El impacto de las movilizaciones sociales en la economía de Chile

Las grandes movilizaciones sociales, que caracterizaron el año, han tenido una repercusión muy grande.  Fue uno de los temas presentes en el Encuentro Nacional de la Empresa. También influyó en la discusión del presupuesto 2012, que por lo general en el pasado se han desarrollado al margen de la preocupación y el debate público.  Lo que no se logró fue que la elaboración del presupuesto sirviese para abrir discusión sobre la política fiscal y tampoco en diseñar los grandes lineamientos de la reforma educacional.  Peor aún, aunque durante el periodo de discusión se hizo evidente la desaceleración vivida por la economía nacional y la caída en la cotización del cobre, estos hechos no condujeron a modificar las proyecciones iniciales del Ejecutivo, que terminaron siendo irreales.  Ello llevó a que se hablase abiertamente de contar con un plan de contingencia  por si la situación externa se continuaba agravando, que llevaría a hacer modificaciones presupuestarias.  De otra parte, la ley aprobada, a pesar de recoger parcialmente algunas demandas surgidas de las exigencias sociales fue abiertamente insuficiente para iniciar  el abordaje de los temas centrales de una reforma educacional como la demandada mayoritariamente por el país.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2011) constató que si la economía chilena enfrentase un escenario internacional más complejo “será difícil crecer al 5%” en 2012, estimación utilizada en la elaboración del presupuesto fiscal para el próximo año.  Contradictoriamente luego puntualizó “que es razonable decir que Europa vive (…) una recesión  y que China se desacelerará “lo que afecta a Chile a través de una caída en el precio del cobre”.  ¿No considera esos antecedentes demostrativos de que ya se vive un “escenario internacional” más desfavorable y que, por tanto, su repercusión es innegable?

Las más variadas estimaciones constatan que el crecimiento en 2012 será inferior al 5%, por tanto, los ingresos fiscales no serán los esperados.  La OCDE estimó que será de un 4,0%, porcentaje inferior a la previsión del Banco Central de septiembre y a la utilizada en la elaboración del presupuesto 2012, que se discutió y aprobó con supuestos de crecimiento irreales, que nunca se modificaron durante el proceso de discusión.  En mayo, la OCDE había previsto un incremento el próximo año de 5,1%.  El proceso de recuperación, constató en su documento de “Previsiones Económicas”, “ha perdido impulso a medida que los efectos de la desaceleración internacional se introdujeron en la actividad doméstica”.  En el supuesto de que la situación económica externa debilite la actividad interna más de lo estimado consideró la necesidad de aplicar políticas contracíclicas incluyendo “introducir una ayuda fiscal temporal”, como se hizo en 2009.  ¿En el debate presupuestario no deberían haber estado presente la consideración de temas tan trascendentes?  La discusión de la ley debería permitir hacer un balance y analizar la política fiscal en aplicación y la prevista, a lo menos, en el futuro próximo.  Al no hacerse así se empobreció el debate.

Las cifras de crecimiento del producto del tercer trimestre si se comparan con abril-junio y luego se anualizan multiplicándolas por cuatro, que permite  visualizar la evolución de la actividad económica en períodos más breves que si se hace en doce meses, constataron que la desaceleración todavía es mucho más acentuada.  Su incremento fue de 0,6% y, por tanto anualizado fue de 2,4%.  La variación del producto, con relación al trimestre anterior, fue muy inferior a lo acontecido durante el año.  En enero-marzo aumentó en cifras anualizadas un 5,6% y en abril-junio un 5,2%, o sea tampoco nunca se alcanzó el promedio anual de 6% prometido en las formulaciones oficiales.

Evolución PIB con relación a trimestre anterior

(Fuente:  Banco Central.  Porcentajes de variación con relación trimestre anterior y anual)

Paralelamente, a partir de septiembre comenzó a reducirse la cotización del cobre en los mercados internacionales.  Hasta agosto mantuvo desde diciembre una cotización sobre los US$4 la libra.  El promedio en los ocho primeros meses del año fue de US$4,26.  En septiembre cayó a US$3,77 y en octubre volvió a descender a US$3,33.  Ello también consecuencia de la desaceleración de la economía global, particularmente en China, y de la revaluación experimentada por el dólar norteamericano, en que se cotiza.  Esta reducción tiene un impacto indirecto en el cálculo del producto, ya que incide sobre el nivel de la demanda interna.  Se volvió así a los niveles promedios dominantes desde que comenzó en 2006 el superciclo de su cotización.

Cotización cobre refinado en BML 2006-octubre 2011

(Fuente: Bloomberg.  En dólares la libra)

Claramente,  en el recién aprobado presupuesto fiscal no se cumplirá el esquema fiscal de Piñera que el gasto público debe crecer menos que el producto o, en el peor de los casos al mismo ritmo, según la formulación realizada al presentar el proyecto de ley.  El próximo año los ingresos fiscales se reducirán, con relación a la estimación efectuada, por el menor nivel de actividad económica, mientras que se incrementa  el gasto de educación el cual finalmente en términos netos aumentó en US$190 millones, ya que US$150 millones se financiarán vía reasignaciones, es decir, destinándolas de otros ítems, agregándole US$440 millones a los US$782 millones consignados inicialmente.  Larraín destacó que se mantiene el objetivo de reducir el déficit estructural al finalizar el año 2012 a un 1,5% del PIB, lo cual en definitiva es un mecanismo destinado a limitar el crecimiento del gasto.

Este incremento fue logrado en lo fundamental gracias a la fuerza alcanzada por el movimiento estudiantil, que tuvo un gran respaldo en la opinión pública, obligando a La Moneda a dar pasos para mejoramientos en puntos específicos, los cuales distan mucho de ser los necesarios para la reforma en el sector que el país requiere.  En la encuesta de Adimark efectuada en el mes de noviembre, cuando se discutía en el parlamento la Ley de Presupuesto, un 71% de la muestra expresó su apoyo a las demandas de los estudiantes medios y universitarios.

El presupuesto aprobado -manifestó Sergio Lavanchy, rector de la Universidad de Concepción-, “es un instrumento de financiamiento que da señales”, quedando pendiente discusiones de fondo.  Además,  añadió, el proyecto no resolvió grandes temas posibles de abordar en el marco del presupuesto.  Por ejemplo, otorgar recursos para aumentar los aranceles de referencia, que se encuentran por lo general muy por debajo de la cantidad a cancelar por los estudiantes.  “Cuando se habla de entregar gratuidad a los tres quintiles más bajos, esto es entre comillas –puntualizó Lavanchy-, porque hay una brecha que se tiene que cubrir de alguna manera con créditos institucionales o de otro tipo.  Esperábamos –recalcó- un reajuste significativo en estos aranceles cosa que no se logró y es un tema pendiente” (30/11/11).   Otro tanto acontece en el crédito con aval del Estado, que se está considerando en un proyecto aparte, aunque están en juego recursos fiscales y que hasta ahora sigue siendo un subsidio a las instituciones financieras otorgantes de los préstamos, situación que definitivamente debe ponérsele fin.  Las demandas de los estudiantes para avanzar deben seguir presentes.

De allí lo equivocado del planteamiento de senadores de la Concertación, encabezados por los democratacristianos Andrés Zaldivar e Ignacio Walker que buscaron como objetivo alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo en el ítem de educación –en una ley donde la posición dominante del Gobierno en su elaboración es muy fuerte- tratándose de un proyecto que no recogía muchas de las demandas sociales, que tuvieron el mérito eso sí, de modificar la forma habitual de despacharse.

“Por cierto –se vio obligado a constatar también El Mercurio-, la aprobación del presupuesto 2012 no detendrá el debate educacional (…)”  Ello es así y dependerá, en lo fundamental, de la fuerza con que prosiga el movimiento por reformas profundas, demanda que también están planteadas en otras áreas de la vida nacional.

Las exigencias de una reforma educacional en la línea planteada por la movilización social sigue en un alto porcentaje pendiente.  Por eso, nunca se estuvo cerca de un acuerdo que recogieses sus exigencias centrales.  La aprobación del presupuesto, que tiene avances concretos en aspectos específicos, como dijo el senador socialista Camilo Escalona, “no introduce modificaciones significativas ni de fondo” (28/11/11).  El movimiento social debe exigir y las estructuras políticas deben establecer una vía para que se entre realmente a enfrentar una reforma educacional como el país requiere.  “Creo –señaló también el senador socialista- que en la Concertación no fuimos capaces de comprender la profundidad de la crisis en el sistema educación.  Subvaloramos el daño de la municipalización y la mercantilización del sistema y no generamos propuestos oportunas y estructurales para un problema cuya gravedad subestimamos.  Así de crudo”.

El tan pregonado fondo para la educación de US$4.000 millones, anunciado con un gran despliegue propagandístico, finalmente no se aprobó.  Fue siempre un fondo virtual, ya que nunca se le asignaron ingresos.  “En los tiempos que nos parezcan prudentes –declaró Larraín- vamos a presentar un proyecto”, recalcando que “no hemos hecho ningún compromiso en términos de monto” (04/12/11).  O sea, continúa sin financiamiento una reforma educacional, al mismo tiempo únicamente habló de “perfeccionar nuestro sistema tributario.  (…) puede subir unos impuestos y bajar otros”, cuando aumentos permanentes de gastos exige también aumentos permanentes de ingresos.

Ambos hechos son demostrativos de que se continúa por La Moneda sin política para enfrentar el desafío de la reforma educacional.  “El gobierno –concluyó José Joaquín Brunner haciendo un balance de lo ocurrido durante el año- ha perdido el control de la agenda educacional y, con ello, la conducción de la política en este sector.  Su programa –quien lo recuerda ya- yace olvidado en las memorias de Tantauco.  Existe la difundida sensación ciudadana (…) que no hay liderazgo.  Que la autoridad gubernamental y su tecnoburocracia se han visto forzadas a implementar medidas que no comparten intelectual ni emocionalmente, ni pertenecen al ideario de la derecha” (04/12/11).

Larraín volvió a hablar, al finalizar el debate presupuestario  igual que en la Exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública a comienzos de octubre, de medidas a incluir en el plan de contingencia de agravarse la situación externa, que declaró tiene confeccionado desde octubre.  Expresó que el primer elemento del plan fue la emisión de deuda soberana en el exterior.  Como segundo componente mencionó la creación del Consejo de Estabilidad Financiera destinado a monitorear el escenario externo y asegurar la coordinación entre las superintendencias y las principales autoridades económicas.  Ninguna de estas dos decisiones tienen efectos directos en frenar la desaceleración en curso de la economía chilena.  El financiamiento obtenido a través de los títulos de deuda soberana en lo fundamental se incorporaron  al Fondo de Estabilización Económico Social (Fees), por tanto se transformó en ahorro y no se usó para gasto, que es lo requerido para aplicar políticas contracíclicas.  Agregando dos nuevas formulaciones, mientras paralelamente se culminaba en el Congreso la discusión de la ley de presupuestos, contrataciones directas y subsidios a la contratación y medidas pro inversión, con mayor inversión pública e incentivos a la inversión privada.  Estas nuevas medidas tienen un efecto presupuestario, que no fue considerado en la ley aprobada.

De inmediato, desde el Instituto Libertad y Desarrollo (ILD) renació la idea de establecer un mecanismo de depreciación acelerada, que beneficia particularmente a grandes empresas.  Rápidamente en sus editoriales El Mercurio recogió la misma idea.  “Entre las medidas pro inversión –sostuvo-, una que puede ser particularmente atractiva es la depreciación acelerada.  Esta iniciativa –recordó, con nostalgia- formaba parte del programa de gobierno del presidente Piñera” (26/11/11).  Los grandes intereses económicos siempre buscan aprovechar los momentos de dificultades para obtener ventajas adicionales.

En el Encuentro Nacional de la Empresa 2011 también estuvo presente en el debate y a través de intervenciones especiales el descontento de amplios sectores de la población.  El director de Adimark, Roberto Méndez, lo cuantificó.  Durante 2011, señaló cuando aún no finalizaba noviembre, se registraban tres mil protestas más que en 2010.  El 61% de los encuestados, informó, no apoyan el modelo económico, que en un pasado no lejano fue un punto de consenso entre la derecha y sectores muy amplios de la Concertación.  La movilización social hizo imposible que este consenso se manifestase en la aprobación del presupuesto, a pesar que tuvo expresiones precisamente en este plano a comienzos de año[1].

“Es impresionante –reflexionó Méndez- que más del 70% sea crítico de los partidos de la Concertación, pero también de la Alianza por Chile, del Congreso Nacional y del Gobierno.  Muestra –concluyó- que estamos en presencia de un quiebre entre la ciudadanía y el mundo político que prácticamente lo deslegitima.  Una reforma política profunda es imprescindible para recuperar la legitimidad de la representación” (25/11/11).  Entre las transformaciones que se hace necesario alcanzar en democratizar la discusión del presupuesto fiscal  y la participación ciudadana en los grandes debates nacionales.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano