Los contratos de BancoEstado con parlamentarios que la norma prohibe

Polémica ha causado en las últimas semanas la negación por parte del BancoEstado a entregar créditos a los candidatos que postulan a un escaño en el Congreso Nacional.

El caso de Óscar Rementería, aspirante por el partido Amplitud –de Lily Pérez–, es uno de los que más bulla ha causado. El también dirigente del Movilh recibió tremenda puerta en la cara por parte de la entidad, y denunció el fin de semana pasado ante el Servel la relación que el banco tiene con diputados en ejercicio que van a la reelección.

Así lo relata una noticia del diario Pulso, en el que se informa acerca de dos artículos de la Constitución que ponen límites en este ámbito, como el 57º, que prohibe a candidatos al Congreso tener contratos con el Estado; y el 60º, que establece que cualquier parlamentario en ejercicio que causare contratos con el Estado deberá cesar sus funciones.

En ese sentido, también existe una declaración por parte de la entidad bancaria, que no consta en actas, oficios o algún documento, en la que se establece que desde 1995 no se otorgarían créditos a ningún parlamentario o candidato.

Pero el medio citado detectó a ocho diputados con vínculos contractuales con BancoEstado. Seis de ellos (Juan Antonio Coloma, Iván Flores, Juan Morano, Jaime Pilowsky, Yasna Provoste, Leonardo Soto) mantienen créditos hipotecarios, mientras que Christian Urízar (PS) mantiene un depósito a plazo.

BancoEstado argumentaría diciendo que el crédito solo se interpretaría como un contrato. La abogada constitucionalista, Ángela Vivanco, afirmó a Pulso algo que se distancia de esa versión, afirmando que un contrato «puede ser un crédito, un fondo mutuo o un depósito». De todas formas, la leguleya explicó que habría que ver desde cuándo está estipulado ese contrato para ver si es que podría producirse un incumplimiento de las normas.