Ejército de Chile niega tener «más información» sobre los detenidos desaparecidos

El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, negó que los oficiales activos de esa rama de las Fuerzas Armadas tengan «más información» sobre el paradero de los detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Augusto Pinochet, señalando a la prensa que «hoy con mucho orgullo podemos decir que no tenemos ningún requerimiento pendiente en […]

Ejército de Chile niega tener «más información» sobre los detenidos desaparecidos

Autor: Absalón Opazo

El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, negó que los oficiales activos de esa rama de las Fuerzas Armadas tengan «más información» sobre el paradero de los detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Augusto Pinochet, señalando a la prensa que «hoy con mucho orgullo podemos decir que no tenemos ningún requerimiento pendiente en cuanto a las causas de derechos humanos»

Tras subrayar que en el Ejército «no hay ninguna restricción de entregar información», Oviedo puntualizó que son los militares de aquella época quienes han respondido ante la justicia. «El Ejército no puede responder por ellos», recalcó el jefe del Ejército, que hizo estas declaraciones al ser consultado sobre el proyecto de ley que levanta el secreto de los testimonios prestados ante la Comisión Valech, instancia que documentó las torturas que sufrieron miles de personas en Chile durante la dictadura.

Esta iniciativa, que pretende «contribuir a la verdad, la justicia y la reparación», será discutida con urgencia en el Parlamento, según anunció la presidenta del país, Michelle Bachelet, durante el acto oficial del Ejecutivo, en conmemoración de los 44 años del Golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular.

En ese sentido, la Comisión Valech, constituida durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), estableció con base en testimonios de víctimas, victimarios y testigos, que 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante la dictadura, pero determinó un secreto de 50 años sobre su contenido. Esto ha impedido que las víctimas puedan aportar datos cuando recurren a la Justicia en busca de alguna reparación del Estado por el daño sufrido.


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