Haydée Oberreuter, ex presa política: «Saben que somos una fuente fundamental de información para saber qué pasó con otros detenidos desaparecidos»

El Comité Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares participó de la 165 Asamblea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Uruguay durante la última semana de octubre. El objetivo de la instancia que agrupa a organizaciones de origen militante e independiente, fue denunciar el incumplimiento de parte del Estado de Chile de una justa y correcta reparación a las víctimas del terrorismo estatal durante el período dictatorial.

Durante esta larga transición, el Comité Unitario lleva décadas luchando por una esquiva verdad y justicia.

Haydée Oberreuter, ex prisionera política, es una de las dirigentas de la organización y asistente a la asamblea junto a Miguel Retamal y Nelson Aramburu; y los abogados de derechos humanos Paz Becerra y Francisco Jara. La posibilidad de participar y exponer fue gestionada por nada menos que el  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región, Amérigo Incalcaterra.

Haydée conversó con El Ciudadano, adentrándose en los largos silencios de la transición en materia de reparación a las y los luchadores que fueron objeto de prisión política y tortura. También se refiere a los momentos de estruendo, a la utilización del concepto de “víctimas”, que a ella -como luchadora, dice- le incomoda:

“Los presos políticos no solo fuimos sometidos a prisión y tortura. Nos encerraron porque éramos luchadores sociales que habíamos tenido la osadía de representar a sindicatos, federaciones, centros de madres, juntas vecinales y el riquísimo tejido social anterior a la imposición dictatorial. Como resultado, fuimos alejados de nuestros círculos sociales. Relegados. Exiliados. Perdimos estudios, puestos de trabajo y, con ello, oportunidades y vínculos sociales por los 17 años que duró la dictadura, además de lo que implicó a nuestras familias».

«El Estado de Chile permanece omiso y remiso para atender y resolver adecuadamente o parcialmente el problema»

¿Quiénes forman el Comando Unitario?

El Comando tiene en sus orgánicas filiación comunista, socialista y radical. Pero también está la Coordinadora de Presos Políticos, en donde había grupos más radicales: el Frente, el MIR y el Lautaro. También están los familiares de presos políticos que fueron calificados por la Comisión Valech y que fueron luego negados por la ley 19.992 (la «Ley de Reparación»), porque como estaban fallecidos se les consideró no sujetos de derecho. De los 30 mil, alrededor de 3 mil han fallecido y ellos quedaron fuera de todos los derechos reparatorios. También está la agrupación de menores sobrevivientes de la represión política. No agota todo el mundo de las víctimas, pero sí es muy representativo.

¿Cuáles fueron sus objetivos al asistir a la 165 Asamblea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Tras todos estos años hemos agotado todas las instancias de diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo. El Estado de Chile permanece omiso y remiso para atender y resolver adecuadamente o parcialmente el problema. No hay política de Estado, nada.

Fuimos a presentar medidas cautelares a Uruguay ante el Comisionado. En relación a los anuncios últimos de la Presidenta, el Estado de Chile debía iniciar ya las recalificaciones de las víctimas rechazadas por la Comisión Valech 2 y hacer, con inmediatez, extensivo a ellos, los beneficios de reparación. Hasta ahora nos han dicho que se iniciará la recalificación, pero el problema quedaría para el próximo gobierno porque se requiere de una ley.

La segunda medida es permitir el acceso de la Justicia a todos los antecedentes y la base de datos digital que agrupa los datos de las comisiones Valech. Allí están los testimonios sistematizados. Puede hacerse a partir de esa base una serie de cruces que permitirían ir dibujando la panorámica completa. Los tribunales podrían avanzar sustancialmente con esa información. Esto sería importante, porque a junio de 2016 ya había muerto el 25% de las personas calificadas. Una impunidad de dejar que el tiempo pase; muy a la chilena

Chile incumple muchos tratados internacionales firmados con bombo y platillo en La Moneda, pero en la práctica no se está dando cumplimiento a los compromisos del Estado. Del punto de vista político, todos los plazos están vencidos. Tras tantos años de que intentáramos que el Estado hiciera lo que debe, hicimos una propuesta de ley de reparación. La dejamos sobre el despacho del subsecretario Mahmud Aleuy, a quien le llegó por oficio el 16 de noviembre de 2014. En abril de 2015 le pasamos en sus manos el documento.

Comisión Valech y reparación: “Mal podría elegir uno con qué lado de su cuerpo fue torturado y con qué lado fue expulsado de su empleo”

¿Por qué propusieron una nueva ley de reparación? ¿Qué pasó con aquella que se aprobó luego de la Comisión Valech?

Las comisiones Valech no reconocieron a las personas que habían sido prisioneras políticas por manifestaciones, más allá de que esas personas pasaron días de días siendo torturadas en comisarías. No se reconoce lo que se le denominó «manifestación pública». Tampoco Valech reconoce los encierros que se produjeron en poblaciones tan emblemáticas como Lo Hermida, donde la DINA interrogó por varios días a la población sitiada militarmente. Tampoco reconoce a quienes fueron objeto de prisión política y tortura a quienes la padecieron bajo la Operación Cóndor.

Eso se explica porque la comisión opera 13 años después de iniciado el proceso posdictatorial y por causa de la enorme presión ejercida por las organizaciones que exigíamos el reconocimiento de la tortura por parte del Estado y acceder a verdad y justicia.

¿Y qué pasa con la ley de reparación, aprobada el 24 diciembre de 2004?

La ley 19.992, mal denominada «de reparación», lo único que hace es consagrar la imposición del silencio. A cambio de ello, aún más humillante, fija una pensión austera y simbólica del orden de los 100 mil pesos. Pareciera que para la autoridad de la época, Ricardo Lagos, ese era el costo de nuestro silencio, lo que nos ofende doblemente. Le señalamos en varias de las reuniones previas a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, que nosotros concurríamos y queríamos que fuera creada una comisión que persiguiera verdad y justicia antes que pasara el tiempo y los genocidas quedaran indemnes.

Por otro lado, llama la atención que no se hubiese contemplado un órgano continuador. Cuando ocurre la comisión Rettig, ellos establecen el programa de derechos humanos dependiente del Ministerio de Interior. Nuestra aspiración era que el mismo programa ampliara sus facultades para atender también la tortura. No fue así.

¿Cómo se justifica el bono y a quiénes se dirigía?

La ley 19.992 parte en su primer artículo entregando un bono de reparación; como si nuestro testimonio hubiera sido para buscar dinero. Además, lo señalamos al comisionado de la CIDH: El monto asciende a los 260 dólares a fecha de hoy. No constituye reparación. Entre otras cosas, porque es la mitad de un sueldo mínimo en Chile. Y no cuenta con el estatuto de pensión, por lo cual deja al margen de todos los beneficios sociales asociados a cualquier pensión estatal.

Los sobrevivientes de prisión política y tortura morimos entre 10 y 15 años antes que el resto de los ciudadanos. Eso ha quedado establecido. Y estamos cotidianamente sin recursos para enterrar a los sobrevivientes de prisión política y tortura, porque nada les protege ni acompaña en la materia.

En la ley también se consagran aspectos discriminatorios, tales como la incompatibilidad entre haber sido exonerado y prisionero político. Los prisioneros tuvieron que renunciar a su condición de exonerado. Esto es de una arbitrariedad monumental. Automáticamente, todo prisionero era exonerado, porque era marginado de su trabajo o estudios. Mal podría elegir uno con qué lado de su cuerpo fue torturado y con qué lado fue expulsado de su empleo.

Otra barbaridad es haber dejado al margen de la ley el reconocimiento de los prisioneros políticos fallecidos. Esto es resultado de la tardanza de reconocer la prisión política  y tortura. Una cosa es haber sobrevivido a la tortura; otra es, además, haber sobrevivido a 13 años de período posdictatorial. Las personas se murieron, enfermas, cansadas y profundamente adoloridas por la falta de reconocimiento de aquellos que dijeron encabezar la recuperación democrática.

¿Cómo se fragua la imposición del secreto por 50 años a los 35 mil testimonios de la Comisión Valech?

Ni siquiera la CIA hace eso cuando está en riesgo la seguridad interior del Estado. Así se garantizaba que ni siquiera las que teníamos 20 años o menos antes del golpe, pudiéramos estar vivos a la hora de liberar esa información. Desde luego, los genocidas tampoco. Entonces, quienes fuimos por verdad y justicia, y jamás pedimos secreto, caímos redondos en esta trampa que el entonces presidente Lagos pretendió resarcir con una pensión. De paso, los genocidas libres.

Y el secreto es tan absoluto que impide a los propios tribunales de Justicia acceder a ellos. Como guinda, los testimonios quedaban a recaudo del Ministerio del Interior. Logramos subsanar esto del peor modo, haciendo que quedaran físicamente en el Museo de la Memoria y bajo la cautela del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, no tiene facultades anteriores a marzo del 90.

Lagos tenía la oportunidad, al menos simbólica, de haber tipificado la tortura. En cambio, la tipificación sucede recién en 2016.

«No es digno de un luchador social andar haciendo acuerdos por las suyas»

¿Cómo se han desarrollado las interlocuciones con el Estado en materia del secreto? Ha habido declaraciones estos meses que apuntan que sí se condicionó la entrega de testimonios a su resguardo

Los prisioneros políticos tenemos en nuestra base ser luchadores sociales. Fuimos circunstancialmente objeto de tortura y de muchas otras cosas. Pero somos luchadores. Nos caracteriza agruparnos, organizarnos, definir objetivos, una plataforma para realizarlos. Tenemos las actas. No es digno de un luchador social andar haciendo acuerdos por las suyas.

También pudiera ser que, como pasamos de ser pueblo a ser gente, la gente hubiera ido a hablar personalmente con alguien. Esa no es la práctica de los luchadores sociales. Eso es propio del libre mercado y de otra subjetividad. Nosotros hablamos coordinadamente, tenemos representantes, vocerías y nos coordinamos. Somos remanentes de una sociedad que se quiso hacer desaparecer pero claramente no somos así.

Precisamente Bachelet encargó la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura, o Valech 2

Nosotros demandamos una comisión calificadora permanente y quedó demostrado que faltaba una orgánica permanente. Presionamos 6 o 7 años, hasta que en 2010 se abre una nueva comisión que ahora considera a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Esa comisión reconoce 9 mil sobrevivientes. Y aquí se comete una definición arbitraria monumental: a 22 mil 700 se les deja sin derecho a reconsideración. No “califican” y, luego, no son informadas por el Estado de aquello, ni tampoco de las razones. Esa información, además, queda subsumida dentro del secreto impuesto en Valech 1. Son negados e invisibilizados.

A poco de irse la presidenta Bachelet apunta dos aspectos: uno, 50 años de silencio; dos, reconsideración o recalificación serán resueltos a la mayor brevedad durante su mandato. Y aquí estamos.

¿Qué otra huella deja Bachelet en materia de derechos humanos?

Durante su primer gobierno cometió una barbaridad como acto de reconocimiento a los fallecidos. Reconoció a sus viudas, asignando un 60% de un Aporte Único Reparatorio. Como si en realidad los calificados fallecidos solo fueran hombres; como si en Chile solo hubiera existido prisioneros políticos hombres, y además casados por libreta. La gente que fue hecha prisionera tenía diversas condiciones de género, diversos estados civiles y también diversas edades. Mal podía un prisionero que entonces tenía menos edad que para contraer nupcias, tener una viuda que lo reconociera o heredara, entre comillas.

El monto que se dio a las viudas, no podemos decir que no fue un logro, pero fue uno parcial y vergonzante en un gobierno encabezado por una mujer, ex prisionera política, que se decía además feminista.

Por estos motivos hemos ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Concertación dijo que su nombre contenía a los derechos humanos. Quedaban así anuladas nuestras demandas, porque supuestamente ellos eran intérpretes. El caso de los ejecutados políticos se representa a través de sus familiares. Pero nosotros… nosotros estamos vivos pues, Javier. Tenemos voz propia y estamos organizados. A Ricardo Lagos le cuesta tres planetas entenderlo. Voz propia. ¿Qué se cree Lagos que va a hablar por nosotros? En dictadura, una radio o la Iglesia podía decir que eran la voz de los sin voz porque estábamos clandestinos. La Concertación tomó el hábito de interpretar lo que queremos. Pero estamos vivos. Y saben que somos una fuente fundamental de información para saber qué pasó con otros detenidos desaparecidos.