La Cámara de Diputados presentó un Recurso de Reconsideración al Tribunal Constitucional frente a su último fallo de alta connotación pública: el aborto en tres causales.
El TC falló el 21 de agosto rechazando la impugnación a las causales de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación como suficientes para realizar un aborto sin ir a la cárcel. Sin embargo, dejaron la puerta abierta a la objeción de conciencia no solo personal, sino institucional. Esto es, que una institución, como si fuese una persona, pueda aducir que el procedimiento vulnera sus principios y por tanto el de todos y todas las trabajadoras que participan de la institución; y de es te modo, abstenerse.
Para ello, hubo una intervención del TC sobre el texto de la legislación. Ello contraviene el principio que señala que solo puede actuar «negativamente», descartando -por inconstitucionales- algunos aspectos de determinada legislación. Este punto esta reuniendo consenso en el Poder Legislativo para expresar un rechazo a nivel institucional.
Precisamente, la Cámara de Diputados a través de su presidente, Enrique Jaramillo, remitió durante la jornada del martes un Recurso de Reconsideración al TC frente al fallo. El escrito apunta se plantea que el Tribunal Constitucional solo está facultado, a través de la sentencia, a señalar a las cámaras legislativas la determinación precisa de los preceptos, párrafos, oraciones, expresiones o vocablos que declara contrarios a la Constitución, sin que tenga competencia para escribir el texto en la forma que, según el tribunal, debería quedar, según informó la Cámara de Diputados.
El recurso indica que el tribunal «claramente sobrepasó sus atribuciones» en la sentencia emitida, y que a través de ella se incurre en un error de hecho.
En el Senado se cocina una iniciativa similar. El día de ayer los senadores Felipe Harboe, Álvaro De Urresti y Pedro Araya presentaron una carta al presidenta de la corporación, Andrés Zaldívar, para seguir un derrotero similar.
La Tercera informó que en dicha carta, también acusaban una «intromisión» del Tribunal Constitucional en las facultades legislativas del Congreso Nacional, en la medida en que apostaba por “ampliar y regular ante sí mismo”, un estatuto de excepción para la objeción de conciencia institucional y eliminando algunas palabras de la regulación discutida y aprobada por el Congreso Nacional, alterando su sentido y corrompiendo su alcance.
“Este hecho, independiente de la opinión que personalmente tengamos como senadores respecto del fondo de la regulación, su pertinencia o idoneidad, importa una grave infracción al orden de distribución de poderes y roles que la Constitución asigna a los órganos con legitimidad democrática directa”, declararon.
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