Hugo Marchant: Desterrado chileno en ‘democracia’ trata de volver. Lo han expulsado dos veces

Jorge Hugo Marchant Moya, dice que va a volver a hacer un tercer intento de ingresar al país, la próxima semana. Una resolución de la Corte de Apelaciones fue desestimada por la Policía de Investigaciones y los abogados redactaron un recurso de amparo mediante el cual piden que les llegue el informe oficial y la instrucción escrita de por qué se desacató esa orden del ministro de Fuero, Joaquín Billard Acuña.

“Tenemos dos versiones -dijo la abogada Alejandra Arriaza-, una del prefecto Melo, quien informó que lo expulsaban producto de una decisión mayor que emanaba del jefe nacional de Extranjería de la PDI, y otra del comisario Luis Avilar, quien señaló al Ministerio de Justicia como el responsable”, informó la abogada. Las dos, desconocen la competencia de uno de los poderes del Estado.

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“¡No estamos hablando de los criminales de la dictadura! ¡Estamos hablando de personas que lucharon CONTRA la dictadura! ¡Hablamos de personas que fueron condenadas basándose en declaraciones sacadas bajo tortura!”, le gritaba descontrolada una mujer a tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) comandados por el comisario Luis Avilar, dentro de las instalaciones que tienen en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago.

Una treintena de familares, amigos, compañeros, pertenecientes al Comité Fin al Destierro Ahora, acompañados de CNN Chile, Telesur, y El Ciudadano, esperaban que por primera vez en ‘democracia’, Marchant pudiera abrazarse con ellos en tierra chilena. Hasta el doble del presidente Allende se apersonó en el aeropuerto. La expectativa era grande y positiva desde las 11 de la mañana, cuando una resolución judicial le autorizó el ingreso al país.

Poco antes, cuando faltaban unos minutos para las 5 de la tarde del jueves 1 de diciembre cuando el prefecto de la PDI, de apellido Melo, había asegurado que Hugo Marchant Moya no sería expulsado del país, a los representantes de la treintena de familiares y amigos del ex militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), retenido desde las 11 de la mañana, cuando arribó a Santiago. Pero estaba ad portas de ser expulsado de Chile por tercera vez en su vida. Las últimas dos, ocurrían en menos de 36 horas.

La primera vez que expulsaron a Marchant, fue cuando lo condenaron a vivir un destierro en Finlandia. Eso pasó 19 años antes, cuando el Presidente de la época, Patricio Aylwin Azócar, firmó un decreto que autorizaba la expulsión, de la tierra que los vio nacer, de unos 33 prisioneros políticos de la dictadura y los mandó a diferentes países de Europa. La figura que aplicó el demócratacristiano estaba contemplada en las llamadas Leyes Cumplido: Se les pidió a luchadores en contra de la dictadura, prisioneros en las mazmorras dictatoriales, que firmaran una solicitud de “autoextrañamiento” (exilio), para que sus condenas a 5, 10, 12, 15, 20, 25 y 40 años de cárcel, cuando no una perpetua, fueran conmutadas por un destierro.

Pueden elegir, les dijo el Gobierno Aylwin, el primero de la anhelada democracia: “Se quedan en la cárcel cumpliendo condena o se van a disfrutar de la libertad en un país europeo”, con cuyos gobiernos se establecieron convenios. Hugo Marchant Moya era uno de ellos.

Luis Avilar de la PDI

BREVE RECUENTO DE LA DEMOCRACIA QUE DESTIERRA

Marchant había sido condenado a la pena de muerte por un tribunal militar que lo declaró culpable del atentado con resultado de muerte en contra del intendente de Santiago, designado por el dictador Augusto Pinochet, general en retiro Carol Urzúa. Hecho que aconteció la mañana del 30 de agosto de 1983.

El proceso del mirista no contó con casi ninguno de los requisitos para un debido proceso –ser juzgado por un tribunal civil; derecho a la legítima defensa, con igualdad de condiciones frente a sus acusadores; se le interrogó aplicando tortura, testimonio que fue considerado para declararlo culpable, etcétera, etcétera, etcétera). Lo mismo ocurrió con cientos de personas. Había más de 400 encarceladas cuando asumió Patricio Aylwin.

La nueva democracia no cumplió con la promesa de resolver con justicia el tema de la prisión política. Nadie salió en libertad. Todas las personas que fueron encarceladas por la dictadura por motivos políticos siguieron teniendo sus papeles manchados, y les pesa una marca como si hubiesen sido delincuentes. Eso, al parecer, fue parte de las negociaciones de la transición. Pinochet seguía siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el ruido de las botas seguía marcando el paso de la institucionalidad chilena.

“En mi familia, cuando tomaron preso a mi papá, la tortura la sufrimos todos, de alguna manera”, dijo Javiera Marchant Aedo, hija de Hugo, quien viajó desde Finlandia junto al ex mirista para reencontrarse con el país que dejó a los nueve años. “Yo aprendí a caminar en la cárcel, cuando lo iba a visitar. Ya es hora de que terminen con este castigo. Nosotros exigimos el derecho de caminar juntos y libres por las calles de Santiago”, enfatizó la joven de 28 años.

El grupo de prisioneros y prisioneras políticos acusados de los llamados “hechos de conciencia” fueron puestos en la calle con beneficios carcelarios. Es decir, se les marcó como culpables, pero podrían salir de la cárcel firmando en las noches, con reclusiones nocturnas por un periodo, firma dominical, entre otras.

Quienes habían sido condenados por los llamados “hechos de sangre”: Atentados a personeros de Gobierno, militares y en contra del mismo dictador; fueron sometidos a ese trance entre la libertad en el exilio, o la prisión en el país.

“Nosotros pensamos que eso iba a durar un par de años, y tuvimos una fuerte discusión al interior de la cárcel por si aceptábamos o no ese ofrecimiento que nos parecía injusto”, declaró Héctor Maturana, uno de los acusados de disparar contra la comitiva dictatorial, en el atentado a Pinochet en 1986.

Maturana también fue torturado, como Marchant, según consta en el Informe sobre prisión política y tortura, realizado por la Comisión conocida como Valech, que además ordenó que el Estado debe reparar con un sueldo mensual (que bordea los 150 mil pesos) y asegurar becas de educación para sus hijos e hijas. Y también está condenado a esperar unos años más para tener el derecho de pisar suelo chileno.

También hubo quienes optaron por no aceptar ninguno de los ‘beneficios’ que ofreció el Estado a modo de resarcimiento con sus torturados.

“Todo esto se pudo resolver con un decreto presidencial, porque fue un decreto presidencial el que los mandó al exilio”, explica la abogada experta en temas de derechos humanos, Alejandra Arriaza, quien además representó a Maturana (ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez), residente en Bélgica; y a otro desterrado, Jorge Escobar (ex militante del Mapu Lautaro), quien vive en Noruega.

Alejandra Arriaza rodeada de gente

EN EL AEROPUERTO, SE TOMARON LA PDI

A las 5 de la tarde, menos de cinco minutos después que el prefecto Melo le dijera que Marchant no sería expulsado, sonaba el teléfono de Javiera. Era su padre, retenido en las oficinas policiales, con medio pie en suelo chileno y medio pie en suelo internacional: “¿Cómo papá? ¿Qué te están subiendo al avión?”…

Hubo un silencio afuera de la puerta controlada por un portero electrónico. La treintena de personas agrupadas en el Comité Fin al Destierro Ahora (Fada), comenzaron a gritar y golpear la puerta. “¡¿Por qué mienten?! ¡Bájenlo del avión!”.

Horas antes el mismo vocero de la Secretaría General de Gobierno, el militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Andrés Chadwick, había declarado que si llegara una autorización judicial el Ejecutivo no podría oponerse al ingreso. Su palabra no pesó un ápice a la hora de exulsarlo.

Se abrió la puerta y dos policías trataron de impedir el acceso, pero la gente empujó y en dos minutos estaban frente a tres funcionarios de la PDI, quienes empujaban y decían que debían desalojar. Un equipo de Telesur y de CNN, además de la grabadora de El Ciudadano comenzaron las preguntas, en un ambiente de tensión. Llegaban más funcionarios haciendo una cadena para que no llegaran a otra puerta que conectaba con la losa de donde iba a despegar el avión llevándose a Marchant rumbo a la Argentina.

El comisario Luis Avilar respondió que ellos obedecían órdenes y que no podían pasar por encima de una decisión emanada de una autoridad administrativa.

¡Pero si el ministro Joaquín Billard Acuña –de la Corte de Apelaciones-, firmó una autorización para suspender la prohibición de ingreso por razones humanitarias!, le contestaban.

-¿A cuál autoridad administrativa se refiere?

-Corresponde a un oficio de la subsecretaría de Justicia –Ministerio de Justicia– con visto bueno del Presidente de la República, respondió el funcionario. (Versión que se contradice con lo que luego informó el mismo Melo, quien en ese momento no dio la cara, que decía que era decisión del jefe máximo de la PDI).

-¿Y pueden pasar por encima de una decisión emanada del Poder Judicial? ¿Dónde queda la separación de poderes en un Estado de Derecho?

-Eso no se lo puedo responder, porque no conozco el detalle del documento que me habla.

-¡Pero si se lo estamos mostrando!

La abogada Alejandra Arriaza, había presentado la solicitud el día anterior, recogió el documento en la mañana, y había llevado el original en persona -aunque ya había mandado un fax, al medio día-, para entregarlo a la autoridad policial, con la finalidad de que dejara entrar a Hugo Marchant, pero el poder Ejecutivo disponía otra cosa y en la PDI prefirieron obedecer a ese otro poder del Estado.

Desde Argentina, horas más tarde, Hugo Marchant decía que “en una falsa democracia, como la chilena, no deja de indignar que un equipo jurídico de una de las policías, prefiera pasar por alto la orden de un juez de la Corte de Apelaciones y obedecer al poder Ejecutivo. Eso es no reconocer la separación de los poderes del Estado”, indicó.

«Lo que sentimos es impotencia, mucha rabia, de que nos sigan castigando por haber enfrentado a la dictadura», dijo una de las cercanas a Hugo Marchant, mientras desalojaban las oficinas de la PDI en el aeropuerto. «No respetan ni una orden emanada de tribunales», decía la mujer con lágrimas en los ojos.

Y Hugo Marchant agregó que este es un momento muy importante de la historia de Chile; “a mí me interesa más que todas las organizaciones sociales salgan a la calle a manifestar su descontento, que reclamen sus derechos, y que se sumen al reclamo que se debe manifestar con un sistema que nos oprime”, dijo. Dando a entender que el suyo es un problema más de las grandes injusticias que se cometen en el país, ya que el tema de los derechos humanos es un asunto pendiente que no se ha resuelto desde la época de la dictadura.

Esta historia, continuará… la próxima semana.

Por César Baeza Hidalgo

Twitter: @Cesar-inBH

El Ciudadano