De los niños es el Reino de los Cielos

Rodrigo y José Viluñir Cabul son dos menores mapuche que fueron colgados del puente Lanalhue por la policía, en mayo de 2010. También en mayo de 2010, M. M. E., de 10 años, y D. M. E., de 6 años de edad, quienes buscaban leña junto a sus padres y abuela en un predio de la Forestal Mininco, fueron agredidos, amarrados y amenazados con armas de fuego por René Urban y su hijo, latifundistas de la zona, quienes estaban acompañados de funcionarios de Carabineros. Ambos niños presenciaron una fuerte golpiza que dieron a su padre, además de agresiones a su madre y a su abuela. Posteriormente, M. M. E. fue acusado por un profesor de robar un computador de su escuela, habiéndosele señalado que la acusación quedaría sin efecto si se retractaba de declarar la agresión realizada por el latifundista Urban y los policías que lo acompañaban. El viernes 29 de abril de 2011, en las cercanías de su hogar, en la comunidad Autónoma de Temucuicui, fue violentamente detenido el adolescente mapuche P. Q. M, de 17 años, requerido por la justicia por supuestos delitos terroristas.

La gravedad de la situación que sufren menores mapuche fue denunciada el 25 de marzo de 2011 en Washington, en una Audición Temática sobre la Situación de la Niñez Mapuche en Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (ANIDE). El informe presentado incluye casos de niños y niñas mapuche entre 9 meses y 17 años, heridos de balines, asfixiados por bombas lacrimógenas, encañonados con armas de fuego, golpeados y pateados, torturados, amenazados de muerte por inmersión, tratados de manera degradante, perseguidos, allanados en sus establecimientos educacionales y comunidades, tratados inhumanamente durante la detención, hostigados, raptados, imputados por Ley Antiterrorista e, incluso, asesinados.

Ya en el 2003, el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, llamó la atención sobre el tratamiento judicial dado a la protesta social del pueblo mapuche y sobre la violencia física y verbal ejercida por la presencia permanente de contingente policial en sus comunidades. Asimismo, rechazó la aplicación de las leyes especiales, como la ley de Seguridad Interior del Estado (Ley 12.927) y la ley que Determina Conductas Terroristas (Ley 18.314), sobre las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.

En septiembre de 2009, su sucesor, el Relator Especial James Anaya, observó en su Informe la persistencia de las situaciones de violencia y que, a pesar la suscripción de Convenios Internacionales, en Chile no se han realizado las modificaciones necesarias para adecuar la legislación nacional a los tratados suscritos y ratificados.

Tras la presentación de ANIDE ante la CIDH del Informe sobre Violencia Institucional Contra la Niñez Mapuche en Chile, el Estado chileno tuvo su turno para manifestarse respecto de las denuncias, a través del Director del Derechos Humanos de Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Angel González, quien negó que las acusaciones formuladas ante la CIDH sucedieran en Chile, afirmando que “no hay ninguna política de Estado destinada a reprimir el movimiento mapuche”.

Frente a esta actitud del Estado de Chile, el Relator de la Niñez de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro, manifestó que “lo que espanta también a la Comisión es la utilización de una Ley Antiterrorista para niños y adolescentes”.

Informes sicológicos del Servicio de Salud Araucanía Norte del 2004, del Proyecto “Meli lof Trawun Newentulealu” de 2005 y de la Comisión Etica contra la Tortura del 2010 y del 2011, evidencian impactos en la salud física y mental de niños y jóvenes, afectando su motivación y proceso educativo, generando retraso o abandono escolar, e incidiendo negativamente en las condiciones de desarrollo y vida de la niñez mapuche, restringiendo las posibilidades de autonomía en sus proyectos de vida en el marco de su cultura.

Quien tenga oídos para oir, que oiga.

Hervi Lara

Comisión Etica contra la Tortura (CECT-Chile)