Ex mirista desafía al Estado chileno y trata de entrar al país a pesar de su destierro

El ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Hugo Marchant Moya, aterrizó en Chile esta mañana, pese a que aún no cumple con los 25 años de pena de extrañamiento (destierro) a los que fue condenado durante el Gobierno de Patricio Aylwin. Marchant busca recuperar su derecho a vivir en el país.

Para mañana, familiares y amigos del exiliado, agrupados en el comité Fin al Destierro Ahora (Fada), convocan a las 9 de la mañana,  para apoyarlo en el aeropuerto, cuando vuelva a a hacer un intento de entrar a Chile.

“Cuando escribo estas líneas, estamos pronto a cumplir 19 años desde aquella asoleada mañana, cuando nos despedíamos de nuestros compañeros presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago, también de nuestros familiares, amigos y compañeros de nuestro pueblo, que con su lucha y la nuestra nos negábamos a creer en la oferta de Justicia que el proceso de “la transición a la democracia” ofrecía a nuestro país y sus organizaciones de Derechos Humanos”, son las palabras con que Hugo Marchant y su compañera, Silvia Aedo, comienzan una misiva dirigida al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), escrita en septiembre pasado.

“Cuando despegó el avión de la losa del aeropuerto de Pudahuel, comprendí una vez más, que no hubo justicia, pues iniciaba con ese vuelo el camino hacia el ‘destierro’”, continúa.

Apenas unos meses después, Hugo Marchant decidió venir a Chile a recuperar la justicia perdida para él y sus compañeros presos políticos. Al igual que varias decenas de chilenos, fue condenado en dictadura, y en democracia por la lucha realizada contra el régimen del dictador Augusto Pinochet Ugarte.

Marchant pasó nueve años en prisión tras ser considerado culpable del asesinato del ex intendente de Santiago y militar, Carol Urzúa, ocurrido en 1983. Su caso está registrado en la Comisión Valech, encargada de temas de prisión política y tortura, y consta que fue víctima de torturas y que su proceso no se acogió a derecho. A fines de 1992, gracias a las “Leyes Cumplido” –cuyo nombre hace referencia al ministro de Justicia, Francisco Cumplido– dictadas por Patricio Aylwin, se estableció una diferencia entre quienes tuvieran cargos de conciencia –relacionados a la militancia y la eventual “asociación ilícita”- y a quienes se culpara de “delitos de sangre”.

Tal como recordó el diputado independiente Sergio Aguiló, estas leyes se aprobaron en un parlamento que contó con la presencia de senadores designados de derecha, “algunos de ellos militares”, según puntualizó.

El ex mirista fue incluido en la última categoría relacionada a los delitos de sangre, saliendo de la cárcel para ser destinado a 25 años de destierro en Finlandia, lo que se denominó “pena de extrañamiento”, un eufemismo con que la nueva ‘democracia’ denominó al destierro. De esta forma, Marchant sólo puede regresar a vivir en su país el año 2017.

La hija de Marchant, Javiera, quien lo acompañó en el viaje desde Finlandia, declaró que «es una vergüenza que no pueda entrar a su país» y se preguntó «¿Por qué habría que esperar a que se cumplan todos los años a que fue condenado por destierro?», dado que es un derecho el libre tránsito y residir en el país de origen.

El ex prisionero político, quien además es historiador, Arnaldo Pérez Guerra, declaró que «Hugo intentó ingresar hoy al país para crear un hecho político, remeciendo las adormecidas conciencias de los organismos de derechos humanos y la población, de los partidos poíticos que se definen como de izquierda, que en todo este tiempo han hecho muy poco o prácticamente nada para que un grupo de chilenos que lucharon contra la dictadura pueden volver a su país».

Y agregó que «le quedan aún seis años para terminar con este destierro injusto y absurdo. Los luchadores contra la dictadura debiesen ser considerados héroes, como en otros países, como los luchadores contra el fascismo y el nacismo. Creo que tiene derecho a volver, que todos los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura, quienes fueron torturados y encarcelados y cumplieron largas condenas, tienen derecho a vivir hoy en Chile o donde lo deseen. No es posible que siga este exilio forzado, esta suerte de triple condena. Es necesario que acabe el ‘extrañamiento’, es justo. Ojalá el sacrificio de Hugo y de otros que vendrán remezca a la sociedad y esto acabe de una vez por todas», esa es mi opinión como ex preso político, enfatizó.

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“¡LA CONDENA ESTÁ CUMPLIDA CON CRECES!”

Tras su arribo a Chile, a las 11:40 de esta mañana, Marchant fue retenido por la Policía de Investigaciones (PDI), en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. “Me quedan aún seis largos años para terminar con este infernal destierro. Considero que son absolutamente injustos, debido a que ya en Chile estuve casi 10 años en prisión. Por lo tanto, 30 años ¡Creo que la condena está cumplida con creces!”, según se informó en un comunicado enviado por el Comité Fin al Destierro Ahora.

Ante la condición de retenido de Marchant, la situación se volvió compleja para la abogada Alejandra Arriaza, quien pertenece al Comité y pretendía iniciar el trámite legal para exigir el fin de su condena. “Es paradójicamente ideal que lo detuvieran porque podríamos haber interpuesto el recurso de protección y comenzar los trámites legales”, aseguró el diputado Sergio Aguiló, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Debido a la necesidad de que el juez Joaquín Billard revise el expediente del ex mirista, los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos pidieron al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que le otorgaran la posibilidad de quedarse un día más en Chile. Sin embargo, ésta fue rechazada tajantemente, por lo que Marchant fue expulsado rumbo a Buenos Aires.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció en el año 2005 que: «Otras restricciones de la libertad de movimiento, como el destierro a una isla o a cierta zona de un país, los toques de queda, la expulsión de un país o la prohibición de abandonar un país, no constituyen injerencia con la libertad personal, aunque pueden violar otros derechos humanos, como la libertad de circulación o de residencia (artículo 14, Declaración Universal de Derechos Humanos).

“ES UNA ALEGRÍA QUE NUESTRO COMPAÑERO DESAFÍE ESTAS LEYES ABSURDAS”

A juicio del diputado Aguiló, Hugo forma parte de un grupo de personas que “vivieron las penas de la dictadura de forma brutal”. Por ello, el parlamentario considera que “la pena es excesiva, cruel y no se justifica”.

A sus palabras se suma Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), quien señala que “es una gran alegría que nuestro compañero desafíe estas leyes absurdas que desconocen la enorme lucha de todos quienes lucharon contra la dictadura”.

Lira declaró que “el Estado tiene una deuda con estos chilenos. Ellos lucharon por conseguir esta democracia que hoy los condena a vivir fuera de su país. Es una vergüenza”.

En su carta al Instituto de Derechos Humanos, Marchant argumenta: “Quiero decirles que no estamos pidiendo que se reconozca como legítimo haber ejercido el derecho a la lucha contra la dictadura de ayer, como era la reivindicación de la organización de los presos políticos y nuestros familiares y amigos durante aquellos años, sino que simplemente estamos exigiendo que se reconozca que nosotros ya hemos pagado de sobra la condena”.

Por Vanessa Vargas Rojas

El Ciudadano