Discípulos de Pinochet

El quiebre de la mesa de diálogo entre los estudiantes y el Gobierno se produjo porque estos últimos, al ir a la esencia de la crisis, han exigido una reforma tributaria que permitiría la distribución del ingreso. En términos simples, los jóvenes piden que los ricos y las grandes empresas paguen impuestos y que estos se orienten hacia el bien común.

La respuesta del Ejecutivo ha sido el aumento de la represión, el intento de quiebre del movimiento estudiantil y la criminalización de la protesta social. Carabineros ha redoblado la violencia contra los jóvenes y el pueblo mapuche, incrementando el uso de gases lacrimógenos y otras formas de ataques a los ciudadanos que se manifiestan, afectando edificios públicos y residencias privadas.

Respecto de los intentos de quiebre del movimiento estudiantil, la ofensiva de La Moneda ha buscado demonizar a siete de los nueve dirigentes de la Confech, calificándolos de “ultras” o “duros”, por no pertenecer a partidos reconocidos por el sistema. “El Mercurio” y “La Tercera” los han expuesto al público, explicitando sus orígenes populares, en forma similar a las imágenes de “wanted” del far west: Éste es hijo de vendedores ambulantes y durante dos años trabajó como obrero de la construcción; ese es hijo de asesora del hogar; aquél es hijo de un taxista; el padre de este otro es obrero forestal; el de más allá es hijo de una vendedora; el siguiente es hijo de una peluquera y de un faenador; ella trabaja como temporera en las vacaciones.

Paz Ciudadana es quien orienta las políticas represivas bajo la experimentada y gangsteril dirección de Agustín Edwards, acompañado de su secretaria ejecutiva, Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabineros, junto a los directores Sergio Bitar, Eugenio Tironi, Edmundo Pérez Yoma y Soledad Alvear, cuyo clasismo ha sido también exudado por el socialista Jaime Estévez, quien fue uno de los instigadores de la “cacería” del domingo 16 de octubre hacia los sospechosos de ser hinchas de Colo-Colo en Las Condes.

En este contexto se inscribe el proyecto de ley “anti tomas”, que pretende convertir los delitos políticos en delitos comunes, para escabullir la responsabilidad política del Ejecutivo, pues permitiría proceder a la policía mediante simple denuncia.

La nueva redacción del artículo 269 del Código Penal busca endurecer las penas a quienes atenten contra autoridades o empleen armas, como artefactos incendiarios, en las movilizaciones públicas. Para ello se establecen cuatro circunstancias agravantes:

1º Saqueo. (Se excluye a los retails, Isapres, AFPs, telefonía, agua, electricidad, combustibles, bancos).

2º Invadir u ocupar ilícitamente inmuebles como viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, EDUCACIONALES, religiosos o de cualquier otra índole, sean privados, fiscales o municipales.

3º Impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos, por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes, mediante la instalación y quema de objetos.

4º Interrupción de servicios públicos, tales como hospitalarios, de emergencia, de suministro eléctrico, agua potable, combustibles, comunicaciones o transportes.

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El proyecto pretende, además, castigar a quienes “inciten, fomenten (o) promuevan” las manifestaciones, facultando a Carabineros a solicitar grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos útiles en la acreditación de supuestos delitos, sin la intervención de un fiscal, como ocurre en la actualidad.

Los discípulos de Pinochet han superado al maestro. Puesto que es en este marco en el que el Presidente de la República reitera el nombre de Dios (en vano) en sus intervenciones, al igual como lo hacía Pinochet, es válido citar a la Sagrada Escritura y aplicar tanto al maestro como al discípulo el texto que afirma que “vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos, de iniquidad; vuestros labios hablan mentiras, vuestras lenguas murmuran perfidia”. (Isaías 59, 3).

Por Hervi Lara

Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-Chile).

Para El Ciudadano