El plebiscito que Orrego se quiere sacar de encima

Un grupo de pobladores de Peñalolén asistió a una sesión del Concejo Municipal de esa comuna santiaguina para manifestar el rechazo al desconocimiento que el alcalde, Claudio Orrego, hizo a un mandato ciudadano. Fueron desalojados violentamente, pero los ciudadanos siguen en pie de lucha, denunciando que el edil usa artilugios mañosos para imponer su voluntad en materias de desarrollo.

Más de cinco mil firmas, debidamente notariadas, reunió el Consejo de Movimientos Sociales de Peñalolén para exigir un plebiscito en Peñalolén, las que fueron presentadas –con marcha incluida- en sesión ordinaria del Concejo Municipal el pasado 11 de agosto.

Puntualmente solicitan que los vecinos puedan pronunciarse y dirimir en las urnas tres temas específicos del proyecto de Modificación del Plan Regulador propuesto por el Municipio: a) Cambio de uso de suelo del borde de Américo Vespucio, hoy áreas verdes que pasarían a ser suelo mixto, abriendo puertas a una inversión inmobiliaria ya desatada en la comuna; b) Apertura de Avenida Las Perdices, para facilitar el aumento del tráfico vehicular, mediante expropiación y afectación a barrios patrimoniales; y c) Destino de los terrenos hoy en toma por pobladores que exigen una solución habitacional y último predio Serviu -Servicio de Vivienda y Urbanismo– de la comuna identificado para viviendas sociales, que se quiere transformar en parque.

Desde ese momento, el alcalde Claudio Orrego (Democracia Cristiana) disponía de 10 días para pronunciarse en favor o en contra del requerimiento ciudadano, que cumple con todos los requisitos de forma y fondo establecidos en la recién aprobada Ley 20.500 (febrero 2011), conocida como Ley de Participación Ciudadana.

Sin embargo, el edil no sólo respondió fuera del plazo legal -el 29 de agosto- y sin pronunciarse al respecto, sino que además con una carta cuyo propósito era plantear reparos dilatorios, frente a un plebiscito que parece querer evitar a toda costa. Ello, porque lo sometido a votación atenta contra su objetivo de mercantilizar Peñalolén, transformándolo en un foco de desarrollo inmobiliario y de servicios que reporta suntuosos ingresos al Municipio.

Orrego sabía que el tiempo le jugaba a favor, pues la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades impide la realización de plebiscitos en los doce meses previos a un acto electoral (habrá elecciones municipales el 2012), por lo que los vecinos disponían hasta el 20 de octubre para que se dictara el decreto promulgatorio que convoque al plebiscito que demandan, o habrá que esperar hasta el 2014.

LAS ESCARAMUZAS DEL EDIL

En su carta de “respuesta”, el alcalde Orrego arguyó que para llamar a plebiscito requería antes confirmar la validez de las firmas y cuestionó que el texto introductorio que plantea los tres temas a consultar coincida con el encabezado de las rúbricas. Enviando lo primero a ser consultado al Servicio Electoral (Servel) y pidiendo pronunciamiento de la Contraloría de la República, frente a lo segundo.

El Servel tardó dos días en responder, confirmando que las firmas eran válidas y que equivalían a más del 5% de electores de la comuna exigidos por Ley. Sin embargo, la Contraloría aún no responde, algo inoficioso, pues lo hizo el 2007 ante una objeción similar planteada por el alcalde de Vitacura, marcando un claro precedente.

En esa ocasión, el órgano contralor fue concluyente: “Deben rechazarse también aquellas alegaciones que pretenden hacer una separación entre el listado de firmas y la solicitud propiamente tal para fundar una discrepancia en cuanto a la materia a plebiscitar, ya que ello implica desconocer que tanto la solicitud como sus antecedentes constituyen un todo, que no procede entender separadamente”. Y se refirió, además, a lo improcedente de cuestionar firmas ratificadas ante notario, pues “resulta impropio que sea la autoridad edilicia la que determine las exigencias formales para la validez de los actos que practica un notario, sujeto en sus actuaciones a un régimen legal y de control que escapa a la ponderación de un alcalde”.

Previendo que la resolución pudiera serle también contraria, Orrego convocó a su propio plebiscito, que fue votado y aprobado por el Concejo Municipal del 1 de septiembre, fijándose fecha para su realización el 11 de diciembre próximo. Ese mismo día firmó el decreto promulgatorio, con la salvedad que en él se restringe la consulta a una sola pregunta: ¿Aprueba o desaprueba el Plan Regulador? Es decir, la autoridad máxima de la comuna vulnera el mandato soberano de la ciudadanía.

Por eso, el Consejo de Movimientos Sociales de Peñalolén decidió presentar una demanda de nulidad frente al acto administrativo de promulgar un referéndum distinto al requerido, así como una denuncia ante la propia Contraloría por Probidad Administrativa. Acciones que motivaron una nueva respuesta del edil.

EL CONTRAGOLPE DE ORREGO

Aprovechando la convocatoria a Paro Nacional Estudiantil del 22 de septiembre, Orrego se jugó una última carta, convocando para ese mismo día a un Concejo Comunal “Extraordinario”, donde solicitó “pronunciamiento” sobre la: 1) Respuesta a observaciones formuladas –más de mil 500- por la comunidad durante el período de elaboración legal de la propuesta de modificación de Plan Regulador Comunal de Peñalolén y 2) Propuesta de Modificación de Plan Regulador de Peñalolén.

Vecinos quisieron evitar esta votación velada del Plan, impidiendo la realización de un Concejo pactado -compuesto en su mayoría por concertacionistas como Orrego-, siendo brutalmente reprimidos por Fuerzas Especiales de Carabineros. En una nueva irregularidad, realizó igual la sesión ese día y votó en definitiva su propuesta, claro que en un lugar distinto al que establece el propio reglamento municipal y sin la notificación por escrito y 48 horas antes, cuando se decide su traslado por cualquier motivo. Por tanto, lo allí dispuesto sería nulo de acuerdo a la propia Constitución.

Si bien hasta ahora esta votación ilegítima le permite tener allanado el terreno para el plebiscito que intenta imponer, al que ya los vecinos llaman a votar con un rotundo NO, existen esperanzas de que la resolución de la Contraloría, aunque tardía, sea favorable a la ciudadanía -como lo fue en 2007- y Orrego se vea obligado a restablecer los tres puntos. Mas no la confianza en las instituciones y la institucionalidad.

Por Paulina Acevedo Menanteau

El Ciudadano Nº112, segunda quincena octubre 2011