El Tribunal de Garantía de Rancagua reabrió por 30 días la causa central del llamado Caso Caval, que involucra a la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos.
Según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe, con esta determinación, el tribunal rechazó la petición de cierre de la defensa de Compagnon, presentada el pasado 26 de julio, y acogió la petición realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el propósito de pedir la declaración a varias personas involucradas en el caso.
Compagnon es dueña del 50 % de la empresa Caval, que adquirió en 2013 tierras en la localidad de Machalí, vecina a Santiago, con un millonario préstamo, y luego las vendió en una operación que les reportó unos 4,8 millones de dólares de beneficios. El caso, que salió a la luz pública en una revista en febrero del 2015, desató uno de los mayores escándalos políticos conocidos en Chile y su repercusión golpeó duramente la popularidad de Bachelet, añade el reporte de Efe.
En tanto, el Tribunal de Garantía de Rancagua accedió este viernes a la petición de sobreseimiento temporal de forma parcial de la defensa del síndico de quiebras Herman Chadwick en la causa por ventajas indebidas. Sin embargo, la solicitud de sobreseimiento definitivo del síndico en la causa de delitos tributarios no fue aceptada por el tribunal.
Chadwick fue el síndico encargado de liquidar la quiebra de Wiesner S.A., empresa propietaria de los predios que compró Caval, y está acusado de haber cobrado dinero por su gestión y de haber pagado una millonaria cantidad a otra persona por tramitar la operación.
Más temprano, el mismo tribunal había concedido la ampliación por 45 días del plazo de investigación del caso Caval en una arista conocida como Vial Concha. Se trata de una querella por estafa presentada por un empresario de la Región de O’Higgins en contra de Compagnon y su socio, Mauricio Valero.
Según la denuncia de Vial Concha, los dueños de Caval le habrían vendido informes mineros copiados textualmente de la página de la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), y por los cuales le cobraron 1.200 millones de pesos (1,8 millones de dólares).