Brasil se divorcia del Amazonas

¿Qué ha pasado en Brasil? No es una sorpresa la nueva legislación que legitima la deforestación en el Amazonas. Se trata de la constatación de quién manda en el país: Los gigantes agropecuarios. El modelo se consolida.

La reciente decisión del Senado brasileño de votar masivamente a favor de un nuevo Código Forestal que abre la puerta a la amnistía de los delitos contra la vegetación cometidos antes de julio de 2008 es una pésima noticia para el Amazonas y para los defensores de la naturaleza. Pero más allá de las consideraciones medioambientales, también es una pésima noticia para los que creían que en Brasil los políticos habían comenzado a modificar su desvirtuada visión del servicio público.

En realidad, el agronegocio brasileño no tiene color político ni responde a ninguna sigla concreta, pero está presente en todos los partidos

Con la aprobación de este código, primero en el Congreso el pasado mayo y ahora en el Senado, ha quedado claro quien manda en la primera potencia latinoamericana. El todopoderoso sector agropecuario, responsable de una larga lista de males que afligen al Amazonas, encabezados por la brutal deforestación y la existencia nada residual de mano de obra esclava, ha demostrado su capacidad de convertirse en la formación política más poderosa del país.

En realidad, el agronegocio brasileño no tiene color político ni responde a ninguna sigla concreta, pero está presente en todos los partidos (salvo en los verdes) y logra controlar ambas cámaras parlamentarias y amplios sectores del Ejecutivo. Basta observar el resultado de las votaciones: en mayo el Congreso respaldó una primera versión del nuevo código por 410 votos a favor y 63 en contra. El Senado, tras muchas discusiones y retoques del texto que en modo alguno modifican su quintaesencia (es decir, mano blanda con los que han deforestado ilegalmente y mayor flexibilidad legal frente a las futuras talas), bendijo el texto con 59 señorías a favor y 7 en contra.

Lo que se ha aprobado, en el fondo, no es un nuevo marco legal para los bosques y selvas, sino el modelo de desarrollo que Brasil lleva abrazando desde hace algunos años. No es casualidad que Marina Silva, que encarna lo más decente y creíble que hoy se puede encontrar en la política brasileña, renunciara a su cargo de ministra de Medioambiente por sus desavenencias con la cúpula del Ejecutivo de Lula da Silva. En el Gobierno de Brasilia prevalece la opinión de que la prioridad del país consiste hoy en alcanzar su pleno potencial económico, a toda costa. Para ello es necesario, según afirman los sectores ruralistas, disponer de nuevas áreas que alberguen más cultivos y cabezas de ganado. También es necesario aumentar la capacidad energética mediante la construcción de nuevas hidroeléctricas, como la de Belo Monte, que mantiene en pie de guerra a ONGs y sectores medioambietales del Estado de Pará.

Queda por saber qué hará la presidenta Dilma Rousseff, que deberá optar entre vetar o darle su bendición al código para que entre en vigor. Rousseff ya se pronunció en contra de una reforma que implique mayores niveles de deforestación, aunque tras la luz verde del Senado ha guardado un silencio sintomático de las dificultades que encontrará para oponerse a este código altamente predatorio. O mejor dicho, a un modelo de desarrollo que ha colocado la preservación de la naturaleza en un segundo plano y que ya navega viento en popa.

Lo que se ha aprobado, en el fondo, no es un nuevo marco legal para los bosques y selvas, sino el modelo de desarrollo que Brasil lleva abrazando desde hace algunos años.

Por Francho Barón

Publicado por Otramérica

Medio amigo de El Ciudadano