ocupó; también exigimos al Gobierno que otorgue una mayor responsabilidad de fiscalización a los Consejeros Regionales, y que éstos sean elegidos por elección popular. Estos dos ejemplos reflejan la intención de mejorar y trasparentar la tan dañada gestión política”.

MOVIMIENTO ANTICURRUPCIÓN
“Los que tenemos muchas veces mayor posibilidad de denunciar los negros negocios, somos los mismos funcionarios públicos, quienes a diario vemos truculencias, que por miedo a perder la pega no podemos denunciar. Tal vez, si tuviéramos algo que nos protegiese para poder defender lo que es de la gente sería más fácil”, nos cuenta un trabajador municipal unionino que por miedo a represalias ha preferido permanecer en el anonimato.
Es así, que si bien en Chile existe organizaciones ciudadanas y ONGs preocupadas de esta temática, ellas no cuentan con herramientas ni facultades para poder defender a las personas, una prueba de ello es que Chile sigue siendo el único país de América donde aún no se aprueba el defensor del pueblo, Ombudsman, figura que esperemos salga de la Ley de Bases de Participación ciudadana. La iniciativa ya se encuentra en manos de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja, y ha sido fruto del trabajo de diversos actores de la sociedad Civil, donde algunos actores ya reclaman que el proyecto no es todo lo que esperaban.
“Los partidos de la Concertación entraron en decadencia por culpa de su doble discurso. Hacia adentro hablan en contra del mercado y la globalización, hacia afuera la promueven. La gente se dio cuenta de esto y los catalogó como irrelevantes. Para qué militar en un partido si en la asamblea los dirigentes dicen A, pero desde el gobierno hacen B.”, grafica muy bien Schaulsohn en una entrevista dada a Pamelas Jiles, para la revista Punto Final.

ORIGEN CORRUPTO
Los “favores grandes y chicos” se dan en nuestro país. Un patrón cultural que se refuerza en dos promotores de los actos de corrupción. Unos son los grandes partidos políticos PPD, PDC, UDI y RN, quienes al adquirir el poder, el gobierno y el control de la administración pública, desarrollan un clientismo, donde a través de “regalitos” negocian proyectos, cargos y futuros votos.
Como explica Alfredo Rehren, Profesor del Instituto de Ciencia Política, de la Universidad Católica de Chile “El clientelismo exige acceso a empleos para la coalición gobernante y la capacidad para distribuir fondos estatales. Por ello, el partido clientelista podría oponerse a reformar el Estado”, situación que ilustra la negativa de la Concertación para reformar la corrupta constitución amarrada desde el año ´80, la que hoy les viene como anillo al dedo a quienes ostentan el poder.
Los segundos promotores de corrupción y que han nacido en el último tiempo, cambiando la dinámica de las máquinas partidistas, son los políticos estrella como el caso de Girardi; situación que el académico distingue de la siguiente forma “Por otra parte está el “político estrella”, el que ante la necesidad de fondos para financiar su publicidad electoral está expuesto a la tentación de traficar con su influencia y ser atrapado en un escándalo de corrupción”, sentencia.
Sin embargo, a este origen dual de la corrupción podemos agregar un tercer elemento: la acción de corrupción privada. En ella, empresarios con el fin de obtener ciertas venias del gobierno, como para ejecutar explotaciones medioambientales, untan a los elementos claves con un par de billetes.
“Muchos candidatos de la derecha tienen contacto directo con los empresarios y, por lo tanto, reciben aportes directos. En el caso de los partidos de la Concertación, a veces la cosa funciona más institucionalmente, uno va a pedir por todos.”
“Yo estuve a punto de ser censurado como Presidente de la Cámara, por haber dicho esta verdad del porte de una catedral, absolutamente a prueba de desmentidos”, declaró Jorge Schaulsohn.
Remosupo

Algunos de los Múltiples casos de corrupción

1992- Desvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hundson, en Aysén. La Oficina Nacional de Emergencias desvía ayuda avaluada en cerca de $700 millones a los directivos del organismo. En 1994, la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $27 millones, condenando a 5 años al ex-director Sergio Navas, un independiente muy ligado a la DC.

1992- Aparecen señales de que la Dirección General de Deporte y Recreación, dirigida entonces por el DC Iván Navarro, había protagonizado irregularidades por un monto de $500 millones, equivalente al 5% del presupuesto total del organismo ese año. Aunque la Contraloría sólo constató desórdenes administrativos, parte de la Cámara de Diputados y la propia DC denunciaron que la mayor parte de estos dineros no habían sido perdidos por mala gestión, sino desviados a campañas políticas del partido. Se optó por tapar con tierra este asunto y prácticamente ya está olvidado.

1994.- Surgen dudas sobre el destino de U$ 4.7 millones del Ministerio de Educación, utilizados hacia 1994 poco antes de las parlamentarias. El abogado y columnista de un periódico monopólico, Hermógenes Pérez de Arce, emplazó públicamente al Presidente Ricardo Lagos Escobar, en más de una oportunidad, a responder por el destino de este dinero, ya que él era, entonces, el Ministro de Educación. Según Pérez de Arce, parte de estos dineros habrían ido a parar a la polémica compra de herramientas informáticas que ese ministerio realizó aquel año a un conocido empresario socialista español amigo de Ricardo Lagos, sin concursos ni licitaciones.

1994- El tristemente famoso caso del ejecutivo Juan Pablo Dávila y del fraude de las «Operaciones a Futuro”. Se descubren pérdidas por cerca de U$217 millones, relacionadas con el ex operador de la CORFO.

1996 – Irregularidades y problemas de gestión culminan en la bullada destitución del Intendente de Valparaíso, Hardy Knitel

1997- Compra irregular de terrenos y derechos de aguas en la Región de la Araucanía. Increíblemente, se estaba lucrando con los dineros de las comunidades rurales más pobres del país, como son las indígenas.

1997 El triste caso conocido como las «Casas Copeva» o «Casas de Nylon». El escándalo fue mayúsculo cuando se supo que la empresa concesionaria, COPEVA, era de Francisco Pérez Yoma, hermano del ex-Ministro de Defensa de Patricio Aylwin, Edmundo Pérez Yoma; muy conocido por participar intensamente en la entrega de Laguna del Desierto desde la cartera de Defensa, y posteriormente de las negociaciones por el «gasoducto-comodato» boliviano en Atacama. Y como si esto fuera poco, se supo después que el ministro de vivienda, Edmundo Hermosilla, había recibido de regalo un fino caballo de parte de Francisco Pérez Yoma, noticia que le costó el puesto.

2002-Un reportaje de Canal 13 pone al descubierto una red de falsificación de certificados de revisión técnica. El Gobierno toma cartas en la denuncia y ordena una investigación judicial, la que arroja por resultado la culpabilidad del dueño de una planta revisora en Rancagua, llamado Alejandro Fillipi. Todo parecía ser un caso habitual de falsificadores hasta que, molesto y en represalia, Fillipi denuncia que él y su socio Gabriel Álamo operaban con el consentimiento del Sub Secretario de Transportes y flamante presidente del Partido Radical, don Patricio Tombolini, a quien habría pagado $15 millones para obtener el permiso para su planta. Implicó además, al agente político Alejandro Chaparro (ex jefe de gabinete de Tombolini) y al ex ministro Víctor Manuel Rebolledo (PPD, a la sazón abogado e «intermediario» con el ministerio) y al diputado Juan Pablo Letelier (PS), este último eximido de los cargos unos meses después.

A estos casos se suman el MOP-GATE y otros tantos; que mientras las mismas autoridades no decidan transparentar, jamás la Presidenta Bachelet dará con los responsables, aunque haya expresado con énfasis la frase de bronce: “Me indigna la corrupción”.