El 15 de diciembre de este año Minera Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, deberá iniciar las faenas de remoción de unos 50 millones de toneladas de escombros y material estéril que dejó al otro lado de la frontera, en el departamento de Calingasta en la Provincia de San Juan, donde está el yacimiento El Pachón, de la transnacional Glencore.
Fueron siete años en que la cuestionada Minera Los Pelambres depositó escombros al otro lado de la cordillera, cruzando la frontera y sin fiscalización. Según arguyeron en un primer momento desde Antofagasta Minerals, esto ocurrió debido a que no estaba clara la línea fronteriza. Sin embargo, el abogado ambientalista trasandino, Diego Segui, manifestó a El Ciudadano que hubo un “silencio cómplice”, tanto del gobierno provincial de San Juan como del nacional.
Segui afirma que no es posible que en los siete años en que Pelambres depositó escombros no haya habido una sola autoridad sanjuanina que haya fiscalizado. “El gobierno de (José Luis) Gioja, gobernador de San Juan en ese entonces, y la cancillería de Héctor Timerman, del gobierno de Cristina Fernández, guardaron un cómplice silencio”. El jurista trasandino agrega: “Creemos que las autoridades de San Juan lo ocultaron, porque los funcionarios y autoridades mineras de San Juan suben seis veces al año y las autoridades hidráulicas suben otras seis veces al año, entonces es imposible que las autoridades no lo hayan visto”.
El 2012 la subcomisión binacional de límites fronterizos corrigió los hitos divisorios y se descubrió que unas 51 hectáreas del proyecto minero chileno, donde está el botadero, estaba en realidad en Argentina, en una propiedad de la firma Glencore. Dos años después, se encendieron las alarmas. La escombrera estaba en el Cerro Amarillo, donde está el Río Carnicería, afluente del Río San Juan, en el departamento de Calingasta, Provincia de San Juan.
El decreto
Pelambres ha explicado que Glencore los autorizó a dejar los escombros en ese terreno, por lo tanto la dueña de El Pachón abrió un juicio en el que fueron a declarar los ejecutivos de Pelambres en Argentina. Se prevé que próximamente se interrogue a cuatro ex gerentes de la minera Glencore por la responsabilidad que estos ejecutivos tendrían en autorizar el depósito en el territorio trasandino.
En paralelo, se conoció un acuerdo entre Antofagasta Minerals y el ex gobernador provincial de San Juan, José Luis Gioja, conocido político pro minería, quien antes de abandonar el cargo en diciembre de 2015 dejó listo un convenio entre la empresa de los Luksic y la Provincia de San Juan. El acuerdo admitía a Pelambres a mantener la escombrera por 10 años y solo controlar la afectación del recurso hídrico. La rúbrica la estampó en febrero de 2016 el actual gobernador, Sergio Uñac, sin embargo, tras un juicio este convenio fue declarado nulo y, por medio de un decreto, el mismo Uñac tuvo que invalidarlo. Diego Segui explica que “era inconstitucional, pues ninguna Provincia puede disponer sobre parte del territorio nacional”.
El jurista explica que lo que buscaron en un primer momento era presionar a las cancillerías de ambos países para que dieran una solución, porque esta estrategia “suponía que la obligación de reparación del medio ambiente de la empresa iba a estar garantizada por los estados chileno y argentino”. Sin embargo, esa estrategia se desplomó cuando el gobierno provincial de San Juan respondió que esta disputa era un problema “entre particulares”, es decir, Antofagasta Minerals debía negociar directamente con Glencore, lo que suponía que no había sanción por haber cruzado ilegalmente la frontera, sin fiscalización, ni menos por afectar el medio ambiente de la cima de Los Andes y que corresponde a jurisdicción argentina.
El acuerdo
Pero el acuerdo que obliga a Antofagasta Minerals a hacerse cargo -retirar los escombros y reparar el daño- “no ha causado satisfacción”, dice Segui, pues establece un período de cinco años y medio de plazo para remover el material, más un año de gracia en caso de que existan inconvenientes por el clima de la Cordillera.
Esta semana el magistrado a cargo de la causa en Argentina, Leopoldo Rago Gallo, dio a conocer el fallo que señala que Antofagasta Minerals se encargará de los millones de toneladas de escombros, comenzando este 15 de diciembre. En la primera etapa, se establecerán los permisos administrativos de tránsito y medioambientales para poder operar. A mediano plazo, deberán monitorear los caudales de los ríos, hacer un seguimiento a la calidad de las aguas e instalar cámaras de videos para monitorear en tiempo real los trabajos que se desarrollen en la alta Cordillera.
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