Con el propósito de visibilizar los obstáculos que deben enfrentar las personas migrantes en Chile y de hacer recomendaciones para contribuir para avanzar en dar respuesta a estas situaciones, el Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional presentan el informe: “Los Derechos Humanos y la Migración en Chile. Desafíos y oportunidades para una convivencia intercultural”.
Ante la estabilidad económica del país, sumado a la crisis europea actual, Chile se presenta como un propicio foco de migración. “Chile necesita políticas públicas de integración, la inmigración va ir creciendo y el Estado debe estar preparado”, especificó Macarena Machín, autora del informe y coordinadora del equipo de inmigración, Refugios y Solicitud de asilo de Amnistía Internacional.
El objetivo del informe es crear un material de trabajo que «ofrezca recomendaciones para el complejo tema de la migración».
La autora del informe manifestó que Chile tiene una serie de tratados internacionales ratificados que, en la práctica, no se ejecutan, por ejemplo el derecho de todo niño a tener nacionalidad.
“En las páginas del Ministerio de Educación, por ejemplo, no aparece la circular que estipula que se debe permitir el acceso universal a la educación. Si para un ciudadano chileno es difícil encontrar esta información, lo es más para un inmigrante”, ejemplificó Machín.
Otra deuda del Estado con los residentes extranjeros es el asenso laboral, Machín explica que muchos inmigrantes tienen estudios superiores, pero se les hace muy difícil homologarlos acá en Chile y terminan trabajando en hostelería, en el rubro agropecuario o el doméstico. En el caso de la mujer, el escenario es más difícil. Ellas sufren “doble discriminación”, porque acceden a malos trabajos y peores pagados que a los hombres. Además, quienes están en la labor de “nanas” tienen menos posibilidades de generar redes de integración, porque sólo interactúan con una familia.
En el ámbito de la salud, el documento estipula que tres cuartas partes de las personas nacidas en el extranjero cuentan con cobertura médica, eso deja a cerca de un cuarto de esta población sin protección en caso de enfermedad. Dependiendo del origen, destacan unos colectivos sobre otros, en este caso, son los peruanos, seguidos de los bolivianos y argentinos que aparecen menos protegidos.
Respecto a la vivienda, casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero se declara arrendataria, de la cual casi un tercio no tiene contrato. Esto pone de manifiesto la problemática de la vivienda y el elevado porcentaje de personas en situación de precariedad. Otro problema relacionado con la vivienda es la situación de hacinamiento (tres personas por pieza o un baño para ocho o más personas). Esta situación también se agrava en el caso de las mujeres.
Manuel Hidalgo, miembro de la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe (Apila) comentó que la población extranjera residente en Chile está expuesta a múltiples vulnerabilidades. La primera es el acceso al país.
Chile ofrece una visa “precaria y onerosa”,-dice Hidalgo- en el caso de los peruanos es de 80 dólares, “el permiso dura el tiempo del contrato laboral, el que muchas veces no alcanza los tres meses”, en el caso de visa sujeta a contrato. Esto influye en la situación “irregular” de muchos extranjeros quienes, al no tener carnet de residencia, permanecen al margen de servicios públicos y son vulnerables para violaciones de derechos laborales.
En Chile existe una diferenciación para entregar el certificado de residencia entre los ciudadanos naturales de los países integrantes del Mercosur y de quienes no. Para argentinos, bolivianos, brasileros, paraguayos y uruguayos, que se encuentren en Chile, independiente de la actividad que vengan a realizar, siempre y cuando no posean antecedentes penales y/o delictivos se le dará a visa temporaria sólo con su pasaporte. Para la tramitación de cualquier documento, los ciudadanos de nacionalidad peruana y colombiana deben presentar antecedentes penales.
Como explica Hidalgo, en julio de 2011, Perú y Ecuador se adscribieron al acuerdo de residencia del Mercosur, por lo que también tienen estos derechos de residencia. En Argentina y Brasil, se comenzó a implementar, en Chile aún no.
En cuanto a quienes sí están regularizados, Hidalgo mencionó que también son vulnerados debido a que muchos funcionarios públicos no tienen información acerca de los circulares y convenios internacionales firmados por Chile e “incurren en prácticas discriminatorias”.
Uno de los fines de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los inmigrantes es ayudar a cambiar la ley de extranjería, que está obsoleta a la luz de los derechos humanos.
La idea es generar una mesa de trabajo con un diálogo interministerial. Actualmente este asunto está en manos del Ministerio del Interior, “cómo si la migración fuera un problema de seguridad del Estado”, critica Machín. La idea es plantear un proyecto de ciudadanía intercultural, en conversaciones con el Ministerio del Exterior y de Planificación, entre otros. Para así evitar la discriminación y abusos que tienen los residentes extranjeros en cuanto a educación, salud, vivienda y educación. La propuesta apunta a un modelo de integración que va desde la educación a la legislación y fiscalización.
Este informe se elaboró en el marco del proyecto «Discriminación en Chile, en un Contexto de Globalización Económica. Una Propuesta de Trabajo desde los Derechos Humanos y la Interculturalidad», que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea. Su impresión contó, además, con la colaboración de Australian AID.
Por Estefani Carrasco Rivera
Foto: Galería de Gaelx
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