Cierre de Punta Peuco: ¿Menos arrodillados frente a los uniformes?

Se cierra Punta Peuco luego de 22 años de funcionamiento. Aún falta el anuncio oficial del Gobierno, pero la decisión está tomada, según informó La Tercera hace algunas semanas.

Por mientras, desde la administración de Michelle Bachelet recalcan que todavía no hay una fecha oficial para el traslado de los 129 condenados por violaciones a los derechos humanos, quienes pasarán a ocupar un módulo especial en Colina 1.

“La Presidenta de la República ha señalado que hay un compromiso del cierre del penal de Punta Peuco. No hay una fecha que nosotros podamos establecer en este momento. Cuando eso ocurra, el país será informado”, dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, a radio Bío Bío a principios de septiembre.

El término del centro penitenciario constituye, de alguna forma, el segundo capítulo del proceso iniciado en el período de Sebastián Piñera con el cierre del Penal Cordillera en septiembre de 2013, al cumplirse 40 años del golpe de Estado que terminó con el gobierno de la Unidad Popular.

BASTA DE PRIVILEGIOS

Con el objetivo de proyectar el escenario tras el cierre de Punta Peuco y alertar sobre las otras deudas pendientes en materia de derechos humanos, El Ciudadano conversó con distintos actores vinculados al tema, quienes entregaron sus observaciones sobre tan esperado anuncio.

“Lo tengo que ver para creer, porque nos han ofrecido, nos han dicho, han dado la palabra en muchas demandas y no han cumplido”, afirma Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

La dirigenta es partidaria de “dejar un precedente de que aquí no hay discriminación o lugares hechos especialmente para los victimarios en violaciones a DDHH y que tienen un estatus que no se condice con la realidad infrahumana y poco digna que viven los presos comunes”.

Higinio Espergue, presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, coincide con Alicia Lira al evaluar el término de Punta Peuco como “un gran avance, pero esperamos que tengan los mismos derechos que tiene toda la población penal que está cumpliendo condenas por los delitos cometidos. No queremos que estas personas reciban privilegios especiales”.

Cristián Cruz

Para el abogado de derechos humanos Cristián Cruz, “obviamente que esto es una promesa que se ha tardado demasiado en cumplir, pero más allá de la promesa, esto finalmente es una obligación. Son impresentables, contrarios no solo a la lógica, sino que a la normativa internacional, los privilegios que hoy están gozando los violadores a los derechos humanos”.

En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez cree que “la decisión presidencial de cerrar Punta Peuco será muy bien recibida por la ciudadanía. Ya estamos cansados de estos ex uniformados que se han dotado, hasta el día de hoy, de impunidad y privilegios y que ya se hace intolerable que tengan una cárcel especial para ellos”.

“SE ACABA UNA EXTORSIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA CHILENA”

400 millones de pesos fue el gasto desembolsado por el Estado durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que hizo posible la habilitación de este centro penitenciario para condenados por delitos de lesa humanidad.

El 19 de junio de 1995 ingresó el primer interno: el brigadier de Ejército y ex miembro de la DINA Pedro Espinoza, quien cumple condena por asesinato y secuestro, incluyendo el homicidio calificado del ex canciller chileno Orlando Letelier en 1976. A los cuatro meses llegó el turno del general (r) Manuel Contreras, también condenado por su responsabilidad en la muerte del diplomático.

El abogado Cristián Cruz recuerda que “el penal de Punta Peuco se inscribe dentro de la lógica de la negociación para que Manuel Contreras y Pedro Espinoza, en su momento, pudiesen entrar efectivamente a cumplir presidio. Fue un acto de genuflexión, de arrodillamiento del mundo civil frente al mundo militar. En su primer momento, Punta Peuco era resguardado por militares y los gendarmes estaban en un perímetro externo”.

En el primer año del retorno de Bachelet a La Moneda, se encomendaron los primeros estudios para evaluar la factibilidad del traslado de los ex militares condenados a un recinto común.

Por otro lado, el cierre de Punta Peuco formó parte del pliego de demandas que las agrupaciones de derechos humanos presentaron a la mandataria el 14 de julio de 2014.

“Hay un programa de derechos humanos de la Nueva Mayoría y de eso no cumplió con casi nada. Hay leyes que ratificar sobre la detención forzada, sobre el fin de las fiscalías militares, la anulación del decreto ley de Amnistía. Esas son demandas históricas, pero fueron compromisos adquiridos por la Presidenta que no han sido cumplidos”, acota Alicia Lira.

De todas formas, el final para Punta Peuco se acercaba. En agosto de 2015, Carmen Gloria Quintana, víctima sobreviviente del Caso Quemados, dijo en entrevista con El Desconcierto que Bachelet se había comprometido a ejecutar la clausura del emblemático recinto penal.

“Yo estuve conversando con la presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como proyecto de ley al Congreso”, señaló al portal de noticias.

Ese año no se concretó la medida, tampoco al siguiente. Sin embargo, en julio pasado, Bachelet confirmó aquel compromiso. En diálogo con CNN Chile dijo: “Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que está en mis manos hacer”.

Con el anuncio, “se acaba una extorsión sobre la democracia chilena”, afirma el diputado Hugo Gutiérrez, para quien “ésta fue una cárcel que se construyó para albergar a ex uniformados que no querían cumplir su pena en una cárcel común y que señalaron de manera categórica y perentoria, a través de sus altos mandos, de que ellos solo cumplirían la pena si es que estaban en un recinto especial”.

LOS NUEVOS PRESOS COMUNES

Del cierre de Punta Peuco ya se conocen algunos detalles. De acuerdo a la publicación de La Tercera, la nueva casa de los condenados por violaciones a los DDHH se compone de tres pabellones divididos en 10 celdas de dos metros de largo por dos de ancho.

En su interior, hay una enfermería con el fin de evitar al máximo posible que los reclusos deban salir a algún centro asistencial, atendiendo su avanzada edad. En total, el Gobierno desembolsó $1.500 millones.

A pesar de estas especificaciones, Alicia Lira, presidenta de la AFEP, teme que el cierre de Punta Peuco se concrete a cambio de beneficios carcelarios para los internos. “Tenemos la leve sospecha de que una vez que estén trasladados, empiecen y retomen este show de la demencia senil, de los ‘pobres ancianos’ que están viejitos y enfermos”, sostiene.

Según explica, sus sospechas tienen fundamento. “Del (año) 90 en adelante, los hechos en sí mismos nos hicieron ser desconfiados. Hemos valorado siempre las acciones que han beneficiado el marco de verdad y justicia, pero siempre han influido las presiones de los familiares”, añade.

En palabras de Higinio Espergue, de la Corporación Villa Grimaldi, “quienes cometieron crímenes tan graves no pueden tener privilegios ni beneficios carcelarios, porque si no cualquier criminal comete crímenes, torturas, secuestros, hace desaparecer, bota los ciudadanos al mar y eso al final no tiene ningún costo… El país tiene que decir que esas cosas no se permiten ni pueden ser toleradas”.

Por su parte, el abogado Cristián Cruz precisa que “en la práctica, algunos de ellos ya han obtenido beneficios y no veo ninguna razón para que se les siga concediendo”.

Además, subraya en que “hace bastante tiempo que el penal de Colina 1 está albergando a decenas de violadores a los DDHH y ninguno de ellos ha recurrido a la justicia o a la prensa, acusando que el recinto de Colina 1 no cumple con las condiciones adecuadas para su habitabilidad. Es decir, lo de Punta Peuco es más bien un discurso político, donde ellos lo que quieren es asentar la calidad de víctimas, cuando ellos tienen calidad de victimarios”.

Efectivamente, en abril de 2017 comenzó el traslado a Colina 1 de 33 reos sentenciados por las muertes de los frentistas Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola en 1987.

Los condenados fueron llevados a un módulo especial y aislado del resto de la población penal. Les tocaba enfrentarse a condiciones mucho menos confortables que las ofrecidas por el moribundo Punta Peuco, puesto que en septiembre de 2013 la opinión pública se enteró de las cómodas salas de estar, cocinas bien equipadas y terrazas para recibir a familiares, entre otras regalías, dispuestas en el cuestionado centro de reclusión.

El diputado Gutiérrez sostiene que la derivación a una cárcel común pone a los violadores de DDHH “en igualdad de condiciones a cualquier preso”.

A partir de ese análisis, el parlamentario PC manifiesta que “ellos podrían postular a las penas alternativas que establezca la ley, pero uno no puede aceptar que estando en una cárcel de privilegio, con penas insignificantes en relación a la magnitud del delito, reciban beneficios carcelarios. Eso es inaceptable. En consecuencia, cualquier beneficio que se quiera hablar para los violadores de DDHH, pasa necesariamente por su internación en una cárcel común”.

DEUDAS PENDIENTES

Si es posible asegurar algo a partir del cierre de Punta Peuco es que apenas constituye un pequeño paso para saldar la abultada deuda del Estado chileno en materia de DDHH.

De hecho, el país aún es incapaz de pagar “la deuda más grande, que es buscar todos los mecanismos para que haya y se busquen los restos de los detenidos desaparecidos”, comenta Alicia Lira.

Higinio Espergue identifica otras obligaciones del Estado, como la ruptura de los pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, educación cívica en DDHH para los uniformados y una reparación para los ex presos políticos.

“Falta que la justicia realmente avance, no aplique penas mínimas y que se sancione a todos los culpables con las penas que corresponden a los delitos que cometieron, porque en definitiva, se está imponiendo lo que se denomina ‘impunidad biológica’, o sea, los familiares van falleciendo y no alcanzan a ver que se haya hecho justicia sobre su detenido desaparecido o ejecutado político”, asevera.

Cecilia Huenante. Los Muermos. 29 de diciembre de 2016. Foto de Fernando Lavoz

El abogado Cristián Cruz coincide en la necesidad de más “educación en los organismos castrenses y públicos, porque mientras seguimos investigando los crímenes de ayer, hoy está absolutamente clara la responsabilidad de Carabineros en la desaparición forzada de José Huenante y José Vergara, además de las torturas a estudiantes y el robo que han perpetrado los oficiales de la institución”.

Sin embargo, considera indispensable “un gobierno que esté dispuesto a ello, que no ceda a las presiones del mundo castrense y demás poderes fácticos. Se necesita que el Poder Judicial tenga todos los recursos a su disposición para la investigación”.

En tanto, el diputado Hugo Gutiérrez cree necesario “darle discusión inmediata al proyecto de ley que termina con el secreto de los 50 años del Informe Valech. Es relevante y el Gobierno tengo entendido también le parece que es algo en lo que hay que avanzar”.

“También creo que sería altamente conveniente que se dé urgencia al proyecto que crea el delito de la desaparición forzada. A eso hay que agregarle la revisión de todos los casos de prisión política y tortura que no fueron debidamente calificados cuando se tuvo abierta la Comisión Valech”, agrega el parlamentario por Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.

Alicia Lira está consciente de que “el sector de la derecha y un gran sector de la Concertación han apostado siempre a dar vuelta la hoja”. Sin embargo, advierte la plena vigencia de la lucha de los familiares de aquellos que fueron asesinados o desaparecidos en dictadura.

«Desde el 90 el tema de DDHH ha sido una piedra en el zapato y lo va a seguir siendo, porque estarán muriendo muchos de nuestros familiares, pero están quedando los hijos, nietos y muchas organizaciones comprometidas con el tema”, sentencia.

*Reportaje publicado en la edición nº 216 de la revista El Ciudadano.