No pasaron inadvertidas las ganancias obtenidas por las Isapres el segundo semestre de este año: Más de $47 mil millones de pesos registraron las empresas en nueve meses, hasta septiembre, es decir, un aumento de un 50,1% respecto al mismo periodo en 2010. Ganancias millonarias que no se ven reflejadas en la calidad del servicio que prestan las empresas a sus usuarios.
Rechazo de licencias médicas, alza en los planes, cobros indebidos, escaza divulgación de información, bloqueos de cobertura, son algunos de los abusos que reclaman los ‘beneficiarios’. Ante este panorama, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley para controlar los precios y las alzas en el sistema.
La lista de empresas con mayores ganancias la lidera Cruz Blanca con utilidades líquidas de $10.612 millones de pesos. Le siguen Colmena, con $10.098 millones, Consalud con $8.845 millones y Banmédica, con $8.504 millones.
Según el presidente de Isapres en Chile, Hernán Doren, el alza en las ganancias se explica por un aumento en el número de cotizantes, que de septiembre de 2010 a la misma fecha de este año alcanzaron un 5,3%. Ello -sostuvo- “indudablemente significa una mayor recaudación”. Pero para la médico y vocera de la agrupación de ‘Salud: un Derecho’, Vivianne Bachelet, “eso no tiene ninguna importancia”, porque está dentro del rango aproximado de la masa total de cotizantes. Más importante -dijo- es por qué se producen la utilidades… y explicó: “Por no inducir y no informar a los beneficiarios de las Isapres que pueden acceder a bonificaciones vía GES -Garantías Explícitas en Salud, antes plan Auge- por parte de las clínicas privadas o profesionales de la salud, porque pierden con eso su clientela o el negocio”.
El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, atribuyó el problema a la falta de fiscalización. “Las utilidades de las Isapres son una discusión permanente, porque esto va justamente asociado a las alzas de los planes que han sufrido los usuarios y a la rentabilidad que está entregando el sistema a estas empresas privadas de salud que no tienen una regulación suficiente como para impedir que obtengan cifras desmesuradas”.
Ante las críticas, Hernán Doren descartó que se trate de ganancias excesivas, explicando que la utilidad por beneficiario es de 1.826 pesos al mes. “Esta es la utilidad que deja un beneficiario… si ustedes me dicen que 1.826 pesos es mucho, es una manera de verlo y es lícito”, declaró. Pero la doctora Vivianne Bachelet, al respecto, plantea que en eso Doren puede tener razón, porque con lo que se le cobra a los usuarios sólo se justifican 1,6 mil millones, pero emplazó a las Isapres a que expliquen de dónde provienen los 45 mil millones de pesos restantes.
“No debiera sorprender que las Isapres estén recortando millonarias utilidades… siempre lo han hecho. Lo que pasa es que hoy la sociedad tiene una mayor intolerancia al lucro en algunos ámbitos que ya no se están dispuestos a aceptar, y uno de esos es la salud”, agregó.
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LEY DE ISAPRES Y REFORMA CONSTITUCIONAL
El proyecto de la Ley de Isapres que se está discutiendo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pretende crear un plan garantizado de salud y establecer un IPC (Índice de Precio al Consumidor) de la Salud que permita controlar los precios y sea, según el Superintendente de Salud, Luis Romero, “un patrón de referencia para las alzas que las Isapres aplican anualmente a los planes de los afiliados, así como también un Plan Garantizado de Salud para todos los beneficiarios del sistema privado», lo que, según Hernán Calderón, presidente de Conadecus, no se traduce necesariamente en mejoras en las condiciones de los usuarios.
“El problema está en que no sacamos nada si tenemos un sistema que no haga su trabajo realmente en protección de los usuarios, sino que en beneficio de los accionistas de las empresas, que es lo que sucede en nuestro país”, aseguró. A lo que el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, agregó que “la Superintendencia tiene atribuciones para fiscalizar, pero no las aplica, porque está más preocupada de que las empresas obtengan utilidades”.
Las críticas en el parlamento no se hicieron esperar. Según declaraciones del presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), este proyecto se trata de “un traje a la medida y un regalo de pascua para las Isapres”, ya que, a su parecer, permite que el usuario se traslade de Isapre a Fonasa, pero no de Fonasa a Isapre, convirtiéndose en “un verdadero subsidio estatal a las empresas”.
Por lo anterior, un grupo de senadores -Pedro Muñoz (PS), Ximena Rincón (DC), Patricio Walker (DC), Eugenio Tuma (PPD), y Camilo Escalona (PS)- presentaron una reforma constitucional para modificar el número 9 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado que ‘garantiza’ “el derecho a la protección de la salud” y “protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. Esto, con el objetivo de regular las ganancias que obtengan las Isapres ya que, tal como admitió el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, “las ganancias no son ilegales, sino que la ley lo permite”.
La realidad, así como la presenta el titular de la cartera, deja mucho que desear. En Chile, la salud -un servicio fundamental y necesario, al igual que la educación-, a la luz de los antecedentes, de las ganancias de las empresas que prestan sus servicios y de la calidad del servicio al que tienen acceso la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es tratado como un bien de consumo.
Por Esteban Acuña Venegas
El Ciudadano