«Está mal pelado el chancho»

El 61% de la población chilena no está de acuerdo con el modelo económico, se desprende de la última encuesta Adimark presentada a la prensa el pasado 19 de octubre. Ello quiere decir que tres de cada cinco chilenos cree que es necesario cambiar el esquema neoliberal impuesto en Chile por la dictadura y afinado durante los 20 años de gobiernos de la Concertación.

Las razones de esta tendencia, según esa empresa investigadora de la opinión pública –ligada al empresariado nacional- es que, pese a los buenos índices macroeconómicos observados en los últimos 25 años, la gente está fastidiada con el aumento de la desigualdad y a que existe una clase media que está “indignada y pesimista”. De acuerdo a esta consultora, “las causas del malestar se identifican con: una inflación creciente para los sectores medios versus el congelamiento de sus ingresos; los abusos de algunas empresas –como La Polar-; la baja confianza en las instituciones económicas y políticas, y los altos costos de la educación”.

Y es que la dialéctica del modelo neoliberal tiene como una de sus características el haber tergiversado sus propios postulados; veamos: se nos dijo que el principio de subsidiariedad consistía en que el Estado sólo interviene en las áreas en que la sociedad civil no puede hacerlo, pero finalmente nos damos cuenta que el Estado lo que ha hecho es asegurarle márgenes de utilidades a las grandes empresas, por lo que es la gente la que termina subsidiando a los negocios privados. Cada vez más personas toman conciencia de que el sistema público ampara la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, y que el costo de las “externalidades negativas” –tanto sociales como medioambientales- las terminamos pagando los ciudadanos de a pie.

El otro eslogan fue el de “Una economía social de mercado, y mixta”… pero desde Antonio Gramsci, sabemos que el mercado es un sistema de relaciones de fuerza; no es un ente abstracto ni metafísico como muchas veces los economistas vulgares intentan mostrarlo. En el fondo, la dictadura, los Chicago Boys, el neoliberalismo y la transición chilena fue un proceso que consistió en crear un armazón institucional que privilegiara la operación de los grupos económicos y transnacionales, atando las manos del sistema público (Estado) y de la sociedad civil.

Incluso artículos aparecidos en medios estratégicos de la derecha económica, indican que en las tres últimas décadas, el nivel de concentración en nuestro país ha llegado a niveles preocupantes, “con una fuerte disminución en el número de empresas, lo que se ha traducido en abusos de posición dominante que tienen impacto para los competidores, proveedores y también para los consumidores. Y en ese sentido, una característica ha sido que las autoridades que velan por la libre competencia han dado luz verde a la gran mayoría de las fusiones, permitiendo la existencia de grandes conglomerados que dominan casi sin contrapeso sus respectivos mercados”.

Esta grosera concentración ha posibilitado el lobby, la cooptación, una suerte de “neo-corrupción” que se hizo patente desde mediados de la década de los 90s, con el clásico “cómo voy yo ahí” que escuchábamos –en privado- de la boca de nuestros funcionarios públicos ante las “oportunidades de negocio” que veían en la entrega de la ejecución de obras públicas a empresas privadas.

¿Para qué existen entonces todas las superintendencias, contralorías, tribunales, servicios y demás órganos reguladores, de control y fiscalización? En Chile, vemos que no cuentan con recursos ni personal adecuado, que las multas son irrisorias y que en muchas ocasiones terminan siendo facilitadoras de los negociados.

Tal como afirma el periodista Fernando Paulsen, si el 1% más rico de Chile no eludiera los impuestos que con la actual legislación deja de pagar, alcanzaría para financiar educación gratuita para todos.

Pero este fenómeno de ultra concentración no es exclusivamente chileno. Un estudio de científicos en Suiza concluye que “el 80% del valor del conjunto de las 43.000 transnacionales estudiadas es controlado por 737 entidades: bancos, compañías de seguros o grandes grupos industriales. Además de que 147 transnacionales, controlándose entre sí, poseen el 40% del valor económico y financiero de todas las transnacionales del mundo entero”.

Es ante esta evidencia que los habitantes de la Tierra están comenzando a protestar; que “está mal pelado el chancho” o “mal repartida la torta” es algo que cualquier persona mínimamente informada sabe y que muchos individuos palpan a diario. Tal como consignan los ocupantes de Wall Street, somos el 99% los que estamos indignados y en movimiento contra ese 1% de elitistas e hiper ricos que manejan los hilos de la economía y la política. No queremos ser zombies, muertos en vida, carne de cañón o para la picadora industrial; no deseamos que nuestros jóvenes opten por el suicidio ni que la sociedad parezca un gran psiquiátrico; nos negamos a ser tratados como mercancías.

Pero así como la ciudadanía está mostrando un punto de inflexión, el gobierno chileno va contra esa corriente y pretende profundizar aún más el neoliberalismo; a la privatización de la propiedad que el Estado mantenía en empresas sanitarias, se agregan las intenciones de debilitar y asfixiar a empresas estatales estratégicas, como Enap y Codelco.

Necesitamos que la institucionalidad deje de favorecer descaradamente a los oligopolios y que permita la iniciativa y el emprendimiento del Estado y de las organizaciones sociales. Queremos un verdadero principio de subsidiariedad que fortalezca a la sociedad civil y al tercer sector (economía solidaria), combinado con una real descentralización como primer paso hacia un Estado federal; y anhelamos una sincera economía mixta, plural, que valorice las diversas formas de propiedad, con un fuerte sello social y donde el sistema público impulse la democratización de los mercados (evitando la concentración).

Un claro ejemplo lo da el sistema previsional chileno, que obliga a cotizar en una AFP (sociedad anónima), esquema que tras 30 años ha mostrado sus graves falencias. Urge que el marco institucional otorgue verdaderas alternativas: que exista, además de las AFPs, un ente público (estatal) y la opción de imponer en organizaciones solidarias, como las corporaciones mutuales, y que todo el sistema esté supervigilado por una Superintendencia que realmente resguarde los fondos creados por los y las trabajadore(a)s.

Saludamos la reaparición –a través de nuestras páginas- del padre Eugenio Pizarro –candidato presidencial en 1993-, quien nos señala que se necesita la “Pascua” de Chile: Dar el paso de una institucionalidad ilegítima a una verdaderamente legítima”, por medio de una Asamblea Constituyente que genere una nueva Constitución con un tipo de democracia más participativa.

Los ciudadanos de a pie, la gente común y corriente, debemos avanzar desde el antagonismo, la resistencia, hacia la autonomía, mediante los congresos sociales, los medios de comunicación alternativos, las asambleas ciudadanas y de los pueblos, para generar proyectos y programas de acción desde las propias organizaciones sociales y desde lo local a lo nacional.

Los estudiantes –pese a las amenazas y represión (por parte de matones civiles y de Carabineros)- están dando la pauta; también lo ha hecho la coordinación de organizaciones denominada “Democracia para Chile”, quienes protagonizaron la toma de la sede capitalina del Senado –exigiendo la posibilidad de realizar plebiscitos vinculantes. La alianza de trabajadores y estudiantes es la punta de lanza para articular un gran movimiento transformador.

Las organizaciones ciudadanas deben proseguir en sus acusaciones al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), tanto por la represión ejercida por la policía como por el atropello a las comunidades indígenas (caso Pascua Lama).

Si bien no entraremos en la descalificación abstracta e hipócrita de la violencia, creemos que este movimiento tiene que cuidarse de “pisar el palito” de las provocaciones y actuar con métodos que tengan una opción preferencial por la desobediencia civil y la no-violencia activa. En este sentido, aplaudimos la decisión que en esta línea anunció ETA en el país vasco. En este momento crucial se requieren “multitudes” sintonizadas y para eso es precisa la sumatoria de voluntades.

El camino no será fácil; al decir de Toni Negri –quien estuvo dialogando con los estudiantes en Santiago-, el “Imperio” contraataca, las corporaciones transnacionales están en una ofensiva para succionar las materias primas y recursos naturales (caso Libia), y estamos conscientes que utilizarán la actual crisis económica para intentar dar otra vuelta de tuerca a su sistema de control y dominio global.

El ‘proyecto nacional y popular’ de Cristina Fernández fue reafirmado con casi el 54% de los votos en la reciente elección presidencial en Argentina. Aunque las críticas desde la izquierda son atendibles, no es menos cierto que se debe valorar la búsqueda de un camino propio que los aleje del neoliberalismo implantado por Menem en la década del 90. El ejemplo contundente de las empresas recuperadas, de intencionalidad autogestionaria y bajo control obrero que se han dado al otro lado de la cordillera, es una referencia concreta para el movimiento social en Chile.

Por Equipo Editor

El Ciudadano Nº113, primera quincena noviembre 2011