El futuro de Magallanes se tiñe de salmoneras

Levantan moratoria. Contraloría debe investigar.

La industria del salmón ha presentado 1.600 solicitudes de nuevas concesiones en Magallanes y sus planes son incrementar en 1.300 por ciento las producciones para los próximos cinco a ocho años en esa región austral. Sectores productivos, parlamentarios y organizaciones ciudadanas temen que se repita el desastre ambiental, sanitario y social provocado por esta industria transnacional en Puerto Montt y Chiloé.

La Subsecretaría de Pesca (Subpesca) levantó la moratoria establecida para el ingreso y tramitación de solicitudes de concesión acuícolas en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en medio de serias denuncias de empresarios del sector turismo, parlamentarios y organizaciones de medioambiente en contra del Gobierno Regional por manipular los resultados del proceso de zonificación del borde costero en favor de la salmonicultura.

Desde Punta Arenas, el economista de la Universidad de Chile, José Vera Giusti, director (s) de la Cámara de Turismo Austro Chile, asegura que “tal como se había previsto, las posibilidades de fomentar el desarrollo regional en Magallanes se ven amenazadas directamente por la fragilidad institucional ante el lobby salmonero. Las recomendaciones y ordenamiento a que se había llegado con un largo trabajo ciudadano en la Comisión Regional de Borde Costero, han sido modificadas misteriosamente, y áreas que habían sido seleccionadas para la conservación o el turismo como los senos Europa, Amalia, Asia, entre muchos otros, han aparecido como destinados para la salmonicultura”.

Vera Giusti denuncia que “se ha ignorado por completo el hecho que en términos de balance costo-beneficio económico, la industria salmonera acarreará pérdidas para la región. Estas pérdidas, largamente advertidas, se asocian a los efectos devastadores que tendrá la salmonicultura para la actividad del turismo, cuyos fundamentos y desarrollo se han basado en la promoción de una geografía impoluta, con escasa o nula presencia humana y, ciertamente, sin presencia masiva de industrias depredadoras del medioambiente”.

El senador por la Región de Magallanes Pedro Muñoz (Partido Socialista, PS) afirma que “hubo una decisión política de impulsar la salmonicultura. El proceso de zonificación del borde costero ha sido poco participativo. Hay también constancia de alteraciones en los acuerdos, por lo que espero que Contraloría pueda investigar, y que también las actividades económicas que se verán afectadas agoten los esfuerzos, no sólo allí, sino también en otros organismos”.

“En el fondo, se quiso provocar un resultado y dar algo de legitimidad a una decisión tomada. ¡Si la salmonicultura está en el Plan Magallanes! ¡Después de eso quién puede pensar razonablemente que el gobierno regional y las autoridades nacionales eran imparciales para llevar adelante una definición del borde costero técnico y transparente!”, cuestiona el parlamentario.

Por su parte, el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, señala que “antes de expandirse en Magallanes, este monocultivo industrial con tan sólo ocho centros productores de salmón del Atlántico, provocó el primer brote del temido virus ISA. Con ello destruyó irreversiblemente el patrimonio sanitario marino de una de las regiones más puras del planeta, que se encontraba hasta noviembre pasado libre de este patógeno”.

Para Cárdenas, esta situación “deja en evidencia que la “nueva salmonicultura 2.0” es tan sólo propaganda, y que la expansión del monocultivo industrial de salmones en Magallanes será incompatible con la actividad turística, la salud pública y la estabilidad de sus ecosistemas y biodiversidad acuática y terrestre”. Por esta razón, diversos actores regionales se preparan para impugnar ante Contraloría este proceso de zonificación costera, que consideran viciado e ilegítimo, en el confín del mundo.

GOBIERNO RECHAZA DENUNCIAS

El Gobierno regional de Magallanes desestima las acusaciones. En entrevista con El Ciudadano, el secretario regional ministerial (Seremi) de Economía, Pablo Ihnen, asegura que “las denuncias no tienen fundamento, pero los sectores que se sientan afectados pueden recurrir a Contraloría u otros organismos a presentar sus reclamos. Los representantes del clúster de turismo y de la pesca artesanal estuvieron representados durante todo el proceso de zonificación”, dice el funcionario. Y agrega que “en Última Esperanza, las votaciones de los distintos sectores fueron unánimes y hubo absoluto acuerdo, el cual se ha respetado”.

En opinión de Ihnen, “hay sectores que se oponen a la salmonicultura, por lo tanto siempre van a estar en contra de cualquier zonificación del borde costero, y es muy difícil llegar a acuerdo con ellos. Toda actividad industrial tiene riesgos e impactos negativos, pero estos tienen que ser fiscalizados y en eso está trabajando el Gobierno”.

Frente a las denuncias de falta de control y monitoreo efectivo por parte del Estado, el Seremi de Economía asegura que “actualmente existen cerca de diez centros del cultivo operando en la región, y Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) cuenta con seis fiscalizadores. Se podría decir que hay casi un fiscalizador por centro”.

Pero, en contraposición, el propio director de Subpesca en Magallanes, Ricardo Radebach, comentó que la región aún no está lista para recibir esta verdadera explosión de salmoneras.

Al respecto, Ihnen replica “que efectivamente hay muchos servicios necesarios para el desarrollo de esta industria que no están en Magallanes, pero eso no quiere decir que Magallanes no esté preparada. Algunos se subcontratan. Con menos de diez centros de cultivo funcionando no es atractivo para nadie instalarse en la región, pero una vez que la industria del salmón empiece a crecer va haber interés en invertir”.

Por Isabel Díaz Medina

El Ciudadano Nº103, primera quincena junio 2011