Colombia verá a las cero horas de mañana el comienzo de un histórico cese bilateral del fuego entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la primera en los 53 años de conflicto con ese grupo armado.
Las órdenes para que cesen las hostilidades por 101 días a partir de este domingo ya fueron dadas por el presidente Juan Manuel Santos y por el máximo líder del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino».
Esta tregua es el mayor logro en los diálogos de paz que el Gobierno y el ELN comenzaron en febrero pasado en Quito y que no parecían avanzar hasta el inesperado anuncio de cese el fuego y de hostilidades que fue hecho público el pasado 4 de septiembre.
En la toma de la decisión pesó notablemente la visita a Colombia del papa Francisco entre el 6 y el 10 de septiembre.
Para el jefe del equipo negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, este cese el fuego bilateral abre «un camino promisorio para ir aclimatando la paz», así como un «diálogo civilizado».
Según detalló hoy en una rueda de prensa, este acuerdo alcanzado por las partes va más allá del «silenciamiento de fusiles», puesto que es un conjunto de «medidas humanitarias a la que se han comprometido» tanto el Gobierno como el ELN.
Para la verificación de este cese bilateral que terminará a las cero horas del 9 de enero de 2018 se conformó un Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V) con la participación del Gobierno, la fuerza pública, el ELN, la ONU y la Iglesia católica.
Los miembros del MV&V no portarán armas y tendrán «garantías de seguridad», según lo que acordaron las dos partes que negocian un acuerdo de paz desde febrero en la capital ecuatoriana.
Durante los 101 días no habrá zonas de despeje o sitios vedados para las Fuerzas Militares, la Policía Nacional o cualquier otra entidad del Estado que perseguirán los delitos de forma normal.
Tampoco habrá concentración de integrantes del ELN en áreas de reunión y se establecerán a través del MV&V las coordinaciones necesarias para evitar incidentes en terreno.
Por último, los ciudadanos no se verán limitados en sus derechos y libertades durante la implementación del alto el fuego y podrán establecer contacto con las autoridades e instituciones locales en caso de advertir situaciones que «puedan considerar como una vulneración a su seguridad o sus derechos».