Abogados de DDHH acusan al Ejército de mentir para evitar responsabilidades en crímenes de lesa humanidad

Según un reportaje publicado por la periodista Pascale Bonnefoy, a principios del año 2000, cerca de 50 rollos de microfilmes con información de los principales órganos represivos de la dictadura cívico-militar, fueron quemados en la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos. Mientras, ese mismo año, estaba en pleno desarrollo la denominada «Mesa de Diálogo» sobre Derechos Humanos, en la cual las Fuerzas Armadas aseguraron que no tenían información sobre los crímenes cometidos, comprometiéndose a obtener antecedentes útiles “para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino”.

Al respecto, la radio de la Universidad de Chile consulto la opinión de distintos abogados de derechos humanos. Uno de ellos, Héctor Salazar, que también fue miembro de la mencionada Mesa de Diálogo, recordó que los compromisos suscritos por el Ejército en esta instancia «nunca se cumplieron», ya que al pasar los años «entregaron información inexacta y respuestas burocráticas sin contenido. Lo que firmaron en la Mesa de Diálogo lo hicieron de mala fe».

Salazar añadió que «a estas alturas solo queda reforzar la actividad de los jueces y que los tribunales sigan haciendo su trabajo», ya que desde su punto de vista, las Fuerzas Armadas no han entregado información a pesar de las exigencias, advirtiendo de paso que tampoco hay voluntad para «poner en juego la estabilidad de los altos mandos al no cumplir esta obligación».

Por su parte, Roberto Garretón, abogado que también participó de la Mesa de Diálogo, cuestionó el rol que han asumido las autoridades de Gobierno. El jurista advirtió que no han hecho nada por terminar con el pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas: «En la lucha por los Derechos Humanos solo una minoría de los actores políticos ha hecho algo por investigar los crímenes de lesa humanidad», expresó.

«Todos los avances son gracias a los familiares de las víctimas, los defensores de DDHH y parte de las iglesias. Esto no es para sorprender a nadie. Sabemos que las Fuerzas Armadas chilenas han hecho uso absoluto de la mentira y de las trampas, para eludir las violaciones a los Derechos Humanos que ellos cometieron. Esto revela una cobardía de los militares chilenos, quemar la información es un acto de cobardía para negar la justicia que se estaba comenzando a ejercer en Chile», agregó Garretón.

Desde el gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que «esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años», y reiteró que, a su juicio, lo importante que es los crímenes no se vuelvan a repetir: «Yo no estoy avalando el pacto de silencio, sino que más bien creo que en la medida que avanzamos en democracia se van rompiendo cadenas que eventualmente podrían mantener ciertos secretos o información que no aparece. Es lo que pasa y es lo que ha pasado en todos los países que han vivido crímenes de lesa humanidad».

Tras la publicación del “Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo”, las fuentes del Ejército respondieron que se trataba de información administrativa. Sin embargo, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la autora de la investigación dijo que en este caso, cualquier antecedente era relevante, calificando la destrucción como «muy grave» pues además fue realizada «en democracia».