Hace diez años el G8 puso a Génova en Estado de Sitio

En julio de 2001, hace poco más de diez años, llevaba uno viviendo en Génova. Como sabía que en la ciudad se celebraría la cumbre G8, le propuse al diario La Razón, con el que colaboraba por aquel entonces, cubrir el evento. Nunca había escrito de política y estaba un tanto preocupada. No sabía que la verdadera angustia llegaría después, cuando la bella y enigmática Zena, nombre que recibe la ciudad en dialecto, se convertiría en un verdadero campo de batalla.

Recuerdo que una noche cené con el alcalde de Génova, Giuseppe Pericu, amigo de la familia de mi compañero. Él me animó a que me estrenara como corresponsal y dijo que me ayudaría en todo lo que fuera menester. La ayuda quedó en la frase de ánimo y me condujo al departamento que se ocupaba de las obras que se estaban llevando a cabo para preparar la ciudad para el evento y ponerla più bella, como rezaba el eslogan que se leía por toda la ciudad.

No recuerdo de qué ciudad europea habían traído al especialista que se ocupaba de “racionalizar” el tráfico. La ciudad parecía un queso gruyere. Llena de agujeros, obras, escombros, vallas y ratas sin casa. Los genoveses, con su sarcástico sentido del humor, gastaban bromas sobre el hecho de que un extranjero que no entendía ni pío del caos del tráfico de esta ciudad se estuviera ocupando de “arreglarlo”. Así que pasó de caótico a demencial.

Un día apareció Silvio Berlusconi diciendo que durante la cumbre quedaba prohibido tender la ropa en las ventanas y balcones porque no quedaba bien. Con las mismas cubrió las fachadas más modernas del centro con telones que reproducían otras antiguas y mandó quitar una estatua que había delante de Palazzo Ducale, que sería el lugar de reunión de los grandes de la tierra. Por cierto, la estatua nunca volvió a su sitio ni se sabe dónde fue a parar.

Poco después, una mañana nos despertamos y descubrimos que estaban levantando un muro parecido al que ya había caído hacía tiempo en Berlín, solo que en vez de hacerlo de hormigón lo estaban levantando con altísimas alambradas. Las personas que habían vivido la guerra estaban asustadas. Todos corrimos a aprovisionarnos al supermercado. Por lo que pudiera pasar.

Tenía algo de extraño y mágico al mismo tiempo recorrer por las mañanas el centro de la ciudad, completamente desierto. Gracias a mi acreditación como periodista era de los privilegiados que podía hacerlo. A veces entraba en la catedral y me estaba allí un rato, contemplando su grandeza en total silencio, sin un solo turista ni feligreses. En la zona roja, donde yo vivía y se iban a celebrar las reuniones de los jefes de estado, solo había policías por todas partes. Evidentemente eran todos los que no estaban en el resto de la ciudad para impedir que los grupos extremistas del Black Block hicieran trizas la ciudad. Tanta policía me recordaba a la Euskadi de mi infancia, cuando poco después de la muerte de Franco tuvo lugar aquello que quienes allí vivíamos dimos en llamar “la toma de Rentería”. Vimos tanques en la calle y durante varios días estuvimos sin salir de casa, ni siquiera para ir a la compra. Parecía que la policía se había vuelto loca. Tiraban botes de humo y pelotas de goma a las ventanas. Rompían los escaparates de las tiendas para luego saquearlas. Hacían sus necesidades en plena calle y ante las miradas de todos. Desde mi casa vi caer a un hombre muerto en la plaza de La Alameda. En los días del G8, Génova me recordó mucho a aquella triste Rentería. También aquí moriría un manifestante.

Diez años después

¿Qué ha sido de los agentes de policía que embistieron brutalmente contra los manifestantes?, ¿y de los que irrumpieron en la escuela Diaz emprendiéndola a golpes indiscriminadamente contra quienes allí se alojaban, o de aquellos que en la cárcel de Bolzaneto pegaron, insultaron y humillaron a los detenidos? ¿Qué ha sido de la muerte de Carlo Giuliani, que perdió la vida debido a una bala que, según la policía, rebotó contra una piedra volante y acabó en el cuerpo del joven? Parece que a diez años vista no hay un culpable por la muerte de Giuliani. El caso fue archivado bajo la alegación de defensa propia. Veinticinco de los agentes que irrumpieron en la escuela Diaz, muchos de ellos altos cargos, fueron procesados. Se les acusó de lesiones, falso testimonio y calumnias y fueron condenados por el Tribunal de Justicia a un total de noventa y ocho años de reclusión. Ninguno de ellos está en la cárcel, bien al contrario, muchos de ellos han sido ascendidos a puestos de máxima responsabilidad. Los jueces responsables de la investigación se adentraron en terreno hostil: acusar la policía, que por encima de todo defendió a ultranza a sus propios efectivos. Ha sido un proceso largo y difícil y todavía queda por conocer el resultado del recurso presentado ante la Corte Suprema. Un proceso llevado a cabo en silencio, a pesar de que la noche del 21 de julio de 2001 en la escuela Diaz se cometieron hechos que más que proteger la seguridad ciudadana parecían propios de una guerra preventiva contra un grupo de terroristas.

Los ecos de la Diaz y Bolzaneto

Antes de que empezara la batalla campal entre policía y manifestantes, Génova era una ciudad mucho más alegre y dinámica de lo que suele ser normalmente. La habían engalanado para la ocasión reformando varios edificios que se caían a pedazos. Parecía mucho más limpia que de costumbre y el mismo Cavaliere se había encargado de que pusieran grandes macetas de flores por aquí y por allá, como haría toda buena ama de casa antes de recibir a sus invitados. Hubo un concierto multitudinario de Manu Chao y varias manifestaciones muy teatrales que incluían escenificaciones, disfraces vistosos y alegres e ingeniosas pancartas. Habían dividido la ciudad por zonas de color. Una verdadero lío, porque nadie sabía para qué servía ni en qué color vivía. Dijeron que en la zona roja se celebrarían las reuniones y que en la amarilla estaban prohibidas las manifestaciones. Los Desobedientes, el movimiento Tute Bianche, amenazaron con entrar en la zona roja. Y así lo harían, sin provocar mayores incidentes. En las plazas principales de la ciudad se habían planteado los temas políticos y sociales que se iban a debatir en cada una. La banda sonora del evento corrió a cargo de un helicóptero que sobrevoló la ciudad día y noche durante cuatro días.

Después llegó el infierno. Iban vestidos de negro y desfilaban con tambores. Se llamaban Black Block y nadie sabía cómo habían podido llegar a una ciudad acorazada donde operaban los servicios secretos de ocho países. Nadie supo por qué no fue posible detenerles e impedir que devastaran la ciudad.

Con la ciudad descompuesta tras dos días de guerrilla urbana que evidenciaron el desastroso sistema de seguridad previsto para el evento, gobierno y policía quisieron dar muestra de su eficiencia ante la opinión pública. Cuatrocientos policías irrumpieron en la escuela Diaz donde se alojaban noventa y tres personas porque estaban convencidos de que allí se encontraban los grupos de Black Block que habían desbaratado la ciudad. La escuela era la sede del Genova Social Forum, agregación de partidos y sociedades civiles contrarios a la globalización. Allí pernoctaban también los manifestantes y algunos periodistas llegados de todo el mundo. Los agentes ataviados con trajes antidisturbios y con el rostro ilegalmente cubierto entran en la escuela por la fuerza: el edificio queda bloqueado mientras un helicóptero sobrevuela el teatro de operaciones. Los manifestantes reciben golpes por todas partes y sin ninguna piedad. A algunos se les ocurre llamar a la policía, pero se dan cuenta que son precisamente éstos quienes les están pegando con porras de hierro. Les pisotean, les golpean la cabeza contra muros y radiadores. Solo el directivo policíal Michelangelo Fornier, asistente jefe de la Unidad Móvil de Roma, declaró en el proceso haber asistido a escenas de “carnicería mexicana”. Únicamente él grita “¡basta, basta!” en medio de los gritos y de paredes salpicadas de sangre. Quizás un exceso de corporativismo le impidió a Fournier cumplir con su deber y denunciar a sus compañeros. A este hecho se añade que el código penal italiano no prevé el delito de tortura, como indica Amnistía Internacional en su informe de denuncia contra el G8 genovés. Por lo tanto los oficiales públicos sospechosos de haber torturado a los manifestantes no han sido condenados por este delito, sino por otros que, sujetos a prescripción, han significado su impunidad.

El libro Diaz, Processo alla Polizia, del periodista Alessandro Mantovani, recientemente publicado por la editorial italiana Fandango, pretende llenar la ausencia de acciones judiciales acordes a la gravedad de los hechos y a la categoría de los acusados. Guía al lector a través estos diez años de procesos tratando de comprender el sentido de lo que Amnistía Internacional ha definido como “la más grave suspensión de los derechos democráticos en un país occidental después de la Segunda Guerra Mundial”.

Mantovani destaca en su obra hechos específicos extraídos de las actas judiciales, como el informe redactado por Pippo Micalizio, inspector encargado de valorar los hechos ocurridos en la Diaz. El oficial comprendió que las cosas no habían ocurrido como decían sus compañeros (empezando por los cócteles Molotov que dijeron haber encontrado allí y que en realidad habían colocado los mismos agentes). Micalizio pidió la apertura de un procedimiento disciplinario a seis altos cargos. También señaló al jefe de la policía que se analizara el proceder de Arnaldo La Barbera, en aquel momento gobernador civil de Génova y por lo tanto su superior. Pidió además el traslado del jefe de la policía provincial, Francesco Colucci, y la destitución del comandante Vincenzo Canterini. El informe de Micalizio no se tuvo en cuenta. Canterini fue ascendido y ningún agente fue suspendido de sus funciones por lo acaecido en el G8 de Génova.

Ciento setenta y dos audiencias en el Tribunal de Justicia y dieciocho en el Supremo, setenta mil páginas de actas, trescientos testigos, miles de fotografías han reconstruido lo que pasó antes, durante y después de la noche del 21 de julio. Muchas triquiñuelas fueron desenmascaradas durante los juicios, como haber tachado a los noventa y tres manifestantes detenidos en la Diaz de delincuentes cuyo objetivo fue la devastación y el saqueo. Acusación anulada por los jueces, que pocos días después pusieron en libertad a los detenidos.

Toda una puesta en escena resultó el acuchillamiento del agente Numera. Fue preciso ”un proceso dentro del proceso”, como han determinado los fiscales, para aclarar lo ocurrido. El agente no se percató de haber sido acuchillado hasta que, después de un rato y en otra habitación, encontró el arma en el suelo. Los agentes deL RIS (Unidad de Investigaciones Científicas, en las siglas italianas) llegaron a la conclusión de que los cortes de la chaqueta y el chaleco del policía no se correspondían con el tipo de agresión.

Entre los veinticinco oficiales acusados por la irrupción en la escuela Díaz figura también el jefe de la policía Giovanni De Gennaro. Fue condenado a una pena mínima, un año y cuatro meses, “por haber instigado al ex jefe de la policía de Génova, Francesco Colucci, a cometer perjurio”.

La mayoría de las personas detenidas y arrestadas durante las manifestaciones del G8 fueron a parar al cuartel de Bolzaneto. Allí se les identificaba para luego conducirlos a otras cárceles italianas. Según el informe del inspector Montanaro, resultado de una investigación realizada poco después de la cumbre, por allí pasaron doscientas cuarenta personas, pero según testimonios de otros agentes los arrestos y las identificaciones fueron casi quinientas.

En numerosos casos los detenidos acusaron a las fuerzas de seguridad de violencia física y psicológica y de no haber respetado sus derechos, impidiéndoles ver a un abogado o de poder informar a de que se encontraban arrestados. Contaron que les habían tenido horas de pie, con los brazos levantados, sin poder ir al baño, cambiar de posición y sin recibir asistencia médica. Los detenidos acusaron a los policías de ensañarse con ellos salvajemente sin que nadie les impidiera hacer lo que quisieran, de amedrentarles invocando a dictadores de la peor calaña y de haber amenazado sexualmente a las chicas. El entonces ministro de Justicia, Roberto Castelli, declaró no haber percibido nada de todo esto y lo mismo confirmó el magistrado antimafia Alfonso Sabella, que durante la cumbre actuaba como inspector del Departamento de Administración Penitenciaria y era responsable de la cárcel provisional de Bolzaneto. Una semana después de los hechos fue el mismo Sabella quien admitió la posibilidad de que la policía hubiera maltratado a los detenidos, aunque excluyendo que tales maltratos hubieran sido obra de los agentes que estaban bajo su responsabilidad. En los días sucesivos los jueces dejaron en libertad a todos los manifestantes por ser insuficientes las acusaciones que habían motivado el arresto.

En el proceso contra las fuerzas de seguridad de Bolzaneto, los fiscales denunciaron todo tipo de vejaciones e insultos, golpes y amenazas políticas y sexuales. Hicieron ladrar a los detenidos, les obligaron a adoptar posiciones imposibles, les arrancaron los piercing incluso de las partes íntimas. A muchas chicas las obligaron a desnudarse, a hacer piruetas mientras los policías proferían comentarios brutales, incluso cuando estaban en la enfermería.

Se describió la enfermería como un infierno. Según la acusación de los fiscales, los médicos eran conscientes de lo que estaba sucediendo y no intervinieron para evitarlo. Permitieron que aquel comportamiento inhumano y degradante se llevase a cabo también en el lugar donde les deberían haber proporcionado atención médica. Para no acusar a los agentes, el personal sanitario alegó que “un criterio prudente impide hablar de tortura, aunque se estuvo muy cerca de ella”.

En marzo de 2010 los jueces de apelación de Génova anularon la decisión tomada en primer grado y dictaron cuarenta y cuatro condenas por los hechos de Bolzaneto. No obstante la prescripción, los condenados tendrán que resarcir a las víctimas. Amnistía Internacional resaltó la importancia de la sentencia, ya que reconoció que en el cuartel genovés se cometieron “graves violaciones de los derechos humanos”. Añadió que la prescripción se habría evitado si Italia hubiese introducido en su sistema penal la pena de tortura, tal como está obligada desde la firma de la Convención de la ONU contra la Tortura de 1988.

El último proceso

El 20 de julio una patrulla de la policía arremetió contra uno de los grupos más pacíficos de todos los que participaron en los actos de la cumbre. Los agentes, que perseguían a los Black Block, fueron a parar a una céntrica plaza de la ciudad donde estaba reunida la denominada Red Lilliput, formada por un grupo de católicos del Veneto, muchos de ellos jubilados. Los antidisturbios la emprendieron a golpes de porra sin motivo alguno. Entre estos había dos chicos españoles que en un momento de calma trataron de acercarse a la policía con las manos alzadas para preguntarles si podían pasar. También ellos fueron aporreados sin piedad. El fiscal Francesco Cardona Albini, tras la absolución en primer grado, obtuvo en julio de 2010 la condena de cuatro de los policías responsables del incidente. Se les condenó a cuatro años por falsear el acta de detención. Los jueces escribieron: “Es falso que el arresto de los dos españoles se produjera durante los enfrentamientos entre manifestantes y policía. En la filmación se aprecia que se dirigieron con las manos vacías hacia los furgones blindados”.

Hubo quien defendió la tesis del enfrentamiento, como el ex comandante de la Unidad Móvil de Bolonia, Massimo Cinti. En opinión de los jueces testificó en falso y derivaron las actas a la Fiscalía para que lo investigaran. A diferencia de otros compañeros suyos, Cardona Albini no suprimió el expediente y Cinti en breve será llamado a juicio. Si el juez acepta la tesis de la Fiscalía este será el último proceso del G8.

Habría podido haber más juicios, como el del agente que al día siguiente de la muerte de Giuliani y poco antes de la irrupción en la Díaz bromeaba con una compañera por radio: “He visto a todos esos subnormales [por los manifestantes], a esas cucarachas de los cojones… Esperemos que revienten todos… Por lo menos ya ha caído uno… Uno a cero a nuestro favor…”. La conversación quedó registrada, pero a nadie le importó.

El pasado 24 de junio se celebró en Génova una manifestación que recordaba los acontecimientos del G8 genovés. Según fuentes oficiales se manifestaron quince mil personas. Los organizadores hablaron de cincuenta mil. En cualquier caso no fueron las doscientas mil personas contra las que cargó la policía el 21 de julio de 2001. Aquellos que tras los enfrentamientos de los días precedentes aireaban pancartas con eslóganes como “Mamá no te preocupes, a mí solo me pegas tú”. Esta vez seiscientos agentes de la policía (“a modo preventivo”, según señaló la Jefatura de Policía) vigilaron que no volvieran a repetirse los hechos de hace 10 años.

Los comerciantes tenían miedo y se cerraron todas las tiendas del centro. Como en 2001, un helicóptero sobrevoló la ciudad todo el día. Hacia mediodía en un supermercado se comentaba con preocupación qué pasaría durante la manifestación. Me atreví a decir que a lo mejor no fueron los manifestantes quienes hace diez años arrasaron Génova. La cajera con ironía me espetó: “No, claro. Fuimos nosotros mismos, los comerciantes, quienes lo destrozamos todo”. A pesar del tiempo pasado, de los juicios y las pruebas evidentes, sigue habiendo quien prefiere no ver.

En estos días se ha comenzado a rodar en Génova la película Diaz, non lavare questo sangue, de Daniel Vicari, producido por Domenico Procacci, de Fandango. El productor ha declarado que percibe todavía en la ciudad gran hipersensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con el G8.

Por Anne Serrano

Frontera D