Este martes 22 de agosto se realizó la segunda jornada del juicio oral con los alegatos de los abogados defensores de los once imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Con más de veinte gendarmes fuertemente armados al interior de la sala de audiencias y un complejo perímetro de seguridad exterior a cargo de Carabineros, el abogado de la ONG Defensoría Popular y defensor de Sabino Catrilaf Quidel- en conversación con El Ciudadano– cuestionó el excesivo aparataje policial que circunda el juicio, adelantando la derrota del Ministerio Público debido a la “especulación pura y dura” de los profesionales a cargo de la investigación.
Abogado Román, ¿qué le parece el perímetro de seguridad y la presencia de efectivos armados al interior de la sala ?
“Es un exceso pero se justifica por la necesidad de blindar el caso con toda esta pirotecnia, parafernalia y disposición de recursos: el propósito es darle la apariencia de un delito de carácter terrorista.”
¿Qué tipo de prueba fue la incorporada a última hora y que se pidió eliminar el día de ayer?
“Un informe pericial balístico que la policía señala haber obtenido recién en julio de este año, cuando la investigación se encontraba cerrada, se habían formulado las acusaciones y se había realizado incluso la audiencia preparatoria del juicio oral. El Ministerio Público, de mala fe procesal, sube este informe a la página del poder judicial, a la carpeta digital de esta causa, con el único propósito de contaminar al Tribunal Oral en lo penal de Temuco, que tiene que fallar la causa. Nosotros dijimos que existiendo un auto acordado de la excelentísima Corte Suprema -que regula cuáles son las diligencias que deben subirse al sistema informático- aquella procedía se eliminara del registro. Extrañamente, el Ministerio Público se allanó a la situación porque sabía que había actuado de manera mañosa e ilegal”
¿Cómo ve el escenario, cómo se ha dado el proceso?
“Con este importante paso, empezamos a nivelar la cancha en los términos de decir que más allá de la pretensión punitiva que hay del Ministerio Público y del Gobierno, acá se deben observar las normas básicas del debido proceso. Con esa actuación ilegal, se estaba contradiciendo este principio, que es un pilar fundamental de cualquier juzgamiento, llamado debido proceso”
¿Qué hay de la presunción de inocencia?
“Lamentablemente no ha sido observada porque aquí estamos en uno de los casos más emblemáticos, a propósito de los hechos de violencia acá en el Wallmapu. Ha habido una presión política importante de los ricos y poderosos latifundistas, acompañada de una campaña de El Mercurio y La Tercera y para el caso de la zona, del Diario Austral, que indudablemente han presionado a los jueces y ministros para que mantuvieran las prisiones preventivas aún cuando todos los jueces de garantía del juzgado de Temuco señalaron que el Ministerio Público no podía acreditar la participación. Sin embargo, estamos tranquilos porque sabemos que al final de este juicio, más allá que demore un mes o dos, el único camino posible es la absolución.”
¿Qué sucede entonces con la única prueba, el testimonio de José Peralino Huinca?
“El supuesto testimonio de Peralino Huinca es sustentado en dos policías y dos fiscales que dicen que él habría dicho lo que dicen que dijo en dos supuestas declaraciones, del 8 de noviembre 2013 como del 23 de octubre de 2015. Una rápida lectura -ni siquiera siendo periodista o abogado- permite concluir que aquello es un relato armado por la policía y que por la fuerza lograron que Peralino lo firmara. Pero luego él se desdijo, se retractó en la audiencia de control de detención del 31 de marzo de 2016, cuando da cuenta que efectivamente había sido coaccionado. Y a ese respecto, se postula la tesis que hubo una coacción inherente ya que efectivamente hubo un tratamiento mañoso de parte de dos policías que lo hostigaron permanentemente, al menos desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2016. Es decir, estuvieron casi tres años encima de este joven para que finalmente adoptara esta declaración inculpatoria, único antecedente que el Ministerio Público tiene para sostener esta pretensión punitiva.
¿Quiere decir que no hay pruebas?
“Derechamente hablando, no hay pruebas del Ministerio Público. Y siendo generosos, lo único que podría parecerse a una prueba, a un medio de prueba para el juzgamiento criminal, sería la declaración de Peralino. Y esto es de dudosa legitimidad, ya que él tiene un doble rol, acusado y a la vez testigo. Este es un juicio irresponsable, mañoso, arrastrado por la inteligencia policial, que los conducirá inevitablemente al fracaso. Esta no va a ser la excepción, no tengo ninguna duda que cuando termine este juicio, la decisión va a ser indudablemente absolutoria.
En proyección , el juicio estaría terminando por el 20 de noviembre, son 52 días hábiles. Pero eso depende de que el Ministerio Público actúe con un poco más de proporcionalidad, prudencia , racionalidad y proceda a reducir los abundantes antecedentes -que ellos llaman pruebas pero que no lo son- y cuyo único propósito es dilatar el juicio y contaminar el Tribunal, con el propósito de conseguir una sentencia de carácter terrorista, lo que por lo demás es imposible así sea.
Por este mismo caso fue juzgado y condenado el machi Celestino Córdova, y a ese respecto, el Tribunal Oral en lo penal de Temuco, el mismo que hoy día está juzgando, ya señaló que aquel hecho no es de carácter terrorista. Por supuesto, sería una chacota -por decirlo menos- que hace dos años se diga que ese hecho no es terrorista y hoy día se diga lo contrario. No se puede borrar con el codo lo escrito con la mano.”
¿Por qué usted afirmó que los alegatos de apertura parecían de clausura?
“La verdad es que ellos (los abogados querellantes) están haciendo conclusiones anticipadas, expresando conjeturas, especulando de una forma que no corresponde a un alegato de apertura. Ellos tienen un chip en su cabeza, ideado por la inteligencia policial, y lo que han hecho desde el 31 de marzo del 2016 es repetir lo mismo porque creen que ello los va a conducir a un veredicto condenatorio. Obviamente tienen el respaldo de la prensa, de los ricos, los poderosos y de la clase política, que es favorable a la condena y de la criminalización del pueblo mapuche.”
¿Por qué afirma que hay un conflicto político y no penal?
“Aquí estamos en presencia de un juicio político, se aplica el derecho penal político como es la ley sobre conductas terroristas. El único fundamento que hay es político y no jurídico. Por esta razón, los once comuneros -los diez peñis y la lamien machi Francisca Linconao- no pueden ser condenados. No existen pruebas aunque el Ministerio Público dice tenerlas. Pero bueno, desde la creación de este órgano (en el año 2000), nos tiene acostumbrados a llevar adelante estos procesos judiciales irresponsables, basados en especulación, imprudencias y en falacias de la inteligencia policial.
De generarse la absolución de la y los imputados, ¿se generaría una jurisprudencia importante?
“Más que generar jurisprudencia, lo que viene a corroborar y ratificar es que acá en el Wallmapu se vienen tramando operaciones de inteligencia policial que arrastran al Ministerio Público y al Gobierno de Chile- que incluso trajo a alegar a uno de sus abogados estrella del Ministerio del Interior- a una falta de objetividad y profesionalismo, gracias al trabajo de la Fiscalía y las policías. Lo que hay acá es especulación pura y dura: el Ministerio Público va derechito a una derrota. Y lo importante es que esta derrota es también hacia el Estado policial que se ha instalado en Chile. Lo vamos a lograr, pierdan cuidado. Hay que hacer el aguante, nada más.”