Secuestros calificados en centro de tortura «Venda Sexy” (1974): Corte Suprema condena a ex agentes de la DINA

La Corte Suprema condenó a cinco exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a penas de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Eduardo Aliste González, Eugenia Martínez Hernández y Gerardo Silva Saldívar, víctimas que fueron ingresadas en el centro clandestino conocido como Venda Sexy o La Discotheque (calle Irán N° 3037, Ñuñoa). Los ilícitos fueron perpetrados entre septiembre y diciembre de 1974.

En fallo unánime, el máximo tribunal confirmó la sentencia impugnada que condenó a Manuel «Mamo» Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Carevic Cubillos, Risiere Altez España y Hugo Hernández Valle, como autores de los tres secuestros calificados. En tanto, Gerardo Ernesto Urrich González deberá purgar 15 años como autor de los secuestros calificados  de Aliste González y Martínez Hernández

En la etapa de investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos, logró establecer los siguientes hechos:

«El recinto denominado Venda Sexy o La Discotheque (…) fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA como centro secreto de detención y tortura, el que funcionó desde mediados del año 1974 hasta el año 1975. Este recinto era una casa de dos pisos, con un subterráneo en donde también se realizaban las sesiones de tortura. En este lugar permanecieron muchos detenidos, los que eran mantenidos con la vista vendada, separados en piezas distintas los hombres de las mujeres.

Los agentes operativos realizaban los interrogatorios bajo tortura, para lo cual usaban métodos tales como la parrilla, que eran aplicaciones de corriente eléctrica en diferentes partes del cuerpo recostado sobre un catre metálico. Además una práctica habitual como método de tortura en este recinto eran las vejaciones sexuales. Este recinto se caracterizó por mantener continuamente música estridente a un alto volumen, la que se hacía más intensa al momento de realizar las sesiones de tortura y vejaciones de los detenidos.

Eduardo Aliste González fue detenido por agentes de la DINA el 24 de septiembre de 1974 y llevado al recinto denominado «Venda Sexy», luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción.

Gerardo Silva Saldívar, de 23 años de edad, fue detenido el 10 de diciembre de 1974, en horas de la tarde, por agentes de civil pertenecientes a la DINA, los que se movilizaban en una camioneta de color verde y llevado al cuartel conocido como «Venda Sexy», según lo señalado por testigos, desde donde se pierde su rastro, luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción.

María Eugenia Martínez Hernández, vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, obrera textil en Industria Labán, fue detenida el 24 de octubre de 1974 en su lugar de trabajo, ubicado entonces en Irarrázabal N° 1515, Ñuñoa, en presencia de sus compañeros, del jefe de personal de la industria, Mario Torres, y de uno de los dueños, Patricio Labán. Al día siguiente su domicilio fue allanado por un grupo de civiles armados, sin exhibir orden alguna y sin entregar antecedentes acerca de la detención de Eugenia Martínez. Posteriormente fue vista por diversos testigos con claras señales de tortura, en los recintos de reclusión clandestina de la DINA de calle Irán con Los Plátanos, conocido como la Venda Sexy y en Cuatro Álamos. Las últimas noticias que se tienen de su paradero son de mediados de noviembre de 1974, fecha en que es sacada del recinto Venda Sexy, luego de lo cual no se tienen noticias de su paradero, sin que hasta la fecha haya tomado contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción».

En el aspecto civil, se ratificó que el Estado de Chile debe pagar una indemnización de  350 millones de pesos a familiares de las víctimas.