“La presidenta viaja”, esa fue la frase que usó la vocera de La Moneda, Paula Narváez, al ser consultada por Radio Bío Bío respecto a si la presidenta Michelle Bachelet había aceptado la invitación que envió el viernes pasado la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para que los acompañe en el partido Chile-Brasil, registrado en Sao Paulo, y en el cual finalmente los connacionales cayeron derrotados, terminando con el sueño de participar en Rusia 2018.
Confirmación oficial del Ejecutivo que llegó una hora antes de que la gobernante, junto a su equipo de comunicaciones y de seguridad, tomaran el avión de la Fuerza Aérea para trasladarse a Brasil. Viaje que había sido preparado minuciosamente tanto por la Presidencia de la República como por la FACh, pese a que las respuestas de La Moneda, hasta antes de la confirmación, eran que la mandataria “no sabía si viajaría”.
Sin embargo, según la información a la cual accedió La Radio, tanto por altas fuentes de la Fuerza Aérea como por personas que conocen del mercado aéreo chileno, “mover” el avión Gulfstream IV de la FACh tiene un costo por hora superior a los US$7 mil, ósea $4 millones 403 mil, lo que multiplicado por 8 horas, que es el tiempo total del trayecto ida y vuelta entre Chile y Brasil, ascendería sobre los $35 millones, sin contar la comida abordo y las horas extras, sumado a las asignaciones que reciben los carabineros por volar en un avión estatal.
Costo que se suma a hoteles y arriendo de vehículos para el traslado por las calles de Sao Paulo, todo coordinado con la cancillería de ese país, elevaría aún más el monto de un supuesto viaje improvisado y que no tuvo una misión diplomática ni de Estado, sino la aventura de seguir a la selección chilena.
Respecto a los viajes oficiales de los gobernantes, aclara una fuente de la FACh, es diferente ya que en promedio mover el avión más grande que tiene dicha institución militar, el Boeing 767-300, tiene un costo de US$7 mil, pero puede trasladar hasta 200 personas. En tanto, en La Moneda reconocen que la Presidenta iba asistir por la cercanía que tiene con varios jugadores, de hecho está presente la decisión que tomó Bachelet de ir al matrimonio de Arturo Vidal en diciembre del 2014.
Argumento que demuestra la cercanía personal que tiene con los seleccionados más que de una misión diplomática de alto nivel. Viaje que ahora está en la mira de la Contraloría General de la República, puesto que existen precedentes sobre el uso de medios militares para viajes de autoridades que han tenido como único fin el turismo o de satisfacer una necesidad personal y no del cargo que ostentan.
Ejemplo es la resolución adoptada por la Contraloría General de la República que puso en entredicho en 2009 la legalidad de los tradicionales viajes del buque Aquiles de la Armada que recorría los canales del sur de Chile. En esa oportunidad y luego que se abriera a fines del 2008 una indagatoria del ente contralor a las travesías que realizaba en marzo de cada año el mencionado buque, en que viajaba el alto mando naval y un grupo selecto de invitados, entre ellos: políticos, empresarios, religiosos y del área de la cultura, derivó en la suspensión ya que se entendió que existía un mal uso de los recursos públicos para fines personales.
También están presentes las sanciones por uso de vehículos fiscales para fines personales que ocurrieron durante los años 2008 y 2009. Dos casos con sanciones categóricas de la Contraloría recayeron sobre militantes del Partido Socialista. Ejemplo de ellos es el caso del exsubdirector del Consejo de la Cultura, Arturo Barrios, el cual fue sancionado con la suspensión por tres meses de su trabajo en el servicio público, lo cual no se materializó puesto que el aludido renunció para transformarse en aquellos años en candidato al parlamento.
Si la presidenta Bachelet hubiese decidido viajar en vuelo comercial con costo a su patrimonio personal, un viaje de una aerolínea como LATAM directo Santiago – Sao Paulo, le hubiese costado unos US$683, por comprarlo de un momento a otro. Si por razones de comodidad hubiese decidido pasar a “primera clase” el valor del billete aéreo hubiese aumentado a US$2.274. Pero usar o no un avión estatal para asuntos personales ha generado debate en el mundo. Incluso en Estados Unidos está abierta una reciente investigación contra secretarios de la administración de Donald Trump por el uso de los aviones estatales, lo que la prensa ha titulado: “El uso de los jets privados persigue a la Casa Blanca”.
Esta investigación se abrió a raíz de que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, utilizó un jet del Gobierno, cuyo coste es de US$25.000 por hora de vuelo, para viajar a Carolina del Sur a presenciar eclipse solar, esto tras recibir una invitación, similar a la que entregó la ANFP a Bachelet, de una organización no gubernamental.
Sin embargo, la situación de Mnuchin es mucho más compleja, ya que a raíz de ese escándalo se conoció que en julio había solicitado utilizar ese mismo avión gubernamental para su luna de miel. Una investigación de su departamento ha concluido que desde marzo ha gastado más de US$800.000 de fondos públicos en siete viajes en aeronaves privadas y del Gobierno, como explicó el diario El País.
El secretario de Salud, Tom Price, también estuvo en el ojo del huracán, optando por dimitir la semana pasada tras conocerse que había utilizado jets privados por un valor superior a US$500.000, remeciendo la elite política de Washington al evidenciar que el uso de los aviones Gulfstream IV, V, VI y VIII serían un clásico de los políticos estadounidenses, todo con coste a los impuestos de la ciudadanía. Radio Bío Bío solicitó vía transparencia los gastos específicos a la Fuerza Aérea de Chile del Viaje en que la mandataria no tuvo agenda oficial, sino recreativa.
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