Gobierno repone proyecto del Defensor de las Personas

Con el respaldo de diputados de RN, como Karla Rubilar, el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, anunció que el proyecto será repuesto en diciembre en la Cámara.
Antes del anuncio a la prensa, el ministro recibió a diputados de diversas bancadas en su gabinete, quienes le solicitaron reponer la iniciativa legal que, si bien fue aprobada en general en la sesión del 8 de octubre en la Cámara, esta semana fue rechazada, al no alcanzar el quórum requerido de 71 votos, en su votación en particular.

El miércoles el proyecto recibió 64 a favor, 26 en contra y 6 abstenciones. Los votos en contra fueron de diputados de la UDI más el RN Maximiano Errázuriz. Las abstenciones correspondieron a legisladores de la UDI y del PPD René Alinco.

El ministro dijo que «hemos recibido la petición de los diputados que representan distintos partidos, en el sentido de reponer el defensor de las personas y esperamos hacerlo en la primera semana de diciembre, con discusión inmediata, de tal manera de que pueda ser votado antes de Navidad en la Sala, donde esperamos que se alcance el quórum requerido que no se obtuvo la vez pasada por una serie de circunstancias que estamos ciertos no se van a volver a repetir».

«Es un proyecto que no puede dejarse de lado, no puede esperar y, por ende, hoy día diferentes parlamentarios de diferentes bancadas estamos representando nuestra voluntad de sacar adelante este proyecto por el bien del país», manifestó la diputada Rubilar.

El proyecto de ley rechazado señalaba que el Defensor de las Personas sería nombrado por la Cámara de Diputados, en una sesión especial convocada para tal efecto, gozaría de fuero e inamovilidad en su cargo en que duraría 5 años, pudiendo ser reelegido por un nuevo período.

El Defensor tendría a su cargo el resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los Tratados Internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y personas que ejerzan actividades de servicios de utilidad pública, lo que incluye a empresas que prestan servicios básicos.

Fuente; Camara.cl