Estudiantes y apoderados denuncian represiones en tomas con “sicarios”

Con cinco meses de paralización de las clases muchos liceos y colegios que participan activamente del movimiento han denunciado diversos amedrentamientos para finalizar las tomas y paros.

Amenazas de expulsión y desalojos con fuerzas especiales han sido parte de la tónica a la que han recurrido las autoridades para finalizar las tomas de los liceos. La denuncia más preocupante que se ha recogido durante la movilización es la de la contratación de civiles para atemorizar a los estudiantes.

Mauricia Synmes, vocero de la toma del colegio Alberto Blest Gana de San Ramón, acusó al sostenedor del establecimiento de contratar “matones” para golpearlo. El alumno que lleva cuatro meses y medio en la toma dijo que el hijo del sostenedor, Ricardo Román, habría ofrecido 24 mil pesos a unos hombres del sector para que le fueran a pegar. Lo ocurrido fue el pasado martes 18 de octubre. Los “matones” resultaron ser sus amigos y le avisaron de inmediato a su familia. El joven puso un recurso de amparo en los tribunales de justicia de San Miguel.

Ricardo Román, consultor de empresas e hijo de Fernando Román, director y sostenedor del Colegio, dijo que se han producido “robos y destrozos” en el lugar. Se han registrado reclamos de vecinos porque han tirado pintura y piedras en la casa del director. “Me parece insólita esta acusación, la cual sigue la dinámica de los actos que han realizado”, dijo Román. A su vez, aseveró que el 75% de los alumnos está participado en el Plan Salvemos el Año Escolar, con clases por las tardes en el edificio que no está tomado (el de educación básica).

Román afirmó que los padres de Synmes el pasado jueves 20 de octubre fueron a buscar sus papeles para retirarlo. Sin embargo, el joven declaró que esos papeles eran para renovar su matrícula para el próximo año, además cuando los fueron a retirar se los negaron.

JOVEN HERIDO DENUNCIA GOLPIZA DE ‘SICARIOS’

Otro caso de denuncia de “Sicarios” es el que ocurrió en la víspera del 18 de septiembre en el Liceo Juan Antonio Ríos hacia jóvenes del dicho establecimiento y del LEA (Liceo Experimental Artístico), donde un niño de 14 años resultó gravemente herido.

Durante la noche del sábado 17 de septiembre, un grupo de alumnos del LEA se pasaron al Liceo Juan Antonio Ríos el cual queda cruzando la calle. Ambos establecimientos estaban tomados.

Cuando estaban dentro unos civiles botaron una de las paredes y entraron para golpearlos, mientras un retén móvil de Carabineros estaba estacionado fuera, el cual se llevó a cinco alumnos de ambos liceos. Entre ellos estaba Max Muñoz Suazo de 14 años, quien resultó con graves lesiones y con su mandíbula rota.

Evelyn Suazo, madre de Max, explicó que la llamaron a las cuatro de la mañana para decirle que su hijo estaba haciendo desórdenes en la vía pública y que había roto el vidrio de un auto. La madre no da fe de esa información y explicó que esa noche en la comisaría, mientras estaban detenidos los jóvenes, entró a la celda “uno de los sicarios y les volvió a golpear y esta vez los amenazó con matarlos si volvían a la toma”. Evelyn cree que esta es otra “treta para intimidar” al movimiento estudiantil.

Este viernes, 28 de octubre, la organización Defensoría Popular presentará a la justicia el caso de Max, luego de recabar información médica, policial y testimonial. Como explicó María Rivera, coordinadora del organismo, han recibido varios casos de esta índole, de los cuales, 10 están en el proceso de interponer querellas, amparos y acciones jurídicas.

“Todos los casos se han dado en el contexto de la retoma. Tenemos un caso donde los alumnos se han encontrado con civiles custodiando el liceo armados con palos y fierros”, comentó Rivera.

DENUNCIA A ORGANISMO INTERNACIONAL

Hasta el momento todas estas denuncias están en investigación. Las tomas y movilizaciones siguen, al mismo tiempo que las represiones. Este viernes 28 de octubre representantes de organizaciones de derechos humanos del país, tendrán una presentación ante la Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), lo cual es reflejo de la necesidad de que sean escuchados los casos de violencia en Chile, aunque sea por un organismo internacional.

Por Estefani Carrasco Rivera

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