Ex jueza brasileña explica por qué hay que despenalizar las drogas

María Luísa Karam, quien se desempeñó como jueza en Río de Janeiro cuenta cómo las actuales leyes de drogas contraen los derechos fundamentales de las personas y explica que la violencia de policías y de traficantes es consecuencia directa de la prohibición. Acusa además que la intervención del sistema penal entrega el mercado a agentes criminalizados, que las leyes se vuelven contra los más pobres y da cuentas del racismo del sistema penal. “La producción y el comercio de drogas son actividades violentas porque son ilegales. La ilegalidad impuesta al mercado es la que causa la violencia”- sentencia la ex magistrada, para quien es urgente despenalizar la producción y el consumo de todas las drogas.

Si hasta hace unos años plantear el fin de la guerra a las drogas era un tabú, con el paso del tiempo y la acumulación de la evidencia cada vez más personas se muestran partidarios de un cambio radical en las políticas respecto de las sustancias con efectos en la conciencia.

Incluso presidentes que en su momento aplicaron políticas represivas, desde el 2008 vienen proponiendo un cambio de enfoque. “La guerra contra la droga no ha sido, no podrá ser y no será ganada”- acusa un informe de la Comisión Global sobre Política de Drogas, firmada por los expresidentes de Brasil, Fernando Enrique Cardoso; de México, mexicano Ernesto Zedillo; y de Colombia, César Gaviria.

Al llamado a replantear la guerra se ha sumado en las últimas semanas el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien se desempeñó como ministro de Defensa de su antecesor Álvaro Uribe, quien aplicó el Plan Colombia para erradicar cultivas de coca a ultranza.

En Latinoamérica un actor que ha incitado la discusión son los jueces, quienes ven desfilar ante sus estrados a jóvenes o adultos cuyo pecado es portar un pito de marihuana en el bolsillo o una bolsita con cocaína en la chaqueta. Así le pasó a María Luisa Karam, quien se desempeñó como jueza en Río de Janeiro en la década de los ‘80 y hoy integra Leap, organización internacional que agrupa a jueces y policías convencidos en el cambio de las leyes de drogas.

Cifras del Ministerio de Justicia de Brasil del 2010 acusaban que tienen la cuarta mayor población carcelaria por drogas del mundo y el 70% de los fallos condenatorios en drogas se penaliza como narcotraficantes a jóvenes pobres sin vinculación alguna con el crimen organizado.

Nos podría contar su experiencia como jueza que la llevó a concluir respecto de la ineficacia de las actuales leyes de drogas prohibicionistas

– Mi experiencia personal me llevó a la conclusión no sólo de la ineficacia de las actuales leyes antidrogas, sino que además que las políticas antidrogas representadas por esas leyes causan riesgos, daños y sufrimientos que deben concluir.

¿Tardó mucho en darse cuenta?

– Desde que comencé mi carrera como jueza –en la década de 1980- ya estaba convencida de que nadie podía ser punido por la simple posesión de drogas para uso personal o por su consumo en circunstancias que no envuelvan un peligro concreto, directo e inmediato para terceros, porque son conductas privadas en cuyo ámbito el Estado no está autorizado a intervenir.

¿Cómo aplicó dicha percepción?

– Sistemáticamente declaraba la inconstitucionalidad de la ley brasileña criminalizadora de dichas conductas. De a poco fui percibiendo que la ilegítima criminalización de la posesión de drogas para uso personal no era el único y principal problema causado por la prohibición. Fuí percibiendo que el sistema penal se volvía hacia una represión cada vez más violenta sobre el comercio de estas sustancias, tanto en Brasil como en otros países con una expansión del poder punitivo, con la adopción del paradigma bélico inspirado por la política de la ‘guerra a las drogas’, con el aumento del número de procesados y condenados por la puesta en práctica de la criminalizació del comercio y producción de drogas.

¿Esto afecta los derechos ciudadanos?

– Percibí que la ilegítima criminalización de la posesión para uso personal no era el único dispositivo legal violador de derechos fundamentales, sino que también hay contrariedades a los principios garantizadores de derechos fundamentales inscritos en las declaraciones internacionales de derechos y constituciones democráticas en el dispositivo de las convenciones de drogas de la ONU y en las leyes de cada país que criminalizan la producción, el comercio y el consumo de drogas declaradas ilícitas. La elaboración y aplicación de leyes que violan los derechos fundamentales constituyen una amenaza a la propia democracia. Además de eso, pude percibir los efectos particularmente violentos de la prohibición a las drogas en Brasil y, más especialmente en Río de Janeiro, donde actuaba como jueza.

¿Qué le tocó ver en Río?

– En la ciudad, en promedio, uno de cada cinco homicidios es hecho por policías en acciones desarrolladas en las favelas contra los ‘traficantes’ o quienes se les asemejan. Así comprendí que la violencia, tanto de policías como de traficantes es consecuencia directa de la prohibición. Comprendí que la producción y el comercio de drogas son actividades violentas porque son ilegales. La ilegalidad impuesta al mercado es la que causa la violencia.

¿Qué conclusión sacaste?

– Al final me dí cuenta de que solamente el fin de la prohibición, con la consecuente legalización de la producción, del comercio y del consumo de todas las drogas, podrá poner fin a esa violencia, siendo la única forma de regular y controlar la circulación de esas sustancias cuyo consumo no desaparece con la prohibición. La intervención del sistema penal entrega el mercado a agentes criminalizados que, por actuar en la clandestinidad, nao están sujetos a cualquier regulación de sus actividades, lo que acaba por provocar mayores riesgos y daños a la salud pública, engañosamente utilizada como pretexto para la prohibición.

DISCURSO DE MEDIOS MASIVOS Y JUECES

Cuál es el prejuicio que enfrentan los jueces y el sistema judicial cuando tienen que decidir en casos de faltas a las leyes de drogas?

– Muchos jueces no tienen conciencia de su papel garantizador de los derechos fundamentales de los individuos, se dejan engañar por las falsas ideas que sustentan el sistema penal y dominar por los discursos punitivos dominantes. Así se alejan de su independencia y aceptan las ansias punitivas divulgadas por los medios. También muchos de ellos se transforman en represores, aplicando mecánicamente leyes violadoras de las normas superiores inscritas en las declaraciones internacionales de derechos y constituciones democráticas. Muchos jueces tomados por falsas ideas y prejuicios que sustentan la ‘guerra a las drogas’ apuntan a los ‘traficantes’ como los ‘enemigos’, acaban por aplicar dispositivos ilegítimos contenidos en las leyes de drogas, contribuyendo a la peligrosa expansión del poder punitivo; contribuyendo para el desmedido aumento del número de presos, contribuyendo a la perpetuación de los daños y dolores causados por el sistema penal y, más especialmente, por la criminalización de la producción, del comercio y del consumo de drogas vueltas ilícitas.

¿Cuáles son los principios de derecho violados por las leyes prohibicionistas actuales?

– Las convenciones internacionales y las leyes internas de cada país que prohíben y criminalizan las conductas de productores, distribuidores y consumidores de drogas tornadas ilícitas violan sistemáticamente el principio de exigencia de lesividad de la conducta prohibida, el postulado de la proporcionalidad en la aplicación de la ley, el principio de isonomia, el principio de individualización de la pena, la garantía de veda de doble punición por el mismo hecho, la garantía del estado de inocencia, la garantía de contradicción, la garantía del derecho a no autoincriminarse, la cláusula del debido proceso legal, el derecho a la libertad y la vida privada y al propio principio de legalidad.

AVANCES DESDE LOS JUECES

La Corte Suprema argentina declaró inconstitucional la ley de drogas argumentando que viola los derechos individuales de las personas. ¿Ocurre lo mismo con la legislación brasileña?

– La decisión de la Corte Suprema argentina es ejemplar y ciertamente podemos decir que la ley brasileña que criminaliza la posesión de drogas para uso personal contraria normas inscritas en la Constitución Federal. La pose de drogas para uso personal o su consumo en circunstancias que no envuelvan un peligro concreto, directo e inmediato a terceros, son conductas privadas en cuyo ámbito el Estado no está autorizado a intervenir. El principio de legalidad, que es fundamento de la democracia, asegura que la libertad del individuo es y debe ser siempre absoluta en cuanto sus acciones no amenacen ni afecten derechos de terceros.

Qué ánimo ve entre los jueces y magistrados respecto de la ley de drogas?

– Ya es posible notar una evolución en la conciencia de los jueces respecto de los riesgos, daños y dolores causados por la prohibición de las drogas. A pesar de que muchos de ellos aún se dejan dominar por falsas ideas y prejuicios, hay un número creciente de jueces que es más conciente y cumple su papel garantizador de los derechos fundamentales.

¿Podría darnos alguna estadística de Brasil que de cuenta de los efectos en la sociedad de las leyes de drogas?

– Como todas las leyes penales, las leyes criminalizadoras de conductas relacionadas con drogas se vuelven especialmente contra los pobres, los marginados y los desprovistos de poder. En Brasil esto es muy evidente y basta mirar al interior de los muros de las prisiones. Brasil tiene hoy, en números absolutos, la cuarta mayor población carcelaria del mundo. Conforme a los datos del Ministerio de Justicia, son 494.237 presos, que equivalen a 253 por cada cien mil habitantes. De todos ellos, uno de cada cinco es acusado o condenado por tráfico de drogas. Desde fines del 2005 a fines del 2009 hubo un aumento de 61% en el número de presos en Brasil. Si consideramos apenas los presos por tráfico, este aumento sobrepasa el 177%.

¿Qué grupos sociales integran esa población penitenciaria?

– Para tener una idea de la condición social de los presos brasileños, basta notar que cerca del 60% ni siquiera concluyó la enseñanza básica.

Algo que es muy similar en varios países…

– Sí, en Estados unidos, conforme datos del FBI y del Departamento de Justicia, en 1970 los internos en prisiones federales por crímenes no violentos relacionados con drogas eran 3.384 y los que cumplían penas por otros crímenes sumaban 17.302. El año 2005, el grupo mayor que incluía condenados por crímenes violentos aumentó en 294%, en tanto que el grupo de autores de conductas relacionadas con drogas aumentó en 2.588%.

– Otro dato que habla del racismo del sistema penal de EEUU dice que considerando el total de presos en EEUU en al 30 de junio del 2009 eran 2.297.400 personas, o sea, 748 presos por cada cien mil habitantes. Cuando se considera solamente los hombre afroamericanos esa proporción se eleva a 4.749 presos por cada cien mil habitantes. Si se quisiese una evidencia más del componente nítidamente racista del sistema penal norteamericano, basta pensar que en el régimen más racista de la historia moderna, en 1993, plena época del apartheid, en África del Sur se encarcelaba a 851 hombres negros por cada cien mil habitantes.

AVANZANDO HACIA LA DESPENALIZACIÓN

¿Qué salidas ve para transitar hacia la despenalización?

– Hay que tener claro que no siempre el uso de drogas es un problema. Substancias psicoactivas han sido usadas desde los orígenes de la historia de la humanidad, muchas veces de forma moderada, controlada y sin conllevar riesgos. Lo que causa problemas es el uso excesivo y descontrolado, así como el uso precoz por parte de niños y adolescentes. Las leyes criminalizadoras de la producción, del comercio y del consumo de drogas vueltas ilícitas aumentan esos eventuales problemas.

¿Qué efectos tiene la ilegalidad?

– La ilegalidad impide cualquier control sobre ese supuestamente indeseable mercado. Son los agentes criminalizados quienes deciden cuales drogas serán ofrecidas, cual será su potencial tóxico, con qué sustancias serán mezcladas, cual será su precio, a quien y donde serán vendidas. ‘Monitoreando el futuro’, estudio periódico hecho en EEUU sobre actitudes de estudiantes en relación a las drogas, muestra que los adolescentes en las escuelas medias de dicho país relatan que es más fácil comprar drogas ilícitas que cerveza o cigarro.

– La clandestinidad impuesta por la prohibición de la producción y el comercio, implica la falta de control de calidad de las sustancias declaradas ilícitas y consecuentemente el aumento de las posibilidades de adulteración, de impureza y desconocimiento del potencial tóxico de aquello que se consume. Las sobredosis ocurren fundamentalmente debido al desconocimiento de lo que se está consumiendo: cuanto de droga y cuanto de otras sustancias mezcladas. Además, la clandestinidad crea la necesidad de aprovechamiento inmediato de circunstancias que permitan un consumo que no sea descubierto, o que acaba por tornarse un caldo de cultivo para el consumo descuidado y no higiénico, cuyas consecuencias aparecen de forma dramática en la difusión de enfermedades transmisibles como el SIDA o la hepatitis.

Otro efecto es que como se prohíbe se traslada tanto el mercado como los usos a un régimen de ocultamiento.

– Sí, la carga de lo prohibido sugiere la ocultación y con ello se dificulta el diálogo y la búsqueda de conocimiento, especialmente cuando concierne a adolescentes y sus familiares o educadores. Además de eso, la artificial distinción entre las drogas lícitas e ilícitas, concentrando sobre estas últimas medios y peligros anunciados, conduce a una despreocupación familiar y pedagógica respecto del eventual abuso de las primeras. Esto introduce complicaciones a la asistencia y tratamiento, funcionando como un factor inhibitorio de su procura, por implicar la práctica de una conducta tenida como ilícita y, a veces, con trágicas consecuencias, como en episodios de sobredosis. Ocurre a veces que los compañeros de quien la sufre quedan paralizados, impidiendo la búsqueda de socorro inmediato, cuanto es factor de prejuicio hasta para los mismos profesionales de la salud que, dominados por el discurso estigmatizante y demonizador de las sustancias prohibidas y de quien las consume, además de desconocer o resistirse a aplicar las acciones terapéuticas más eficaces fundadas en el paradigma de la reducción del daño.

¿Qué hay que hacer entonces?

– Terminar con las leyes criminalizadoras, poner fin a la prohibición y legalizar la producción y el consumo de todas las drogas, es por tanto, necesario para proteger la salud, para que efectivamente las personas tengan mayores posibilidades al momento de querer usar tales sustancias y lo hagan de forma menos arriesgada y saludable. La regulación, que sólo será posible con la legalización, deberá hacerse de forma semejante a como hoy se hace con las drogas lícitas, como el alcohol y el tabaco, bien como alimentos o remedios, instituyendo controles que restrinjan la producción y la venta, teniendo en cuenta características y potencial daño de cada sustancia y los factores culturales peculiares de cada región del planeta.

Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano

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