Según un informe de la Oficina de Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la situación de Derechos Humanos en Colombia es preocupante pues siguen presentándose desaparaciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, falta de garantías para defensores de Derechos Humanos (DDHH) y violencia sexual en el marco del conflicto armado, entre otros aspectos.
El informe señala que si bien “el presidente Santos ha mostrado una mayor disposición al diálogo con las organizaciones de DDHH, asociaciones de víctimas entre otras organizaciones de la sociedad civil, y que ha avanzado en la formulación de políticas encaminadas al reconocimiento de las víctimas del conflicto armado (…), esa voluntad todavía no se ve traducida en cambios reales del estado de observancia y cumplimiento de los derechos humanos en el país en los últimos años”.
WOLA indica que en el 2010 se registraron 174 casos de agresiones en contra de defensores de DDHH y, en los primeros meses del 2011, 145, de las cuales 29 correspondieron a asesinatos. Según la organización, se han registrado avances en las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales realizadas por el DAS. Sin embargo, también advierte que “la situación del proceso en contra del ex presidente Uribe es preocupante pues la Comisión de Acusaciones del Congreso, ente encargado de investigarlo, carece de transparencia y confiabilidad”.
En cuanto al tema de Derechos Laborales manifiesta que en el 2011, han sido asesinados 20 sindicalistas y que, sólo un 6% de las investigaciones por asesinatos en estos casos, han arrojado alguna condena. Refiriéndose a las ejecuciones extrajudiciales, WOLA señala que a “febrero de este año, 448 casos de este tipo están siendo conocidos por la Jurisdicción Penal Militar, contrariando mandatos expresos de la Corte Constitucional y de distintos tribunales internacionales que señalen que estos casos sólo pueden ser juzgados por la Justicia Penal Ordinaria”. De hecho, en un reciente análisis, WOLA expresaba su preocupación porque el TLC entre Colombia y Estados Unidos pueda firmarse a pesar de la reiterada violación de los derechos laborales en el país suramericano.
El informe también reconoce a la creación de la Unidad Nacional para los delitos de Desplazamientos y Desapariciones Forzadas, al interior de la Fiscalía, creada en diciembre del 2010, como un avance representativo en la búsqueda de justicia para los casos de desapariciones forzadas en el país.
Para WOLA, la ley que penaliza la discriminación racial constituye un aspecto positivo. Sin embargo, indica que el “gobierno Santos no ha avanzado en la protección de la población afrocolombiana e indígena, en situación de desplazamiento, ni en la prevención de nuevos desplazamientos”.
Por último, entre otros aspectos, el informe califica como alarmante, la situación de desatención estatal en cuanto a la problemática de las mujeres en medio del conflicto y hace alusión a la declaración de la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, quien afirma que la “violencia sexual en Colombia debería ser considerada un crimen de lesa humanidad”.
Prensa Codhes