Funcionarios de Cpech exigen mejoras laborales a su empresa, que lucra con la educación

Los trabajadores de los preuniversitarios Cpech marcharon hoy, 8 de noviembre, desde metro República hasta el ministerio del Trabajo para entregarle a las autoridades una carta con sus demandas

Funcionarios de Cpech exigen mejoras laborales a su empresa, que lucra con la educación

Autor: Cesarius

Los trabajadores de los preuniversitarios Cpech marcharon hoy, 8 de noviembre, desde metro República hasta el ministerio del Trabajo para entregarle a las autoridades una carta con sus demandas. Tras su quinto día de huelga legal, los funcionarios esperan terminar con la “precarización” de su trabajo por parte del grupo empresarial GEC (Grupo Educacional Cpech) que sólo por la cadena de preuniversitarios tiene cerca de 3.300 millones de pesos de utilidades al año.

El grupo GEC es dueño de establecimientos educacionales desde la enseñanza básica hasta la educación superior en post grado. En su propiedad están los colegios particulares subvencionados Terraustral; la cadena de preuniversitarios Cpech, que tienen 47 sedes en todo Chile; la cadena de Institutos profesionales IP Chile, con sedes en Santiago, La Serena y Rancagua; la Universidad Ciencias de la Informática (Ucinf) la cual fue fundada por oficiales en retiro del ejército general José Fernándo Mutis Puccio y el coronel Víctor Manuel Molina; y del Centro de Estudios y Diplomados a Distancia (Ceac). Los socios de este grupo son Eduardo Avayú Guiloff, Cristian Moreno Benavente, Carlos Schaerer Jiménez y Fernando Camacho Ives.

Leonardo Ormazábal presidente de trabajadores del sindicato Cpech, quien trabaja cómo profesor de matemáticas, denunció que la empresa está contratando a reemplazantes mientras los funcionarios siguen en la huelga legal. La dirección del trabajo resolvió que la empresa no puede hacer esto, sin embargo, de todas formas lo está haciendo, dispuesta a pagar las multas correspondientes. “Creemos que es una inmoralidad tremenda porque existe un dictamen de una institución del Estado que lo prohíbe”, dijo Ormazábal.

Las demandas que hace el gremio tienen que ver con ajustes de sueldo y participación en los procesos evaluativos de los trabajadores. El sindicato está compuesto por profesores, auxiliares y secretarias, quienes en su conjunto demandan mejores condiciones laborales. En cuento a los profesores se critica una precarización del trabajo debido a que sólo los contratan por ocho, de abril a noviembre. “Esto quiere decir que cada tres años perdemos uno de imposiciones”, explicó Ormazábal.

También reclaman que la contratación por hora o bloque “apunta a producir trabajadores productivos pero de bajo consto”. El dirigente explicó que entre bloques hay 10 minutos de recreo donde también realizan actividades del trabajo y esos tiempos no son pagados. “Fácilmente se pueden acumular 50 minutos al día. El pagar estos lapsos significa aumentar en un 16% el sueldo de los docentes”, indicó el líder sindical.

El presidente del sindicato, que representa a más de 200 trabajadores afiliados en el país, dijo que estas demandas son justas si se toma en cuenta la cantidad de dinero que gana la empresa en la que trabajan.

Respecto a la contingencia nacional de las movilizaciones estudiantiles, esta huelga refuerza la idea de mejorar la calidad, fiscalización y gratuidad en la educación. “Espanta la cantidad de lucro en la educación, los preuniversitarios cobran caro por el servicio que prestan, mientras le pagan muy mal a sus trabajadores”, dijo Leonardo Ormazábal.

El movimiento sindical que se ha manifestado en Temuco, Concepción, Rancagua y La Serena ha participado de las marchas por la educación y en este sentido desean que el Estado normalice a este tipo de empresas.

El miembro de comunicaciones del sindicato, Nelson Zuñiga, informó además que en la sede de Maipú fueron amenazados con la fuerza pública por estar manifestándose. A la vez, dijo que en la sede de San Bernardo los funcionarios han sido insultados y humillados por las autoridades. En Rancagua hubo renuncias ante amedrentamientos. Ormazábal, dice que esta serie de prácticas antisindicales que van desde despidos de socios hasta llamados telefónicos hacen que el conflicto “pase a temas que sobrepase los mínimos legales”.

Por Estefani Carrasco Rivera

El Ciudadano


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