Entre 2015 y 2016 se registran 5.656 expulsiones de extranjeros de Chile por resoluciones judiciales o administrativas

Según se establece en información obtenida a través de ley de transparencia, entre 2015 y 2016 se han expulsado a 5.656 extranjeros de Chile, ya sea por orden de dictámenes judiciales o administrativos. Esta cifra se puede traducir como promedio en ocho órdenes diarias.

Las expulsiones administrativas son todas las que se ejecutan por el incumplimiento de las normativas migratorias. Éstas son decretadas por el Ministerio del Interior para el caso de personas en situación de residencia, mientras que las intendencias son las encargadas de definir la situación de los extranjeros que hicieron ingreso al país de manera ilegal o están en calidad de turista, lo que representa el 95% del total de los casos.

Para los casos de índole judicial, en su mayoría, tiene relación con casos de penas inferiores a los cinco años, en que el cumplimiento efectivo se conmuta con la expulsión. En casos de condenas más altas, la expulsión se hace efectiva tras el cumplimiento de la sentencia judicial.

Según pública La Tercera, el 52% de las personas expulsadas es por ingreso clandestino. Un 33% es por tráfico de drogas y un 3% involucra a turistas que permanecieron en el país más allá del periodo autorizado.

El 12% restante corresponde a otros casos, como robo (2,2%), homicidio (0,4%) y ser responsable de delitos comunes (1%).

De las personas afectadas por la medida, 3.447 son hombres y 2.209 mujeres, provenientes de 28 países, de los cuales Bolivia (32%), República Dominicana (27%) y Colombia (22%) encabezan el número de expulsados.

Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, sostiene al respecto que “el problema está en las expulsiones administrativas, porque no establecen un plazo contundente”, agregando que “la expulsión queda sujeta al estado financiero y operacional de la Policía de Investigaciones (PDI)”.

Mientras, José María del Pino, director ejecutivo de la Fundación Frè, explica que las cifras son “una señal a todas luces de que la actual normativa ha sido superada por las actuales condiciones migratorias que tenemos en Chile”.