El tema de la desigualdad manifestada en calidad de vivienda, acceso da bienes de primera necesidad, salud, salario, educación, etc…, alcanza niveles escandalosos. Este hecho lo ratificó la 89 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, reunida entre 18 y el 22 de abril de 2005.
En el 2006 se produjo la “revolución de los pingüinos”. En el 2011, ha rebrotado el conflicto con el movimiento estudiantil que pide fin al lucro en la educación que, en otros términos, significa terminar con las diferencias sociales sostenidas por la clase dominante y por quienes se identifican con ella.
Lo que acontece hoy, no es novedoso. Ya en el período de la Reconquista hubo chilenos que lucharon junto al ejército español, lo que condujo a cerrar el Instituto Nacional, a prohibir la aparición de “La Aurora de Chile”, a abolir la libertad de vientres, a perseguir a sus compatriotas a fin de conservar sus títulos nobiliarios, sus riquezas y sus sirvientes, conservando para su descendencia latifundios, minas y comercio, manteniendo al pueblo en la ignorancia con el objeto de tener mano de obra barata, abundante y sumisa, porque “el roto que aprende a leer, se pone altanero e insolente”.
Demostración de lo anterior ha sido el despacho de la Ley de Instrucción Primaria Gratuita y Obligatoria, que estuvo detenida en el Congreso durante 23 años, bajo argumentos tales como que , al aprobarla, se atentaría contra la autoridad paterna, pues sería el padre a quien correspondería decidir si sus hijos deberían aprender o no a leer y escribir. El Partido Conservador de la época argumentaba que la aprobación de dicha ley disminuiría la producción de alimentos, porque “si los niños van a la escuela, no se contará con ellos para que trabajen en el campo”.
En 1973, también hubo quienes apoyaron a los invasores extranjeros, liderados por Nixon y Kissinger: se trataba de chilenos coludidos con los intereses de las grandes transnacionales y que atacaron a otros chilenos que aspiraban a superar las desigualdades. Junto a obreros, pobladores, mapuche, estudiantes, también los profesores fueron implacablemente perseguidos, siendo muchos de ellos asesinados, encarcelados, torturados, vejados, vigilados, degollados, relegados, exonerados, exiliados, hechos desaparecer.
De esta forma se impuso la Directiva de Educación de Pinochet, en 1978, estableciendo que el objetivo básico de la educación sería “formar buenos trabajadores”, que sepan leer y escribir, que manejen las cuatro operaciones aritméticas y conozcan historia y geografía de Chile. La Educación Media y la Educación Superior pasarían a ser de excepción y “quienes acceden a ella, deberán pagar por tratarse de un privilegio”.
En este marco, la tarea fundamental del sistema educativo ha sido la reproducción de la desigualdad y, por esto, la educación ha abandonado la reflexión filosófica, cambiándola por un modelo economicista, a fin de homogeneizar las conciencias. De esta manera se explican los innumerables cursos de especialización que han recibido los profesores, referidos a diversos aspectos técnicos con el objetivo de jerarquizar la tecnocracia en el proceso educativo. En este ámbito, Chile también se ha sometido a los superorganismos internacionales los que, de acuerdo a su planificación del mundo, van determinando el tipo de educación que cada país necesita, conforme a si corresponden a zonas industrializadas, países dedicados a la producción de materias primas o regiones reservorios de fuentes energéticas, siendo lo sustantivo la universalización ideológica con vistas a lograr el asentamiento mundial de la hegemonía capitalista monopólica, pues “la red de comunicaciones electrónicas creará inevitablemente, una “supercultura mundial”, claramente dirigida por las élites de los países más desarrollados que impondrán “el modelo de evolución norteamericano, que es el único que asegura la supervivencia”. (Puiggros, A., “Imperialismo y educación en América Latina”. E. Nueva Imagen, cuarta edición, México, 1985, pág. 210).
En Chile, se han utilizados dos instrumentos para aquello: la atomización de la vida social y la aniquilación de la capacidad creadora del pueblo, destruyendo así la cultura nacional y sometiéndose al pueblo a un estado de esclavitud moderno y renovado. Todo ha pasado a manos de las transnacionales o de los grupos económicos asociados a ellas, dándose como resultado la desarticulación del aparato productivo nacional con su secuela del “costo social”: cesantía, sobreexplotación, hambre, etc…
La necesidad de supresión de todo lo antes señalado se sintetiza en la ahora familiar frase: NO AL LUCRO EN LA EDUCACIÓN.
Por Herví Lara
Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)