La familia de Manuel Gutiérrez, joven de 16 años asesinado por el suboficial Miguel Millacura en el contexto del paro nacional del 25 de agosto, hizo un llamado a la sociedad para exigir justicia ante la libertad condicional del ex carabinero que dio muerte a Manuel. Dirigentes del movimiento estudiantil apoyaron la causa y nuevamente se pone en cuestionamiento la forma en que opera la justicia militar.
El jueves 17 de noviembre, la Corte Marcial, por decisión unánime, dejó en libertad condicional a Miguel Millacura mientras sigue la investigación del caso. Millacura, quien pasó menos de tres meses en prisión luego de que la fiscal militar Paola Jofré lo procesara por violencia innecesaria causando homicidio, luego de que confesara el delito.
La hermana de Manuel, Jacqueline Gutiérrez, consideró como una “burla” la acción de la Corte por lo que se sienten “engañados” como familia porque les aseguraron que la investigación iba a “ser clara y transparente”. “Debe estar en prisión porque es un peligro para la sociedad, primero por el hecho desmedido de violencia y segundo porque alteró la evidencia y mintió durante la investigación”.
Ante los hechos, el vocero de la familia, Miguel Fonseca, hizo un llamado al movimiento estudiantil y a las organizaciones políticas y sociales a que se sumen abiertamente a la exigencia de justicia. “La familia tiene el temor de que esta libertad sea la puerta de la impunidad del delito”, especificó.
El vocero reiteró la violencia innecesaria durante la noche del 25 de agosto porque en la villa no ocurrieron daños contra la propiedad pública ni privada y tampoco enfrentamientos contra carabineros. El vocero anunció que quieren solicitar el pronunciamiento de la Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia).
El diputado del PC (Partido Comunista) Hugo Gutiérrez, quien acompañaba a la familia, dijo que se debe hacer un “emplazamiento” al Estado chileno para que tome todas las medidas necesarias para que este crimen no quede en exención, “nos acostumbramos a vivir en la impunidad de muchos crimines por la Dictadura. No queremos que el asesinato de Manuel quede en esa lista gigante de jóvenes asesinados y desaparecidos sin respuesta”.
Por parte del Gobierno, el presidente Sebastián Piñera, a principios de septiembre manifestó a un programa de televisión que en el caso de la muerte de Gutiérrez se “cometieron muchos errores. El carabinero jamás debió haber disparado porque no lo hizo al aire y lo hizo directamente contra personas. Intentó ocultar el hecho y los superiores no cumplieron con su rol. El Gobierno pidió de inmediato que se investigara los hechos”.
Sin embargo, no es la corte normal que juzga los crímenes que realizan uniformados a civiles, si no que la Corte Militar o Marcial. Washington Lizana, abogado de la familia, hizo un emplazamiento al Estado chileno para que modifique “radicalmente” la jurisdicción militar. El abogado dijo que cuando el caso pasó de lo civil a lo militar, ellos anunciaron que “existía el riesgo de no que no se hiciera justicia por los cuestionamientos de imparcialidad y objetividad en otros casos”. Por ello Lizana, al igual que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos, pide que cuando las víctimas sean civiles las sentencias deben ocurrir en juzgados de civiles.
Como representantes del movimiento estudiantil estuvieron presentes Noam Titelman, actual presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc), Alfredo Vielma, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y Scarlett Mac Ginty, presidente interina de la Fech (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile).
Mac Ginty indicó que aún esperan una respuesta de parte del ministro Chadwick, quien en una reunión, el viernes 18 de noviembre, en La Moneda, se comprometió a intervenir en este caso luego de mostrarse sorprendido por la libertad que favoreció al ex sargento de Carabineros.
Por Estefani Carrasco Rivera
Foto: Miguel Millacura en la reconstitución de escena/Archivo Internet
El Ciudadano
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