Los 19 meses que Mauricio Macri lleva en la presidencia de la Argentina se han notado en materia de Derechos Humanos allende los Andes. Represión a las movilizaciones sociales, hostigamiento y persecución a dirigentes de diferentes organizaciones han sido la tónica en esta materia, todo un retroceso para un país que había dado certeros ejemplos de memoria y justicia en la última década.
Los casos de Milagro Sala, quien lleva casi los mismos 19 meses de gobierno de Macri presa tras ser detenida en la provincia de Jujuy luego de manifestaciones contra el nuevo gobierno, y de Santiago Maldonado, desaparecido hace casi un mes tras ser detenido por la policía argentina, son los emblemas de la situación de derechos humanos en el país trasandino.
En conversación con El Ciudadano, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala y parte del equipo legal que acompaña a la familia de Maldonado, explica que el período se ha caracterizado por la «decisión de desmantelar, desfinanciar y eliminar parte de las dependencias gubernamentales que han acompañado en la última década a los juicios de lesa humanidad, sumado con un discurso negacionista de parte de los funcionarios, incluyendo al propio presidente Macri».
«Se han multiplicado las causas judiciales en casos de manifestaciones públicas y hay un grave retroceso en materia de migración con una política muy regresiva, que pone a la cola a Argentina después de haber sido vanguardia en esta materia», agrega la jurista al respecto.
¿Qué tan complejo es el escenario en materia de DDHH en Argentina?
Desde el cambio de gobierno se ha vivido un gravísimo retroceso en materia de Derechos Humanos en general, con dos grandes ejes: Por un lado, en materia de memoria, verdad y justicia, hubo una decisión de desmantelar, desfinanciar y eliminar parte de las dependencias gubernamentales que han acompañado en la última década a los juicios de lesa humanidad, sumado con un discurso negacionista de parte de los funcionarios, incluyendo al propio presidente Macri, lo que tiene un contenido muy potente en términos de mensajes. Por otro lado, hay un eje de represión en relación a protestas y movilizaciones sociales en la vía pública, ya que se han vanagloriado de llevar a cabo esta política y han dictado protocolos para restringir la protesta casi al momento de haber asumido como nuevo gobierno.
¿Es coincidente la administración de Macri en esta materia?
Esta es una clara política del Ejecutivo nacional y ha sido coincidente en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que son los tres distritos que están en manos del gobierno macrista a través de Cambiemos.
¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad argentina al respecto?
La sociedad argentina ha tenido, sobre todo el 2016 y marzo del 2017, un proceso de movilización casi inusitado. En marzo hubo cinco grandes movilizaciones por distintos temas –Justicia, Educación, Derechos Laborales, Género-, movilizaciones que fueron muy masivas, no solo concentradas en la capital federal sino que también en distintos lugares del país. Hay algunos hechos que son muy significativos en materia de Derechos Humanos: Una movilización del 10 de mayo de este año, que fue una de las más grandes que ha tenido en la última década Argentina y que era un repudio a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que intentaba darle algún beneficio a los genocidas que estaban privados de su libertad; y otra muy importante está relacionada con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida el primero de agosto pasado.
Elizabeth Gómez Alcorta. Al fondo, Milagro Sala
El caso de Milagro Sala es emblemático, aunque queda la sensación de estar silenciado, al menos desde Chile se observa esto. ¿Se puede considerar como el mejor ejemplo del macrismo en materia de DDHH?
El caso de Milagro ha sido emblemático pero no ha sido silenciado, muy por el contrario. El caso de Milagro tiene una doble pata: Por un lado, el Ejecutivo de la provincia de Jujuy le ha dado muchísima resonancia mediática y que ha sido utilizado casi como campaña en Jujuy y ha sido un caso que ha cobrado, durante 19 meses, constante visibilización, en parte porque es un caso emblemático de la política represiva y antidemocrática del macrismo; pero además ha sido eje de situaciones completamente excepcionales, como la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ordenando su libertad, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 16 de junio pasado -lo que es un hecho histórico, ya que nunca había sucedido una cosa así-, que también ordenó que se le deje en libertad. Claramente es emblemático.
En el caso de Santiago Maldonado, ¿cuál ha sido la actitud del Estado y cuáles son las alternativas que se siguen en este caso?
Aquí el Estado salió a justificar el accionar de la Gendarmería e hizo público un discurso que lo convierte, sin lugar a dudas, en las partes responsables de la desaparición forzada de personas. Si uno piensa que la privación forzada de personas implica -por un lado- la privación ilegal de una persona en manos de fuerzas estatales, y -por otro- tiene un segundo tramo de ese delito que es negar el paradero o información, el Estado, a través de la Ministra de Seguridad, ha desconocido públicamente o puesto en duda la presencia de Santiago en el Pu Lof en Resistencia con datos absolutamente falsos, todos muy fáciles de corroborar, como la actuación ilegal de Gendarmería y el ingreso de efectivos en la comunidad donde fue secuestrado y desaparecido Santiago.
Las alternativas en este caso son, en términos judiciales, una investigación que está en marcha y donde se logró, aunque sea simbólico, cambiar su calificación a detención forzada; y en términos políticos, llevar a cabo una denuncia a nivel nacional e internacional, lo que ya ha tenido una repercusión muy importante, porque la CIDH ha emitido una medida cautelar en favor de Santiago, lo que obliga al Estado a tener que responder frente a los organismos internacionales.
Considerando el contexto regional, ¿cómo podemos entender lo que sucede en Argentina?
Sin lugar a dudas, no es una cuestión exclusiva de Argentina ni de este momento, que tiene la mayor concentración monopólica de medios, lo que hace que en cuestiones de denuncias por graves violaciones a los Derechos Humanos esto pueda quedar opacado o sin poder darse a la luz, lo que es muy grave.
Los casos de Sala y Maldonado son los más conocidos. ¿Existen otros conflictos en materia de DDHH en estos momentos en Argentina?
Sí, existen otros conflictos de Derechos Humanos en la Argentina, de distintos niveles e importancia, y otros casos de presos políticos de la organización Tupac Amaru, no solamente en Jujuy sino que también en Mendoza. Lo mismo sucede con casos de persecución, hostigamiento y detención de líderes indígenas. Hay otro caso, como el de Agustín Santillán, que es un joven docente wichi que está preso en la provincia de Formosa, que está preso a partir de un hostigamiento y una persecución política. Junto con eso, se han multiplicado las causas judiciales en caso de manifestaciones públicas, y hay un grave retroceso en materia de migración con una política muy regresiva, que pone a la cola a Argentina después de haber sido vanguardia en esta materia.
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