Periodista chileno en Cataluña analiza el proceso independentista: «Ha reinstalado la idea de que España es un Estado plurinacional»

En las últimas semanas la tensión ha escalado hasta el límite entre el Estado español y el gobierno catalán a partir de las medidas del Ejecutivo encabezado por el líder conservador Mariano Rajoy, que ha dispuesto la detención de funcionarios, requisación de papeletas de votación y la orden de cerrar los centros de votación dispuestos para este 1 de octubre.

De esta forma, el escenario previo a la consulta de este domingo 1 de octubre es de movilización por parte de la ciudadanía catalana, que ha salido a las calles para manifestar su apoyo al proceso y a defender el derecho a decidir si desean concretar la independencia de España o no. De hecho, para las jornadas de este jueves 28 y viernes 29 las universidades de la región convocaron a paro como forma de apoyar las manifestaciones, lo mismo en el caso de los funcionarios públicos. Y para este 30 de septiembre ha sido convocada una huelga general de trabajadores.

De esta forma se espera, según publican diferentes medios de prensa catalanes, una participación cercana al 70% para las votaciones de este domingo.

Desde la Generalitat, el gobierno catalán, encabezada por Carles Puigdemont, las señales han sido claras: «Habrá todas las mesas y los ciudadanos podrán votar. Si alguien intenta impedir el voto, los ciudadanos igualmente podrán votar«, señaló el vicepresidente Oriol Junqueras, quien agregó que «aunque nos lleven una urna, o cien o doscientas, o se cierran un colegio, no sufran, hay alternativas».

Los dichos del representante catalán son una respuesta a las medidas adoptadas desde el gobierno español, que en las últimas horas ha ordenado la toma de los centros de votación por parte de la policía y la nueva incautación de material para las votaciones. Al mismo tiempo, se ha concretado el envío de 6.000 agentes de manera indefinida a Cataluña, junto con el traslado de un carro lanza-aguas, adquirido por La Moncloa por 348 mil euros y que aún no ha sido estrenado.

Ante esto, diferentes organizaciones políticas y sociales catalanas han hecho un llamado a defender el derecho a participar de las votaciones y a utilizar los colegios dispuestos para ello. En este sentido, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, declaró este viernes 29 que «hoy comienza la movilización popular para defender los colegios. Animamos a participar masivamente y pacíficamente».

Para conocer del contexto previo a las votaciones, El Ciudadano se puso en contacto con el periodista chileno residente en Barcelona, Pablo Portales, quien sostiene que el proceso que se ha llevado adelante en Cataluña «ha demostrado ser capaz de crear dificultades y ganar la mano, como ocurrió con el proceso de participación el 9 de noviembre de 2014 con una consulta que movilizó a 2,3 millones de catalanes, con la prohibición del gobierno».

Respecto de la respuesta del gobierno conservador de España, Portales sostiene que esta se debe a que «el autoritarismo de Rajoy ha radicado -por una parte- en el silencio, la inacción o la negativa de iniciar un diálogo con los catalanes sobre lo principal: el derecho de decidir mediante un referéndum de autodeterminación». Junto con eso, agrega: «Aprovechó para convertir el Tribunal Constitucional en un recurso político que es el que ha sancionado la ilegalidad del referéndum y en seguida iniciar una persecución política a través de la fiscalía y los tribunales».

Finalmente Portales, haciendo una proyección post referéndum, explica a este medio que «las tensiones lo más probable es que se agudicen resulte o no el referéndum; también ello podría ocurrir en Cataluña, donde en el gobierno y entre los partidos independentistas hay diferencias de cómo continuar».

Pablo Portales

A dos días del referéndum, ¿cuál es el ambiente político-social que se puede describir en Cataluña? 

El ambiente, a 24 horas de abrirse los colegios electorales, es de alta incertidumbre. El abismo entre los gobiernos de España y de Cataluña parece irreparable. Desde Madrid llega la voz del portavoz de gobierno de Rajoy que desautoriza al presidente y vicepresidente del gobierno catalán, Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras, interlocutores de Madrid para iniciar un diálogo político, después del 1 de octubre. Ambos gobiernos están resueltos de “ir hasta el final”.

Y qué podría pasar el domingo. La incertidumbre creció cuando la policía catalana, Mossos d’Esquadra, se negó a colocarse bajo las órdenes del Coronel de la Guardia Civil (policía estatal), enviado por el Ministerio del Interior, para preparar las contingencias del 1 de octubre y definir las actuaciones. Sin embargo,  ayer (viernes después de mediodía), el Tribunal Superior de Justicia, la autoridad encargada de impedir el referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, ha logrado atenuar las desconfianzas y fijar un modus operandi con las policías que actuarán.

¿Ya ha actuado la policía para evitar las votaciones?

Ya ha comenzado la acción policial. Los Mossos de Esquadra (policía catalana), como primera avanzada están cerrando colegios y procediendo a desalojar sin violencia colegios electorales, la mayoría escuelas públicas, que están siendo ocupados por padres y apoderados, con familia, con el propósito de mantenerse para proteger la preparación del referéndum y asegurar su inicio y desarrollo. La instrucción del Tribunal a los Mossos es que las sedes electorales estén cerradas a las seis de la madrugada del domingo 1 de octubre.

Los Mossos, que han ganado una alta popularidad en Cataluña por la forma de enfrentar los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils el pasado 17 de agosto, actuarán sin reprimir por la fuerza la eventual “resistencia pasiva” de la gente. En caso que la persuasión no dé resultados, recurrirán a la ayuda de la Guardia Urbana (municipales) y si la resistencia hace imposible el cometido recurrirán a las policías del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional).

¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía catalana ha esta estrategia de la policía?

El movimiento civil independentista desde el 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil detuvo a 14 altos funcionarios del gobierno en 41 allanamientos simultáneos en instituciones y empresas, ha continuado en días sucesivos demostrando que su fuerza se asienta en la determinación y masividad, manteniendo su carácter no violento. La instrucción del movimiento es acudir a formar largas colas a partir de las siete de la mañana y ejercer presión ante los policías en forma imaginativa, pero en ningún caso recurrir a la violencia.

Y si los Mossos no lograran conseguir cerrar las sedes en la madrugada del domingo, sobrepasados por la gente, en caso que ello ocurra el nivel de efervescencia y posibles enfrentamientos podrían generar situaciones de las cuales ni unos y otros se atreven a hablar. El gobierno de Rajoy ha enviado a más de seis mil policías desde otras partes de España. La tensión política es elevada y la social continuará creciendo en las próximas horas cuando la policía y la gente se encuentren, sea en los lugares de votación o en las calles adyacentes.

De izquierda a derecha: Carles Puigdemont, presidente del gobierno catalán, y Mariano Rajoy, jefe de gobierno español

¿El manejo del gobierno catalán puede considerarse exitoso por develar el actuar autoritario de la administración Rajoy?

El que se haya llegado a convocar, organizar y eventualmente celebrar, que es lo que está en disputa el domingo, el referéndum de independencia es una demostración de debilidad de Rajoy. Él la descalificó a fines de 2013 y su estrategia de falta de iniciativa política durante seis años ha significado un crecimiento de la fuerza independentista, el 47,8% de los catalanes según las elecciones autonómicas de hace dos años.

El autoritarismo de Rajoy ha radicado por una parte en el silencio, la inacción o la negativa de iniciar un diálogo con los catalanes sobre lo principal: el derecho de decidir mediante un referéndum de autodeterminación; y, por otra, en la aplanadora que significó su mayoría absoluta en cinco años, la que aprovechó para convertir el tribunal constitucional en un recurso político que es el que ha sancionado la ilegalidad del referéndum y en seguida iniciar una persecución política a través de la fiscalía y los tribunales contra dirigentes y activos del movimiento independentista, entre estos al ex presidente y vicepresidenta del gobierno catalán y tres de sus ex consejeros.

La sociedad catalana reclama su derecho a decidir. ¿Cuál es la correlación de fuerzas respecto de la Independencia de España? 

Desde el punto de vista político, el independentismo prácticamente cuenta con la adhesión de la mitad de los ciudadanos. 47,8% fueron los votos que recibió en las elecciones de hace dos años. Cuenta sí con un respaldo de una movilización muy organizada y eficaz en mostrar una sensación de mayoría amplia. En las ciudades y pueblos de todo el territorio catalán la bandera independentista está en el espacio público. Alrededor de 750 municipios están en sus manos, de algo más de 900.

Esta sensación aumenta cuando el mundo no independentista de los llamados constitucionalistas (Partido Popular y Ciudadanos, más el partido Socialista) se han circunscrito a hacer oposición parlamentaria y Cataluña en Común, apoyado por Podemos, además de partidos de otras comunidades, como el vasco, adhieren y participan de un referéndum pactado y con reconocimiento, a diferencia del unilateral, como el diseñado por los partidos independentistas y sus organizaciones cívicas afines.

En todo caso, España es un Estado respaldado por la Unión Europea y cuenta con el apoyo político de Ciudadanos y socialista, el PSOE, además de las instituciones estatales, como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y las policías ante un gobierno catalán que cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de diputados en el parlamento autonómico y las asociaciones municipales catalanas, y especialmente por organizaciones cívicas con presencia en todo el territorio, como la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Las fuerzas son desiguales, pero el independentismo ha demostrado ser capaz de crear dificultades y ganar la mano, como ocurrió con el proceso de participación el 9 de noviembre de 2014 con una consulta que movilizó a 2,3 millones de catalanes, con la prohibición del gobierno.

Manifestaciones en Barcelona a favor del referéndum

¿Cómo afecta este proceso a otras autonomías que han manifestado su deseo de independencia de España?

Este proceso ha puesto sobre la mesa la idea de que el pacto constitucional de 1978 está agotado. El actual Congreso de los Diputados ha resuelto crear una Comisión Parlamentaria para estudiar cambios constitucionales. A su vez, el proceso de independencia ha reinstalado la idea de que España es un Estado plurinacional y que este hecho debe verificarse en un nuevo pacto constitucional.

El País Vasco, que es la otra comunidad autónoma gobernada por los nacionalistas, plantea el derecho a decidir, el incremento del autogobierno, aunque no son partidarios de una independencia del Estado español. Han optado por acabar de rehacer una relación de corte confederal, es decir, de desarrollar soberanías compartidas mediante un trato de igual a igual.

El proceso vivido en Cataluña ha despertado en España un interés por avanzar hacia recobrar un espíritu de descentralización, luego de la involución centralista con que ha operado el gobierno de Mariano Rajoy aprovechando la mayoría absoluta entre el 2012 y el 2016.

¿El escenario político español y catalán cómo queda luego de este proceso? 

Las relaciones están políticamente quebradas. El Rey y el gobierno español han suspendido todas sus actividades para la semana entre el 2 y 6 de octubre. Si el referéndum se desarrolla con todas las dificultades, el gobierno y los partidos independentistas podrían proclamar unilateralmente la independencia la próxima semana. Es una decisión que provoca diferencias entre los partidos que han apoyado el proceso y que dependerá del valor del resultado del referéndum.

El gobierno de Rajoy ya ha descalificado al actual gobierno como interlocutores. No hay que descartar que el conflicto escale más la próxima semana. Una independencia unilateral obligaría probablemente a una intervención de Cataluña. La Constitución dispone del fatal artículo 155, que puede significar que el gobierno central asuma algunas funciones específicas con el acuerdo del Senado, dominado por el Partido Popular.

Las tensiones lo más probable es que se agudicen, resulte o no el referéndum; también ello podría ocurrir en Cataluña, donde en el gobierno y entre los partidos independentistas hay diferencias de cómo continuar. Ahora, en caso que aceptaran una derrota del referéndum porque fue neutralizado por las policías y los resultados no dan como para proclamar una victoria, el gobierno catalán ha dicho que llamaría a elecciones autonómicas.