Organización penquista llama a la ciudadanía a manifestarse contra Ley Hinzpeter

El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo sobre fortalecer el resguardo del orden público, que se ha conocida como Ley Hinzpeter, es rechazada por un sector de la ciudadanía, que mediante diversas organizaciones pretende condenar el hecho de que el Gobierno quiera coartar el derecho legítimo de protesta.

Es el caso de la Defensoría Popular Octava (Depoc), que tiene agendado para el jueves 13 y el viernes 14 de octubre múltiples actividades que ponen en evidencia los peligros y alcances de dicho proyecto que criminaliza la protesta social.

Partirán con querellas ante Fiscalía, por lo que Depoc invita a todos los padres y apoderados, defensores de los Derechos Humanos, y estudiantes para presentar esta denuncia, acompañada de una “funa” o acto de justicia popular que les permita frenar la represión de forma unida.

Las nueve querellas que se presentarán este jueves tienen como objetivo denunciar “los hechos de represión y tortura ejercidos por parte de Carabineros de Chile en las últimas manifestaciones y desalojos. Dentro de estos casos se encuentra la detención ilegal y posterior golpiza al reportero independiente de los medios locales Metiendo Ruido y Resumen, la golpiza sufrida por estudiantes que caminaban al interior de la Universidad de Concepción, el caso de un estudiante baleado en la rodilla, entre otros hechos”, constata el comunicado de prensa de la Defensoría.

En tanto, el viernes 14, se entregará información a toda la comunidad penquista acerca de este proyecto de ley que coarta la libertad de expresión de la ciudadanía. La actividad, que se realizará en el paseo peatonal Barros Arana, mostrará las modificaciones impulsadas con la Ley que pretende, entre otras cosas, “perfeccionar y fortalecer las normas que permiten el efectivo resguardo del orden público”.

Para la Depoc, las modificaciones del proyecto de ley atentan gravemente con contra el derecho legítimo de la protesta y la manifestación, además de atentar contra las libertades públicas, aumenta la represión y busca impedir las manifestaciones callejeras, y apuntan directamente hacia el movimiento social.

Hace tres meses que la Defensoría Popular está asesorando jurídicamente, con dos recursos de protección, a estudiantes movilizados que han sido sancionados por los Directores por haber realizado la toma de sus establecimientos. Hasta el momento han logrado reintegrar a más de 10 estudiantes a clases.

La Depoc está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales, estudiantes y pobladores de la Región del Bío Bío que ponen sus conocimientos al servicio de los movimientos sociales, en la defensa de los que hoy están en lucha por una Educación pública, gratuita, laica y de calidad; por una vivienda y reconstrucción digna, entre otros derechos.

La invitación a estos actos de justicia popular ya está hecha, sólo debe asistir a los lugares asignados mencionados junto a su familia, amigos, vecinos y hacer valer el derecho a manifestarse que tiene todo ciudadano.

El Ciudadano