La Era de las Reformas

El Gobierno de Piñera y de la derecha abre una nueva fase política en el país. Nos encontramos en la mitad de su gestión y las aguas políticas se han agitado bastante como para encontrarnos en una coyuntura que no sólo clama por reformas políticas y económicas de magnitud, sino también se ha instalado cierto consenso en el mundo social y político sobre la necesidad de impulsar un conjunto de reformas. Con la Nueva Forma de Gobernar ha llegado la “era de las reformas”.

En efecto, se ha instalado en el centro del debate político, público y legislativo la urgencia de impulsar reformas que tengan como objetivo no sólo ajustar la relación permanente entre ciudadanía, desarrollo y política, sino también aumentar los niveles de legitimidad de la clase dirigente del país. Se trata, de ajustar o encauzar la institucionalidad a la nueva realidad socio-política de Chile.

En esa dirección, por tanto, el “movimiento de ajuste” busca equilibrar lo social y ciudadano con lo político y lo económico. Las presiones, las exigencias y las demandas vienen de la sociedad civil. Las ofertas, a su vez, de la sociedad política. De ese modo, el punto de equilibrio de la demanda-oferta de la teoría económica, se traslada al mundo de la política. La clase política sabe que hay que parar de alguna manera el “potencial reventón social” que durante el 2011 mostró su “rostro de malestar”.

La manifestación de estos hechos se ha sucedido uno tras otro durante todo el 2011. No sólo se trata de la emergente movilización social-ciudadana expresada en los estudiantes, en el movimiento ambientalista, en las luchas urbanas de Magallanes, Calama o Rancagua, en la acción espontánea de los consumidores del transporte público –Transantiago y colectiveros-, en el movimiento de la igualdad de género, en los ciclistas y en el alza de las huelgas laborales, etc., sino también en la baja en las encuestas del gobierno y del Presidente en particular y de la clase política en general.

Todo, finalmente, configura un escenario de crisis “de la política” que se expresa en una crisis de participación, representación y legitimidad. Frente a estos hechos, la clase política se pregunta ¿qué hacer para revertir nuestra credibilidad y reproducir nuestro poder socio-institucional? Las respuestas a estas preguntas han comenzado a movilizar a los actores. La solución ya la encontraron: reformas políticas y económicas. Esa es la orden del día y tarea de los próximos meses. La pregunta, por tanto, que hay que hacer es ¿qué reformas van a impulsar y negociar?

En el plano económico se han instalados algunos temas que se vinculan directamente con dos situaciones; generar una mejor y más justa distribución de los ingresos y terminar con el abuso del capital sobre los consumidores. El primer punto se relaciona con la reforma tributaria y la agenda social (que todo gobierno tiene e impulsa); y el segundo, con normas y leyes que se dirigen a equilibrar la relación desigual que ha existido a lo largo de muchos años no sólo entre capital y consumidores, sino también entre capital y trabajo.

La Reforma tributaria ya tuvo su debut en las pasadas presidenciales. En marzo del 2011 vuelve a instalarse en el seno del debate con el “Chile 2030” de Lagos. Desde entonces se ha intensificado en la medida en que el movimiento social manifiesta su malestar –sobre todo, el estudiantil- y las desigualdades van haciendo cada vez más evidentes y des-estabilizadoras. Arturo Martínez en el discurso del Primero de Mayo volvió a insistir en la necesidad de la reforma y cambios en materia laboral. Sin embargo, en su cuenta anual el 21 de Mayo el Presidente no mencionó esta posibilidad. Luego, siguieron los partidos –sobre todo, los de oposición-, los centros de estudios y en el último tiempo han surgido las voces de los empresarios. Sin duda, un consenso social implícito; que el gobierno ha empezado a recoger y articular. Ya veremos el contenido y los avances del debate. ¿Habrá reforma tributaria durante este gobierno?

En relación al equilibrio entre el capital y los consumidores han comenzado a circular algunas iniciativas que se orientan a terminar con los abusos. Durante este gobierno han emergido un cúmulo de hechos que dan cuenta de cómo el capital junto a la generación de utilidades muy altas han operado con una lógica que genera una relación muy desigual entre el capital y los consumidores que se ha expresado en a) situaciones de colusión real (farmacias y pollos) y potencial (supermercados), b) caso La Polar, c) Ventas atadas por parte de los bancos, d) multi RUT y e) altas tasa de interés y cobros que nadie entiende.

Como una forma de ponerle freno a estas situaciones se está impulsando la agenda de las reformas económicas. Entre las iniciativas se destaca el Sernac financiero, la iniciativa de un Sernac del retail, penas de cárcel para los carteles y sus responsables y otras políticas anti monopolios y anti colusión. Ya se verá, como se avanza en estos aspectos. No olvidemos que el mundo del capital y de las grandes corporaciones son el sustento social, político y económico del actual gobierno.

En el plano político las reformas han sido un tema recurrente desde que se abre la transición a principios de los noventa. Han estado en el debate de forma manifiesta o latente dependiendo de las coyunturas  y sus características. Sin duda, han existido avances democratizadores.

El objetivo político de estas reformas apunta a solucionar la crisis de participación, legitimidad y representación que caracterizan a la política chilena de hoy. En esa dirección, las reformas políticas que circulan y debaten pueden agruparse en dos tipos; las de bajo impacto político (blandas) y las de alto impacto político (duras). Mientras las primeras son las propuestas del programa político del gobierno; las segundas, son las propuestas de las actuales oposiciones.

La Nueva Forma de Gobernar ha hecho el diagnóstico de que nuestra “democracia está enferma y necesita ser perfeccionada”. En esa dirección en su programa de gobierno y en los dos discursos del 21 de Mayo se han planteado las soluciones. Entre las propuestas podemos identificar la Inscripción automática, el voto voluntario y el voto de los chilenos en el exterior, el cambio en las fechas de elecciones de diciembre a noviembre, la elección democrática de los Consejeros Regionales, la ley de primarias, la iniciativa de ley, los plebiscitos comunales, la modernización del Estado y la declaración de patrimonio e intereses por parte de las autoridades político-institucionales. No olvidemos, sin embargo, que muchas de ellas ya eran parte del debate político-legislativo y estaban en el parlamento.

Sin duda, son todas reformas menores y de bajo impacto. Incluso, la  Inscripción automática y la ley de primarias. Se ha sumado a ellas, en los últimos días, la ley de cuotas que hará que las mujeres tengan una cantidad asegurada de asientos en el parlamento. Eso, no me parece democrático. Aún cuando se trate de reformas de bajo impacto, hay que avanzar en ellas.

Sin embargo, los hechos de este año (movilización social y bajos niveles de legitimidad) han instalado en el escenario “reformas políticas de alto impacto” que han comenzado a dominar el debate. Entre ellas, encontramos a) cambios al binominal, b) reforma constitucional de raíz constituyente que ponga fin, entre otros, al rol “subsidiario del Estado” y elimine los quórum calificados y c) plebiscitos nacionales y vinculantes. Si bien, no se ha planteado como parte del debate actual, la elección democrática de los Intendentes es una reforma de alto impacto que sí contribuiría a la profundización democrática al aumentar la participación, la legitimidad y mejorar la representación. Incluso, en este nivel podemos ubicar una reforma que apunte a limitar el número de re-elecciones en las que cada parlamentario puede participar.

En rigor, el único cambio relevante y revolucionario es el cambio del sistema electoral. ¿Qué sacamos con aumentar la participación y el número de inscritos, si de todos modos rige la lógica binominal y su empate ficticio?

La nueva fase política abre la “era de las reformas”. Los movimientos ya se han puesto en marcha y en los próximos años podremos evaluar su efectividad en términos no de “perfeccionamiento democrático”, sino en términos de “profundización democrática”. Y ello, no sólo en relación a la participación, la representación y la legitimidad política, sino también en relación a la igualdad económica y al equilibrio entre el capital y los consumidores.

El problema político para los próximos años no sólo es que el movimiento de la institucionalidad es más lento que el tranco de las demandas y movimientos sociales, sino también que vienen dos años electorales que pueden prolongar, retrasar y/o apurar las reformas. Sólo espero, que no aparezca el conocido gatopardismo de la sociedad chilena ni que el eufemismo, la técnica y el cálculo termine por imponer sus términos.