Colectivo dominicano exige expulsión de Odebrecht del país

El colectivo dominicano Marcha Verde, que surgió después de que Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares en concepto de sobornos, exigió hoy la anulación del contrato de la termoeléctrica que la empresa construye en sur de la nación caribeña, y su expulsión de la nación.

La plata a carbón es construida en Punta Catalina, en el municipio de Baní, por un consorcio encabezado por Odebrecht y cuya licitación estuvo bajo investigación.

El colectivo intentó hoy marchar hacia esta central pero las fuerzas de seguridad le bloquearon los accesos.

Los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la termoeléctrica y leyeron un manifiesto donde afirmaron que dicha planta «pueden ser terminada por una empresa que no sea delincuente como Odebrecht».

Además, debe ser transformada para que utilicen gas natural y no el «altamente contaminante» carbón mineral.

Marcha Verde volvió a cuestionar el acuerdo logrado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, a través del cual la multinacional se comprometió a pagar 184 millones de dólares al Estado, el doble de lo que admitió haber entregado como soborno.

Odebrecht es objeto de investigación en República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.

Por el caso fueron imputadas 14 personas, entre ellas el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, ambos en libertad condicional bajo fianza desde el pasado 11 de julio tras un mes en prisión preventiva.

En prisión se encuentran el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El resto de involucrados tiene impuestas distintas medidas de coerción, mientras las autoridades se concentran ahora en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en unos seis meses, según la decisión del juez a cargo.