Finalmente, el pasado viernes 27 de octubre el Parlamento catalán aprobó -con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco- la resolución que declara «la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social», y a la vez selló el inicio de un proceso constituyente.
La votación fue solicitada por el presidente Carles Puigdemont, tras no recibir las garantías por parte del gobierno español de no aplicar el artículo 155 -que entrega las competencias del gobierno catalán al ejecutivo español- en caso de no declarar la independencia y, por tanto, se cerraba cualquier opción al diálogo. Con esto se ponía el sello a la etapa del proceso de independencia catalana que se había iniciado con el referéndum del 1 de octubre, que tras una serie de jugadas tanto del gobierno catalán como del español, devinieron en la Declaración de Independencia.
En su discurso, luego del pleno que daba inicio a la III República Catalana, Puigdemont sostenía que «toca mantener el pulso del país en la paz, el civismo y la dignidad», avizorando la respuesta del ejecutivo español, encabezado por Mariano Rajoy. A su turno, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, llamaba a los ciudadanos a tener «confianza en la nueva república».
La respuesta del gobierno español, la misma tarde del viernes 27, no se hizo esperar. En paralelo a la votación catalana, el Senado daba vía libre a la aplicación del artículo 155 que autoriza a asumir el control de la autonomía de la región de Cataluña. Carta blanca que Rajoy utilizó a pleno: destitución del presidente de la Generalitat de Catalunya (gobierno catalán), del vicepresidente y del resto consejeros -junto a ellos salen los respectivos funcionarios de gobierno, que se estiman en 141-; de los Mossos d’Esquadra (policía catalana), Pere Soler; del secretario general de la Consejería de Interior, Cèsar Puig; el cierre del Diplocat y las nueve ‘embajadas’ de Cataluña en el exterior, además del Consejo Asesor para la Transición Nacional. A ellos hay que sumar el despido de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid, Amadeu Altafaj y Ferran Mascarell, respectivamente, y la suspensión del Parlamento catalán.
Junto con las medidas de control de la autonomía catalana, Rajoy anunció la convocatoria a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. «Nunca hemos querido llegar a esta situación, nunca, ni creemos que sea bueno prolongar esta excepcionalidad, como hemos dicho siempre, no se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia», sostuvo el jefe del gobierno español al argumentar la medida.
En respuesta a las medidas de Rajoy, el «cesado» presidente del gobierno catalán llamaba a la ciudadanía -el sábado 28- a responder «sin violencia, sin insultos, de manera inclusiva, respetando personas y símbolos, y también respetando las protestas de los catalanes que no están de acuerdo con lo que ha decidido la mayoría parlamentaria».
Si el escenario es complejo a primera vista, se enreda aún más con la acción de la Fiscalía General, la que este lunes 30 interpuso la anunciada querella ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por «rebelión, sedición, malversación y otros» contra los políticos responsables de la declaración de independencia de Cataluña, apuntando a Puigdemont y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Quizás la última, y más dura, de las cartas de la estrategia judicial del Estado español.
Fiscal General del Estado, José Manuel Maza
Se agota la estrategia judicial: ¿La puerta a la política?
Desde que el proceso independentista catalán avanzó a pie firme, la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy ha sido judicializar el debate, utilizando todas las herramientas del Estado: desde el abuso del Tribunal Constitucional para anular las resoluciones del gobierno y parlamento catalán, hasta iniciar procesos judiciales contra quienes encabezaran el soberanismo en Cataluña.
Hechos que destacan de esta estrategia son la suspensión del referéndum de independencia y la ley de transitoriedad, que daba un marco legal al proceso constituyente de la república catalana.
También, desde la Justicia española, a mediados de septiembre se llevó a cabo la detención de 14 funcionarios del gobierno catalán como medio de presión para suspender la consulta del 1 de octubre. Luego, dos semanas después de los comicios, se dictó prisión sin fianza para los presidentes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por los supuestos delitos de sedición al promover movilizaciones en contra de las detenciones de los 14 altos cargos.
Ahora, la estrategia se endurece por las querellas ingresadas por la Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal Jefe, José Manuel Maza, ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, contra el presidente y los miembros del gobierno catalán; y contra la presidenta y los miembros de la mesa del Parlamento, por los supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación.
«La consigna repetida desde el Govern, los grupos parlamentarios independentistas y las entidades soberanistas, de la ‘resistencia pacífica’ -explica la querella- no era sino un eufemismo de lo que en realidad consistía en una incitación, difundida con publicidad y dirigida a los sectores independentistas de la población, para que se opusieran e hicieran frente a la actuación de los agentes», señala el documento ingresado por la Fiscalía y con el cual busca argumentar el recurso judicial contra las autoridades catalanas.
Al mismo tiempo, la Fiscalía responsabiliza al gobierno catalán de la represión del 1 de octubre por «la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada».
A sabiendas de que la acción judicial sería inevitable, Carles Puigdemont y parte de su consejo de gobierno viajaron a Bruselas -Bélgica- para esperar allí la querella. Pero, ¿por qué Bélgica? Pues es, junto a Alemania, Reino Unido y Holanda, uno de los países europeos más garantistas en la concesión de extradiciones y de los pocos dentro de la Unión Europea que permite que uno de sus conciudadanos pida asilo.
De hecho, en las últimas horas se ha confirmado que Puigdemont ha solicitado asesoría al abogado flamenco Paul Bekaert, especialista en derechos humanos. «Me ha designado como representante legal, ya que actualmente está en Bélgica», dijo el jurista, según publica agencia Reuters, y agrega que «soy su abogado en caso de que me necesite. Pero aún no estoy trabajando en ninguna petición en concreto».
Al mismo tiempo, esta estrategia busca internacionalizar las decisiones judiciales y presionar a la Justicia belga a tomar posición sobre la posible emisión de una «euroorden de detención» por parte de España.
Así, se abre la puerta a que la acción política se dispute a nivel internacional, para tomarse la agenda en el gallito que mantienen el gobierno de Mariano Rajoy y el movimiento independentista catalán. Escenario que, hasta ahora, no ha podido ser utilizado.
Elecciones autonómicas del 21 de diciembre: El dilema de participar
Una de las cartas que se jugó Rajoy a la hora de anunciar la aplicación del artículo 155 fue la convocatoria a elecciones autonómicas para el 21 de diciembre próximo, cuando el plan original era que se realizarán en seis meses más. Aún más, pone en entredicho una posible convocatoria a elecciones constituyentes catalanas.
En este sentido, el escenario político es ajustado. Por un lado, los partidos independentistas PD CAT y Esquerra han confirmado su participación en los comicios convocados por el gobierno español, mientras que la CUP aún no se pronuncia ni a favor ni en contra. Los grupos «unionistas» catalanes se han manifestado por concurrir a los comicios, aunque -por ahora- aseguraron que no lo harían bajo una misma coalición.
A primera vista, el aceptar los comicios puede entenderse como una pequeña victoria en la estrategia de Rajoy; pero, por otro lado, es una oportunidad para el bloque independentista de mantener la mayoría parlamentaria que hasta ahora registra.
De todas formas, el debate se centra en si se debe resistir o participar de las elecciones convocadas por Madrid. La discusión está abierta, mientras las estrategias políticas se encuentran en pleno desarrollo para concretar el proceso independentista catalán o salvar el proyecto de unidad española que empuja Rajoy.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
