Una treintena de organizaciones extendieron una misiva ante la oficina oficial de resolución de conflictos del sello internacional FSC (Forest Stewardship Council), con asiento en Alemania, por las certificaciones otorgadas a empresas forestales en Chile sin que se atiendan casos de violaciones a derechos humanos e impactos socio ambientales en diversos territorios.
Dicha certificación ambiental se ha convertido en un estándar en los últimos años para la regulación del mercado internacional y si bien, su acceso es voluntario, en la práctica para fines de exportación es prácticamente un requisito, lo que ha obligado a empresas del rubro forestal en Chile tener que acceder a sus procedimientos. Sin embargo, instancias consultoras externas han dado certificaciones FSC en medio de severas críticas sociales, denunciándose que no se está cumpliendo con parte importante de los 10 principios y criterios del manejo forestal, que incluye el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas.
Para diversas organizaciones y comunidades, el modelo forestal chileno viene causando graves estragos a los territorios en el centro sur de Chile, causante de sequías, de propiciar incendios por los componentes inflamables de los pinos y eucaliptus en monocultivo, plagas descontroladas y empobrecimiento de territorios. Asimismo, la existencia de numerosos conflictos con comunidades Mapuche por acaparamiento de tierras ancestrales, que involucra incluso, casos de lugares sagrados.
Un hecho que ha generado desconfianza y descrédito de este sello, es que una empresa consultora certificadora de Forestal Mininco – CMPC (Rainforest Aliance) otorgó hace algún tiempo un premio internacional a la empresa por su “aporte a la sustentabilidad”, contribuyendo así a un lavado de imagen de la empresa, según han señalan los denunciantes.
Entre las organizaciones que han emplazado a FSC en la carta extendida este 27 de octubre de 2017, está la Red por la defensa de los territorios, el Parlamento Mapuche de Koz koz, la red socio ambiental, red de comunicación, coordinadora de defensa de los territorios de diversas localidades del sur.
“Queremos hacer llegar a Uds. nuestro más enérgico rechazo y preocupación ante el otorgamiento de la certificación FSC a estas empresas. En anteriores intercambios con FSC hemos dado a conocer nuestras críticas a estas empresas por sus prácticas contrarias a los derechos humanos de las comunidades mapuche, así como a sus prácticas que afectan el medioambiente, en especial a los recursos hídricos, la biodiversidad y la existencia de plantas que las comunidades utilizan como fuente de medicinas y de alimentación”, señala la misiva.
Uno de los puntos tratados con preocupación por las organizaciones son los incendios forestales de gran magnitud que azotaron el centro sur de Chile en la temporada estival 2017, lo que a juicio de las organizaciones, dejaron al descubierto dos dimensiones de los problemas que se derivan del modelo forestal chileno actual: el racismo contra las comunidades mapuche y la escasa regulación estatal de las operaciones de las empresas forestales.
“El racismo contra las comunidades mapuche se expresa en las informaciones falsas que circularon por redes sociales durante el incendio y que los acusaban a ellos de ser los que causaron los incendios. La escasa regulación estatal quedó en evidencia cuando diversas organizaciones sociales, incluida nuestras organizaciones, difundieron información verificable de la existencia de medidas fitosanitarias por la presencia de plagas de sirex noctilio y de megarhyssa nortonies, en predios forestales en varias regiones, lo cual consta en resoluciones internas del organismo gubernamental Servicio Agrícola y Ganadero”, acusan.
“Sabemos que la FSC fue creada para promover la certificación forestal sustentable y que a nivel mundial es la que establece los estándares sociales, medioambientales y económicos más altos y estrictos, sabemos también que se encuentra sometida a fuertes presiones por empresas forestales y comunidades locales que cuestionan su capacidad para certificar la producción forestal. Creemos también que para que la certificación FSC cumpla su propósito original y no se transforme en una mera “licencia verde” que facilite a empresas forestales vender sus productos sin que hayan cambiado sus prácticas que vulneran los derechos de comunidades indígenas, es necesario que de manera urgente se revisen sus procedimientos, indicadores y verificadores, se revoquen las certificaciones que no hayan demostrado de manera clara que cuentan con el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas por esas empresas, y se generen instancias de participación indígena en las estructuras de gobernanza de la FSC, tanto de nivel nacional como latinoamericano”, concluyeron las organizaciones en su carta.
Las principales empresas forestales en Chile son: CMPC – Forestal Mininco (Matte) con más de 700 mil hectáreas; Forestal Arauco – Celco (Angelini), con más de 1.200.000 hectáreas, cuyos grupos económicos han visto involucrados en escándalos judiciales y políticos por casos de colusión y corrupción.