Rompiendo un mito: Por cada un migrante que delinque hay siete que son víctimas

Esta tarde se llevará a cabo la interpelación de Chile Vamos al ministro del Interior para requerir informes de las políticas en materia migratoria que lleva adelante el gobierno. Esto en el marco del debate legislativo del proyecto de ley de migraciones que La Moneda ingresó al Congreso el pasado 23 de agosto.

La interpelación a Fernández estará a cargo de la diputada RN, Paulina Núñez, quien señaló que “espero que el ministro responda nuestras preguntas, porque no podemos seguir esperando para tener una política de Estado en materia de migración”.

Según publica La Tercera, desde el ministerio del Interior se preparó una minuta con datos sobre el proyecto, el que sostiene que la demora de tres años en la presentación se debió al “trabajo participativo” con varias organizaciones, junto con que la realidad migratoria “cambió drásticamente después de 2013”.

Desde la cartera de Interior, sostienen que “tener una migración segura, ordenada y regular (…) supondrá la dotación de más y mejores recursos, para no solo aumentar la cantidad de control sino la calidad de estos”.

Al mismo tiempo, el documento señala que no hay vínculo de los delitos con la migración, lo que se basa en estadísticas de Carabineros, las cuales afirman que solo en el 2,8% de los procedimientos policiales de 2016 participaron inmigrantes: “Por cada un extranjero acusado de ser victimario de un delito de mayor connotación social, siete migrantes fueron víctimas”, destaca el documento.

Como respuesta a las críticas por no crear un Servicio de Migración, dejando el tema en manos del Ministerio del Interior, la minuta sostiene que una menor institucionalidad permitiría “concentrar los recursos en mejor atención a los migrantes en políticas sociales”.

Mientras el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) elaboró un documento titulado “Las 5 tareas pendientes del actual proyecto de Ley de Migraciones”, el que sería entregado a las autoridades en la primera sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara y que señala que el proyecto “está lejos de las expectativas y de los estándares de los tratados internacionales de DD.HH.”, indicó Pablo Valenzuela, director nacional del SJM.

Junto con eso, Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, consideró la iniciativa como “regresiva y muy restrictiva”.