Caso Luchsinger-Mackay: Procesados dicen que Fiscalía ha mostrado «poca seriedad en su acción» y advierten su desesperación ante un «fracaso inminente»

Este fin de semana, los presos mapuche acusados por el caso Luchsinger-Mackay difundieron una declaración pública, en la que denuncian la «constante parcialidad» de los jueces que llevan la causa.

«Dentro de las sucesivas audiencias en los tribunales de Temuco, hemos evidenciado la constante parcialidad de los jueces que llevan este juicio. Creemos que dan mucho favor a los fiscales», dice el texto, añadiendo que «una y otra vez los fiscales han presentado a policías y peritos como testigos que hablan y exponen únicamente en base a la supuesta declaración del ‘testigo clave’, José Peralino, quien ya sabemos, se retractó de sus dichos en la formalización de este caso en marzo del 2016, denunciando apremios ilegítimos por parte de los mismos policías que ahora son testigos».

«Lo  más grave -continúa el texto- es que nuestros abogados defensores no han podido realizar su trabajo de contrainterrogatorio a estos pseudo- testigos, vulnerándose así el derecho a la defensa de cada imputado, ya que una y otra vez los abogados querellantes y fiscales objetan las preguntas basándose en que estos testigos hablan de las declaraciones de un tercero y desconocen más detalles. Estas objeciones son aprobadas muchas veces por los jueces, quedándose incompleto el interrogatorio por parte de nuestros defensores y dejando puntos importantes por discutir y aclarar en el juicio».

A pesar de estas notorias irregularidades, para los procesados por el caso Luchsinger Mackay «ha quedado muy en claro ante todos los presentes la debilidad de cada testimonio, la falta de rigor de la fiscalía en las pruebas, las dudas e incoherencias que han demostrado sobre todo los agentes de la PDI Guillermo Vilches y Claudio Leiro, quienes ante muchas preguntas respondieron ‘que desconocen’, ‘no se acuerdan’ o ‘no están seguros’, quedando muy en claro el irregular procedimiento policial a Jose Peralino, ya que lo hostigaron por más de dos años, nunca le leyeron sus derechos, ni tampoco le proporcionaron un abogado, lo que serían garantías mínimas para proceder a tomar declaración dentro del marco de uno de los casos que ha tenido mayor notoriedad en la región».

Asimismo, los comuneros hacen notar la ineficiencia «dudosa» de los fiscales Alberto Chifell y Luis Arroyo, «quienes no hicieron ningún registro de audio ni video al testigo más importante para ellos. En pleno siglo veintiuno los fiscales y expertos PDI no tuvieron a mano ni siquiera un celular con el que grabar a José Peralino».

En ese punto, los procesados denuncian que el día jueves 14 de septiembre los fiscales trataron de incorporar una prueba nueva, consistente en un perito psiquiátrico y un informe de este perito, aplicado a José Peralino, «lo cual está completamente fuera de plazo, siendo ya la segunda vez que la fiscalía realiza esta maniobra truculenta, ignorando los plazos legales establecidos, demostrando la poca seriedad en su acción y mostrando su desesperación ante un fracaso inminente».

«Queremos decir que el vocero de la fiscalía Roberto Garrido miente en sus declaraciones al término de cada audiencia, donde dice que se han presentado  pruebas contundentes, siendo muy distinta la realidad evidenciada al interior de la sala. En los últimos días ha dicho que según el perito planimétrico, se confirmaría la versión de Peralino de que hubo una reunión en la casa de la machi, lo cual es falso puesto que el perito solo dio datos de la ubicación del  domicilio de cada imputado, lo que nuevamente no los vincula al hecho, sino que establece a qué distancia están sus casas», explican en el comunicado.

«Es indignante escuchar a estos testigos que nunca estuvieron en el sitio de los hechos, y a peritos que tienen supuestas pruebas científicas como las georeferenciaciones, que terminan siendo principalmente supuestos e imprecisiones, pues éstas  no vinculan a ningún imputado directamente con el hecho, más bien basándose en tráfico telefónico, se da cuenta que existieron llamados entre algunos de los involucrados, cosa que nadie niega, pues muchos son familias y vecinos, y éstas georeferencias no los sitúa en un lugar especifico, sino en un área bastante amplia», agregan.

Finalmente, el texto difundido por los procesados el caso Luchsinger Mackay, apunta a la complicidad de la prensa ante las declaraciones del vocero de la fiscalía: «La prensa racista solo tiende a confundir y demuestra la colusión que existe entre la fiscalía y los medios de  prensa y televisión para ir distorsionando lo que realmente sucede dentro de cada audiencia. Esto es manipulación mediática para seguir generando una opinión adversa hacia nuestro pueblo mapuche, nuestras autoridades tradicionales  y los dirigentes de comunidades», finaliza la declaración.