Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, una colusión desplumada

La colusión de grandes empresas avícolas es un nuevo gran escándalo que estalla durante el año, cuando aún las maniobras fraudulentas contra clientes de la multitienda  La Polar siguen sin esclarecerse plenamente y sancionarse.  La Fiscalía Nacional Económica al poner al descubierto el manejo efectuado por la llamada Asociación de Productores Avícolas, que de acuerdo a la denuncia, cumplía un papel clave en la repartición del mercado entre Agrosuper –la mayor empresa productiva por ventas del sector alimentos-, Agrícola Ariztía y Don Pollo, confirma que existen disposiciones y mecanismos para enfrentar manejos como los revelados, que incluso se relataron impunemente por medios de prensa.

El gran tema es enfrentar decididamente las expresiones de colusión existentes y sancionarlas ejemplarmente, no convirtiéndolas en indefinidos procesos jurídicos.  La economía chilena tiene un grado de concentración elevado que fácilmente puede conducir a maniobras contra los consumidores o proveedores.  La respuesta oficial de limitarse a anunciar la constitución de una comisión especial para “perfeccionar” la legislación en defensa de la libre competencia resulta nuevamente insuficiente.

De otra parte, el hecho vuelve a plantear el tema de los conflictos de intereses en funcionarios con elevados cargos en la administración pública.

Luego de una prolongada investigación, que incluyó allanamientos de la Asociación de Productores Avícolas (APA) y de la productora Don Pollo –aprovechando modificaciones legales promulgadas hace dos años-, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión de los tres oligopolios dominantes en el sector (Agrosuper, Agrícola Ariztía y Don Pollo) efectuada en coordinación con el organismo empresarial.  La denuncia establece que ese proceder lo mantenían desde hace una década, es decir también durante los gobiernos de la Concertación.

La colusión se realizaba efectuando a fines de cada ejercicio una proyección del consumo en el año siguiente, estableciendo las toneladas de carne de pollo a producir y vender por cada una de ellas, asignándose cuotas de mercado.  Las estimaciones efectuadas eran analizadas en las reuniones de directorio de la APA, la cual quedaba encargada de monitorear el cumplimiento del plan concordado, tarea que efectuaban a través de un organismo denominado “Comisión de Evaluación”, cuyo secretario ejecutivo era nada menos que su presidente, Juan Miguel Ovalle.  “El actuar de la APA –expresó la FNE- es del todo contrario a lo  que puede esperarse de una entidad de esta naturaleza dentro de un marco competitivo”.  Constituye una grosera deformación del papel a desempeñar por las organizaciones empresariales.

La APA, de producirse modificaciones en las condiciones del mercado, proponía introducir cambios en el acuerdo concordado. “El principal foco de colusión –manifestó el presidente de Conadecus, Hernán Calderón- está en estas asociaciones gremiales que en muchas ocasiones son las que promueven (…) el acuerdo de precios para afectar el bolsillo de los consumidores” (02/12/11).  Por esta razón, la FNE  propuso al TDLC la disolución de la asociación gremial y se le aplicase una multa ascendente a 20.000 UTA (US$18,2 millones).  A cada una de las tres empresas coludidas planteó multarlas en 30.000 UTA (aproximadamente US$27 millones).

“Este es un cartel  de larga data –manifestó el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal- de manera que ha tenido el control sobre la producción durante mucho tiempo.  El ilícito central es un cartel para limitar la producción.  Es obvio, por demanda y oferta –agregó-, que efectivamente el hecho de modificar o acordar cantidades tiene un impacto en el precio, aunque en este caso  la forma como operaba el cartel era a través de un acuerdo respecto de la producción.  Otro elemento adicional –recalcó- es que este cartel se produce a nivel gerencial, no son mandos medios, sino que son los gerentes de las empresas los que están involucrados” (02/12/11).  Por tanto, la colusión se producía directamente al más alto nivel de las empresas, facilitando la coordinación el organismo que las reunía.

En los mercados oligopólicos, como el avícola, se producen habitualmente tendencias a la colusión.  Ello es un problema que se repite, dado que una evolución muy habitual es hacia la concentración, quedando la producción y las ventas en manos de unos pocos actores, los cuales frecuentemente se ponen de acuerdo en precios –como aconteció en el mercado farmacéutico con Farmacias Ahumadas, Cruz Verde y Salcobrand-, al dividirse el mercado o efectuar  otras acciones que restrinjan la competencia, dando lugar  a la formación de estructuras anticompetitivas.  Estos acuerdos, desde luego, afectan directamente a los consumidores.  Su existencia por un largo lapso muestra la debilidad de los organismos regulatorios y el todavía insuficiente desarrollo de asociaciones en defensa de los consumidores, llamadas a desempeñar una función cada vez más importante.  “Aquí –manifestó Felipe Irarrázabal, refiriéndose a la colusión avícola- se asignaron cuotas de mercado, hubo  intercambio de información, se alteró la competencia y bajo la coordinación de la asociación gremial se ejecutó un cartel.  Déjeme –añadió en una entrevista de prensa- usar las palabras de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso famoso:  el cartel es la maldición suprema del derecho a la competencia” (02/12/11).

En la producción de pollos Agrosuper, Agrícola Ariztia y Don Pollo explican un 92% del total,  mientras en las ventas –considerando las importaciones-, representan un 82%, de acuerdo a los antecedentes reunidos durante la investigación por la FNE.  Ninguna de estas empresas se dedica únicamente a la producción de pollos.  Agrosuper participa también en la de pavos, cerdos, salmón y cecinas, Ariztía en pavos, cerdos, huevos y cecinas y Don Pollo en cerdos, huevos y cecinas. ¿En las otras actividades en donde tienen un alto porcentaje del mercado igualmente no se coluden?

Participación de mercado en producción y ventas de pollo en 2010

(Fuente: FNE.  En porcentajes del total)

(* incluye importaciones)

El liderazgo sectorial  lo posee Agrosuper, que es también la mayor empresa de agroalimentos en el país, con ventas anuales consolidadas cifradas en unos US$2.000 millones.  Es controlada por Gonzalo Vial Vial.  Posee una red de 38 terminales a lo largo del territorio nacional.  En 2010 comercializó, con sus marcas Super Pollo, Pancho Pollo y Pollos King, 18.490 toneladas mensuales.  Ese año, del total de sus ventas un 65,4% (US$1.328 millones) provino del mercado interno y un 34,6% (US$702 millones) de las exportaciones.  Según sus propias estadísticas, el 31% de los ingresos de Agrosuper se originan en el negocio de los pollos, un 8% en los pavos, un 7% en los salmones y el 9% en productos procesados.

Agrícola Ariztia es más antigua, nació en 1936, siendo encabezada actualmente por Manuel Artiztía Ruiz, En 2010 comercializó aproximadamente 9.670 toneladas mensuales, teniendo dos plantas faenadoras, una en el norte y otra en la zona central.  Entre las tres empresas, la más nueva es Don Pollo, que inició sus operaciones en 1986 por  iniciativa de Ramón Covarrubias Vives.  Posee una planta y comercializa 2.560 toneladas mensuales.

En exportaciones, el porcentaje de Agrosuper es aún más alto, llegando en 2010 a un 65%.  El 35% restante las efectuó Agrícola Ariztía.  En ese año, se colocaron en el exterior 90.000 toneladas por unos US$ 200 millones.  Los principales destinos fueron la UE (36%), México (22%) y EE.UU  (17%).  En cambio, del total importado un 54% proviene de Argentina, otro 25% de Brasil y el resto de EE.UU.

La gravedad de la colusión es aún mayor si se considera que los pollos constituyen el tipo de carne más consumida por la población, aproximadamente 27 kilógramos per cápita anuales, representando un 39% del total, superando a la de cerdo (30%) y a la de vacuno (26%), constituyendo el tercer producto de más venta en los supermercados.  De acuerdo a cifras del ministerio de Desarrollo Social, la carne de pollo constituye el 5% del gasto en alimento en los hogares de menores ingresos, en cambio es solo el 2,4% en los ingresos más elevados.  Además, es el cuarto bien más consumido en el primer quintil de la población.  Es decir, si se coluden las grandes empresas para influir en su precio se produce un efecto regresivo en la distribución de los ingresos.

Por lo demás, su “coordinación” la habían reconocido públicamente, sin que se actuase para ponerle fin y sancionarla.  “En los pollos –expresó el año 2007 a la Revista del Campo el gerente general de Don Pollo, Ramón Covarrubias Matte, hijo de su fundador- pretendemos mantener el mercado que hemos conquistado (…).  Con Ariztía y Agrosuper –añadió- tenemos una asociación gremial muy fuerte a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que corresponde a cada uno en el mercado.  No nos vamos a quemar por un 1% más” (02/12/11).    En otras palabras, reconoció abiertamente la colusión.  ¿Por qué no se reaccionó en ese momento?  Tendrán que explicarlo las autoridades económicas y los responsables entonces de garantizar la “libre competencia”.

Desde luego, que este accionar les aseguró elevadas ganancias.  “Los beneficios económicos que al menos durante una década han obtenido de su actuar ilícito las empresas productivas requeridas –señaló la FNE en su documento-  exceden con creces la multa máxima establecida para nuestra legislación”.

Sebastián Piñera, conocida públicamente la denuncia, expresó que la libre competencia es un “requisito esencial para el buen funcionamiento de una economía social de mercado”, limitándose a anunciar la constitución de una comisión asesora presidencial encargada de “fortalecer” la libre competencia.  ¿Existirá libre competencia en un país donde muchos sectores económicos claves son oligopólicos e incluso monopólicos?  Por lo demás, en numerosas oportunidades cuando el actual presidente estaba en el directorio de LAN, la empresa fue sancionada por violar la “libre competencia” e imponer precios de monopolio en muchos lugares.

Los hechos plantean nuevamente la existencia de conflictos de interés, nada de raro por el equipo de gobierno existente, con múltiples vínculos o procedentes del gran empresariado.  El director de Indap, estructura dependiente del ministerio de Agricultura, Ricardo Ariztía, se vio en la obligación de declarar que no tiene “vinculación directa en las decisiones” de Agrícola Ariztía, controlada por su grupo familiar.  ¿Y en las indirectas, cabe preguntarse?

Si se adoptan medidas para “fortalecer” la competencia siempre será beneficioso.  Más aún si se reestablecen sanciones criminales, abolidas inexplicablemente el año 2003 después de no haber sido utilizadas durante cuatro décadas, lo que revela la “mano blanda” con que se ha enfrentado las colusiones y los actos contra la “libre competencia”, en un país en que una gran cantidad de mercados son oligopólicos e incluso monopólicos.  “En EE.UU. –constató editorialmente El Mercurio- (…) la colusión se castiga con multas que pueden triplicar el daño y con penas de prisión a sus responsables” (07/12/11).  Pero, mientras se “mejora” la legislación se trata de aplicar resueltamente la existente que demostró en el caso de la colusión avícola puede poner en la picota acciones lesivas para el país y los consumidores.

Durante el año, la FNE presentó otras acusaciones de acciones limitativas de la libre competencia.  En marzo acusó a Andina y Coca-Cola  Embonor de dificultar la distribución de marcas alternativas de bebidas.  En junio y octubre presentó requerimientos contra empresas de transporte de pasajeros, incluyendo las dos más grandes del sector –Tur Bus y Pullman Bus- por concordar tarifas y frecuencias de servicios.  “Por limitaciones de recursos –declaró Irarrázabal- , la FNE se está localizando en casos de alto impacto.  La FNE –añadió- necesita subir el precio implícito que involucran las transgresiones a la libre competencia” (10/11/11).

La FNE cuenta con una unidad anticarteles.  Su actividad la desempeña, explicó su director Ronaldo Bruna, prestando particular preocupación a mercados con alto impacto en la sociedad.  Para decidir que actividad investigarán, señaló, van “sumando puntaje”, considerando el porcentaje que constituyen en el PIB, la cantidad de reclamos recibidos de los consumidores y que tengan un impacto elevado en la canasta de consumo de los hogares.  Además, tienen en cuenta la existencia de productos homogéneos, igualdad de precios en el tiempo o porcentaje de participación de mercados sin modificaciones.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano