Colombia: Nariño convulsiona. Crónica de un encuentro con actores armados

Para llegar al resguardo Hojal, La Turbia, hay que navegar en canoa por cinco horas sobre los ríos Mira y San Juan. FOTO: Cortesía Unipa

Las comunidades indígenas en Nariño tienen limitaciones para moverse en su territorio, donde sobreviven entre grupos armados, minas antipersonales y minería de todo tipo.

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-¿Y ustedes por qué no pidieron permiso?, pregunta el guerrillero.

-Porque este es nuestro territorio y tenemos nuestra propia autoridad, le responde el indígena.

La escena ocurrió sobre el Mira, un río que bordea la frontera colombo-ecuatoriana, delimitado por una selva espesa, que luego se junta con el río San Juan. Cinco horas en canoa sobre su cauce es el camino más rápido para llegar a Hojal La Turbia, uno de los 41 resguardos del pueblo indígena Awá que habita en Nariño. Caminando, y con suerte, alguien puede tardar más de 15 horas para llegar hasta este poblado de 300 familias.

Ese día, en la mañana del sábado 26 de noviembre de 2011, diez guerrilleros de la compañía Daniel Aldana, del Bloque Conjunto Occidental de las Farc, detuvieron las canoas en las que se movilizaban la guardia indígena Awá y un grupo de periodistas que seguían el río para llegar al resguardo. “No pueden pasar. Lo hacen bajo su riesgo”, dijo el jefe guerrillero, un hombre de tez negra, alto y delgado, que al igual que sus subalternos portaba camuflado y fusiles nuevos.

Aunque desde hace 20 años la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, asegura que perdieron la tranquilidad por la presencia de los grupos armados ilegales, desde hace dos, la situación se recrudeció. Entre 2009 y 2011, 80 indígenas de esta etnia han sido asesinados, 750 desplazados, nueve han sido víctimas de minas antipersonal, cinco están desaparecidos, cinco niños fueron reclutados y las organizaciones indígenas han recibido seis amenazas. Así lo advirtió Acnur, la agencia de la ONU para los Refugiados, en un informe presentado al Consejo de Estado.

La tragedia del pueblo Awá llegó en 2009 a oídos de los magistrados, que el 26 de enero de ese año concluyeron que esta comunidad estaba en riesgo de extinción y ordenó al Gobierno crear un Plan de Salvaguarda Indígena.

Las denuncias llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que en abril de 2010 emitió medidas de protección para esta comunidad. En agosto de 2011 el Consejo de Estado se volvió a pronunciar y le dio un ultimátum de seis meses al Ministerio del Interior y de Justicia para que cumpla con la proteger a los Awá.

Mientras el Gobierno volcaba la mirada al suroccidente del país, en 2008 ocurrieron los primeros asesinatos en el resguardo Ñambí Piedra Verde, comunidad El Gualte, ubicado en vía que de Junín comunica con Barbacoas. Por miedo los indígenas se desplazaron y en mayo de 2009, con el pueblo casi fantasma, la escuela cerró también por falta de profesores.

Pese a las alertas de riesgo que emitió la Defensoría Regional, vinieron las masacres. El 4 de febrero de 2009 la columna Mariscal Sucre, de las Farc -Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia-, llegó hasta el resguardo Tortugaña- Telembí, ubicado entre los municipios de Barbacoas y Samaniego. Acusándolos de ser colaboradores del Ejército, los guerrilleros desaparecieron a tres Awá y a asesinaron con machetes y cuchillos a otros ocho indígenas, entre ellos, dos mujeres que estaban por dar a luz.

Seis meses después ocurrió la otra masacre, esta vez, en el resguardo Gran Rosario, en jurisdicción del municipio de Tumaco. A las cinco de la mañana del 26 de agosto de 2009, un grupo de hombres armados entró a las viviendas y asesinó a 12 Awá mientras dormían, la mitad de ellos menores de edad, y dejó heridos a otros tres indígenas.

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FUEGO CRUZADO

En Nariño el pueblo Awá está integrado por 41 resguardos, de los cuales cinco están todavía en proceso de constitución, con 30 mil indígenas en esta región. Del total, 30 resguardos corresponden a la Unipa y 11 al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, conocido como Camawari.

Desde hace dos décadas esta etnia perdió la tranquilidad con la presencia de los grupos armados.

Awá significa “gente de la montaña” y desde entonces no pueden transitar libremente por su territorio, con restricciones para navegar los ríos, que son sitios clave para curar el “chinú” o enfermedad, o realizar los ritos para enterrar a sus muertos, interrumpidos porque los armados no les permiten llegar hasta los sitios para recuperar los cuerpos. Esto porque muchos ya no mueren de forma natural sino por minas antipersona o por balas de fusil.

“No podemos ejercer nuestro propio gobierno y por la violencia muchos Awá han salido desplazados, buscando refugio en las ciudades”, dijo Álex Guanga, presidente de la Unipa.

La Oficina de Paz de la Gobernación de Nariño y organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola, advirtieron que el conflicto se recrudeció con la coca.

“Hay un aumento visible de los cultivos de uso ilícito llegando a 50 mil hectáreas sembradas actualmente, 25% del total de sembradas en el país”, dijo la Oficina de Paz.

Tumaco es una de las tres zonas del Plan de Consolidación, como se conocía antes al Plan Colombia, un programa estadounidense que da recursos económicos y apoyo militar para combatir las zonas cultivadas con coca y retornar la seguridad a estos lugares. Los otros sitios son La Macarena, en Meta, y los Montes de María, una región entre Sucre y Bolívar.

Pero pese a los recursos, en Tumaco, este puerto del Pacífico que tiene 180 mil habitantes, según Wola se disputa durante los últimos años el primer y segundo lugar del municipio con mayor área sembrada de coca y unas de las tasas de homicidios más altas del país, con 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, además de una fuerte presencia de grupos armados ilegales.

La explicación de la llegada de la coca a esta esquina del país ocurrió después de 2000, cuando el Plan Colombia invirtió 1.300 millones de dólares, dinero con el que fumigó a Putumayo, entonces el mayor productor de coca. Los cultivadores se movieron al occidente pasándose al vecino departamento, a tal punto que Llorente, cerca de Tumaco, es conocido localmente como Putumayito por la cantidad de habitantes que viven allí procedentes de la otra región.

Desde 2007, cuando llegó el Plan de Consolidación, Nariño pasó de tener un batallón a contar con dos brigadas y seis batallones aumentando de 6 mil a 14 mil la cantidad de miembros de la fuerza pública, y proyectando un aumento en 40 mil hombres de las fuerzas militares en cinco años.

Pese al aumento de pie de fuerza, la producción de cocaína es una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, que cobran ‘impuestos’ al gramaje y controlan las rutas del narcotráfico principalmente en su salida hacia el Océano Pacífico.

En informes la Vicepresidencia de la República y la Oficina de Paz de la Gobernación de Nariño señalaron que en el departamento delinquen las Farc, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y, después de la desmovilización de los paramilitares, las llamadas bandas emergentes como Águilas Negras, Nueva Generación y Rastrojos (que son herederos del paramilitarismo de derecha).

Según la Oficina de Paz en el departamento delinquen por los menos 1.500 guerrilleros con el Frente 29 de las Farc, que tiene dos columnas en esta región. La Mariscal Sucre, que está en el occidente de Nariño y la vía al mar principalmente en los municipios de Samaniego, Santa Cruz-Guachavés, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé. Mientras la columna Daniel Aldana lo hace en la frontera con Ecuador en Tumaco, Ricaurte, Cuaspud Carlosama, Cumbal e Ipiales.

De las bandas emergentes, el Gobierno calcula que en la región delinquen por lo menos 2.500 personas. “En el departamento hay presencia de los denominados Nueva Generación en la cordillera norte y la parte noroccidental de la costa pacífica nariñense; Los Rastrojos quienes en alianza con el ELN y sectores del Ejército, vienen desde el Cauca en un proceso de exterminación de la Nueva Generación y Águilas Negras, pretendiendo monopolizar el negocio de narcotráfico y dominar los corredores de armas y coca en Barbacoas, la cordillera norte y todo el litoral del pacífico”, señaló el informe de la Gobernación.

Por los enfrentamientos entre los grupos armados, el gobierno local denunció que desde 2003 a la fecha Nariño tiene por lo menos 150 mil víctimas de desplazamiento, 400 víctimas por minas antipersonales desde 2001, 20 desaparecidos en los últimos de dos años, 30 líderes sociales y políticos asesinados en los últimos cuatro años, 25 secuestros en 2008, 18 ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ en 2008, y una pobreza de 90% en varios municipios de la Costa Pacífica.

Solo en el caso de Los Awá, por ejemplo, tras las masacres ocurridas en febrero y agosto de 2009 por lo menos 500 indígenas de los resguardos Tortugaña- Telembí y Gran Rosario, de forma respectiva, salieron huyendo y buscaron refugio en la vereda La Guayacana. En octubre de 2009, mientras asistían al velorio de otro indígena asesinado, un grupo de hombres armados asesinó en este lugar a otros tres Awá.

Según el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y 2010 en Nariño 522 personas han sido víctimas de minas antipersonal. Los Awá están dentro de ese grupo y de forma reciente cuando el 31 de enero de 2011 en el resguardo Hojal La Turbia un niño de 14 años pisó una mina y murió por las heridas. Su padre, de 51 años, quedó herido.

La historia se repitió en menos de 15 días, el 7 de febrero, en el mismo resguardo cuando una mina causó heridas a otros tres indígenas. Luego, el 20 de febrero, en el resguardo Tortugaña-Telembí otra mina le quitó la vida a un joven indígena de 25 años y dejó herida a una mujer.

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LA FIEBRE DEL ORO

La economía de Nariño se basa principalmente en el monocultivo de la palma africana, para la producción de biocombustibles, y la minería con la explotación de oro, níquel, platino y materiales de construcción. Sin embargo, un informe de la Secretaría de Gobierno señaló que 60% de las 30 mil hectáreas que abarcaba el cultivo en la región estaba afectado por la pudrición del cogollo.

“Mucha gente que trabajaba en las plantaciones recogiendo el fruto quedó con los brazos cruzados. La gente es muy pobre”, dijo una persona que vive en la zona, y que prefiere reservar su nombre por su seguridad. A lado y lado de la carretera, en una vía que de Tumaco conduce al río Mira, se ven los chamizos de las plantas secas donde solo están en pie los troncos.

Así, la minería cobró el primer lugar de la economía y la fiebre empezó a sentirse en el territorio. El Observatorio Pacífico y Territorio, financiado por organismos internacionales, señaló que de los 64 municipios de Nariño, 52 están siendo solicitados para la exploración y la explotación minera.

El Observatorio de Gran Minería, de la Universidad de Nariño, integrado por economistas y sociólogos, advirtió que de los 1.890 títulos de explotación minera que el Gobierno otorgó en el país durante los últimos seis años, 169 títulos están activos en Nariño, principalmente de oro.

Del 18 al 20 de julio de 2010 en el departamento se realizó el Foro del Agua y la Minería y 500 delegados de comunidades campesinas, negras e indígenas concluyeron que “la gran minería se da conjuntamente con la presencia de actores armados que traen atropellos, violación de derechos humanos, amenazas a líderes, despojo de tierras, muerte y desplazamiento”.

Un documento de la Procuraduría señaló que según el Catastro Minero Colombiano, en Nariño existen títulos mineros vigentes en Tumaco, Magüí, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Samaniego, Santa Bárbara, El Charco, Linares, Pasto, Buesaco, Chachagüí, San Lorenzo, Arboleda, Aldana, San Bernardo, Córdoba, Puerres, Santacruz, Mallama, Sapuyes, Ospina y Sandoná.

Según la Subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, el departamento se rige por distritos mineros: El del Pacífico Sur, integrado por Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé; y el distrito de Cordillera de Los Andes compuesto por Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santa Cruz, Mallama y parte de Ricaurte.

“Prácticamente los más afectados son los municipios de la costa pacífica porque se ha determinado que en esta zona las reservas auríferas son muy altas, ya probadas por empresas internacionales que la exploraron en su tiempo…. Además la zona está llena de grupos al margen de la Ley. Lo que hacen los explotadores es entrar a negociar con estos grupos armados para que les brinden protección…”, señaló la Subsecretaría en un informe.

Quizá el caso más crítico es el del municipio de Magüí. Según el registro más actualizado de Ingeominas, el de 2009, ese año la mayoría de las concesiones para la explotación de oro fueron otorgadas para ese municipio. Aunque el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, de Acción Social, registró la expulsión 3.401 personas entre 1997 y agosto de 2010, el Observatorio de Gran Minería de la Universidad de Nariño cree que los datos están errados.

“En este momento Magüí es el municipio con el mayor desplazamiento del departamento, 83% de las personas expulsadas provienen de esa zona. La mayoría de la gente no ha podido retornar”, señaló un funcionario del Observatorio de la Universidad de Nariño, quien explicó que durante el trabajo de campo los grupos armados ilegales han solicitado los carné de la Universidad, tratando de identificar quiénes hacen investigación sobre el conflicto armado y la minería en la zona.

Un documento de la Procuraduría concluyó que “la ubicación de los megaproyectos auríferos y palmíferos en la zona de la costa, coincide con cuadros de desplazamiento forzado de la población”. Así, revisando los registros de desplazamiento de Acción Social, los municipios más críticos son Tumaco con 38.741 personas expulsadas desde 1997 a agosto de 2010; El Charco, con 25.683 expulsiones; Barbacoas con 13.929 casos y Policarpa con 10.088 víctimas.

El pueblo Awá tampoco es ajeno a esta situación. Este año sin consultarles siquiera, un minero llegó hasta el resguardo Hojal La Turbia y con diez máquinas abrió camino para explotar una reserva de oro. “La mina está dentro del resguardo y trabajan ahí como 100 personas ajenas a nuestro territorio. Le preguntamos que por qué hacía eso y nos dijo que a cambio nos iba a limpiar unos caminos y a construir una escuela… Pero nada compensa el daño a nuestra tierra que es sagrada”, dijo el líder Álex Guanga, presidente de la Unipa.

Según la guardia indígena, el río está siendo afectado con los químicos. “La mina saca agua para lavar y secar el metal precioso y la devuelve al río, que está cambiando de color”, contó Guanga.

Pero las preocupaciones de los Awá van aumentando. Primero las masacres, luego las minas antipersonal, ahora una mina que saca oro de uno de los resguardos. Es una etnia recolectora y ya no pueden salir a cazar conejos, armadillos ni perezosos porque los grupos armados que rondan por la zona les prohíben andar libremente por el territorio y caminar a ciertas horas.

El ejemplo más claro ocurrió hace un par de días, cuando diez guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc les impidieron el paso en canoa. Qué más que no poder ir a su casa.

“A los actores armados y al gobierno nacional les pedimos que respeten la vida y la integridad de las personas que vivimos en los resguardos. Que nos dejen ejercer nuestro gobierno y caminar libre en nuestro territorio”, dijo Guanga, haciendo eco de la convulsión que vive Nariño en un departamento donde, según datos de la Gobernación, la inversión local anual por asignación nacional no supera los $25 mil millones de pesos, y donde 27% de la población vive en la miseria y 57% en la pobreza, según datos de Fundesuma.

Por Verdad Abierta

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